Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevén 13,95 millones de euros para desarrollar las acciones previstas en la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, como la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura o la retirada de símbolos franquistas.
En concreto, los nuevos presupuestos destinan 13.952.000 euros para desarrollar la Ley de Memoria Democrática, una cifra ligeramente superior a los 11.826.300 euros que figuraban en las cuentas aprobadas para 2022, en previsión de que la norma fuera aprobada ese año.
Por ese motivo, en la descripción del programa dedicado a Memoria Democrática, a cargo del Ministerio de la Presidencia, se repiten muchos de los enunciados que ya figuraban en los presupuestos de 2022, como un nuevo banco nacional de ADN y un censo de víctimas.
La diferencia es que en esta ocasión la Ley de Memoria Democrática acaba de ser aprobada definitivamente en el pleno del Senado y entrará en vigor pronto, tras su publicación en el BOE, derogando así la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se aumentarán las intervenciones en fosas comunes
El programa de Memoria Democrática incluido en los nuevos presupuestos prevé aumentar las intervenciones en fosas comunes respecto a 2022, al pasar de 1.000 cuerpos localizados a 1.200 y de 800 cuerpos exhumados a 1.000.
Uno de los principales objetivos es empezar a elaborar el censo nacional de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con la previsión de llegar a mil personas a lo largo de 2023.
El Gobierno prevé recoger a lo largo del próximo año 50 muestras de ADN para elaborar un banco nacional y entregar 120 certificados de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, cifras que coinciden con las incluidas en la previsión de 2022.
También coincide la cifra de las fosas que el Gobierno prevé actualizar en el mapa nacional, con un total de 450.
En cambio, el número de beneficiarios de subvenciones en régimen de concesión directa asciende en las previsiones de 45 a 50, y el de beneficiarios de subvenciones de régimen de concurrencia competitiva de 123 a 130.
Otras acciones
Entre otras acciones, el Gobierno contempla mantener 35 encuentros con familiares de víctimas, celebrar diez actos para conmemorar la liberación de campos de exterminio y catalogar 200 edificios que fueron construidos mediante trabajos forzados por los batallones disciplinarios del franquismo.
Además, los presupuestos de 2023 prevén destinar subvenciones nominativas a los ayuntamientos de Jaén y Huelva y a la diputación de Ciudad Real para la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil.
Otras acciones destacadas son la elaboración de un censo de simbología franquista para su posterior retirada y la identificación del mayor número posible de restos en el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros.
Los presupuestos de 2023 también recogen acciones destinadas a la promoción y declaración de lugares de memoria, ya que la nueva ley contempla la elaboración de un inventario estatal de lugares de memoria democrática, así como un concurso de ideas para la "resignificación" del Valle de los Caídos.
También se incluye entre los objetivos, aunque sin concretar cifras, la puesta en marcha de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, un margen temporal que el Gobierno extendió un año tras pactar una enmienda con EH Bildu y que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del Gobierno de Felipe González.
Otras acciones concretas que prevé el Gobierno para 2023 relacionadas con la Ley de Memoria son una exposición sobre el movimiento estudiantil antifranquista y otra exposición para conmemorar los 200 años del final del Trienio Liberal.
