El opositor venezolano Rolando Figueroa ha sido informado este miércoles en la prisión de Teixeiro (La Coruña) de su traslado a Madrid, en lo que su familia interpreta como el primer paso de su inminente extradición a Venezuela, donde el Gobierno de Nicolás Maduro le reclama por un presunto delito de estafa.
Tanto el representante de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, como varios dirigentes del PP han expresado su preocupación en las redes por este hecho. "Altamente preocupados por la noticia del traslado del venezolano Rolando Figueroa, de Galicia a Madrid, ante una posible extradición, siendo que es ampliamente conocido que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo ni garantías a DDHH en el sistema carcelario", ha indicado la legación que representa en España a Guaidó.
En el Partido Popular también se han hecho eco de este traslado de Figueroa. La responsable de Relaciones Internacionales de la formación que dirige Pablo Casado, Valentina Martínez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que resuelva "urgente" la segunda solicitud de asilo del opositor y que éste no sea entregado "régimen criminal de Maduro" mediante la extradición.
Las autoridades españolas denegaron la primera solicitud de asilo. Tras su ingreso en la prisión de Teixeiro en junio, volvió a pedirla al considerarse víctima de una "persecución política". Figueroa es miembro del partido opositor Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López y Juan Guaidó.
Él mismo se entregó voluntariamente cuando fue reclamado en el Juzgado de Instrucción Número 6 de La Coruña, ciudad en la que tenía una empresa y vive junto a su mujer y sus hijos, todos ellos de nacionalidad española. En 2017 se instalaron en esta ciudad gallega debido a la difícil situación política y económica que se vivía en el país sudamericano.
Figueroa se entregó por consejo de sus abogados después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara un auto con fecha 7 de junio ordenando su búsqueda, detención, ingreso en prisión y puesta a disposición de la Policía Internacional (Interpol) para que ésta a su vez se ocupe de remitirlo a las autoridades venezolanas.
Caracas pidió su extradición en 2018 por, supuestamente, haber estafado 100.000 euros a una mujer que habría pagado por un tratamiento médico que nunca recibió. La empresa con la que lo habría contratado pertenecía a Figueroa y otro socio, que está en Venezuela. Sin embargo, el opositor asegura que ya había salido de la mercantil en las fechas en las que se habrían producido los hechos denunciados.
Una causa política
Figueroa apunta a una clara significación política del caso, dado que la mujer es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y a quien ya conocía de su breve paso por el Ministerio de Interior y Justicia. Allí coincidieron, ella como directora general de Derechos Humanos y él como asesor jurídico. De acuerdo con el relato del opositor, fue cesado por discrepancias ideológicas con Rojas y ella le espetó: "Te vas a acordar".
Tras su salida del Ministerio, se embarcó en la militancia política ingresando en las filas de Voluntad Popular, organizando y participando en movilizaciones opositoras, incluidas las fuertes protestas que tuvieron lugar en 2017 en las calles de Caracas contra las elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por Maduro.
Así se acredita además en dos cartas, una firmada por VP y otra por el también partido opositor La Causa R, donde se dice que participó "activamente" pero con un "rol pacífico" en dichas manifestaciones. "Su labor diaria se basó en concienciar de boca en boca a la ciudadanía de las consecuencias políticas, sociales y económicas que causarían la ruptura del hilo constitucional", indican.
Autorizado por la Justicia y el Gobierno
En su momento, Figueroa solicitó la nacionalidad española y el asilo, pero ambas cosas le fueron denegadas, razón por la cual la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 autorizó su extradición a Venezuela. De acuerdo con la defensa, esgrimió que era un opositor de base, esto es, sin la suficiente relevancia como para ser perseguido por razones políticas.
El Gobierno ratificó la decisión judicial en un acuerdo del Consejo de Ministro alcanzado el 21 de julio de 2020, aunque su vuelta a Venezuela quedó suspendida hasta que el Gobierno de Maduro informara sobre los planes de traslado de Figueroa en el contexto de la pandemia de coronavirus. Finalmente, las autoridades venezolanas contestaron el pasado 3 de junio, reactivando con ello la extradición.
La nueva petición de asilo, con la que el miembro de Voluntad Popular busca demostrar que es víctima de "persecución política" por parte del Gobierno de Maduro, daría lugar a la suspensión del proceso extraditorio hasta que se resuelva. Pero su traslado a Madrid hace temer lo peor a sus familiares.
Precedente para Leopoldo López
Marifé, su mujer, reconoció en declaraciones a Europa Press que no pensaban que "iba a llegar a este punto" y en junio apeló a las autoridades españolas a que "lean la solicitud de asilo" en esta ocasión. "No se pide para que permanezca en España, ya que se encuentra de forma legal y tiene permiso de residencia por 5 años sino porque es necesario", subrayó la esposa de Figueroa.
Ella también hizo hincapié en el hecho de que ella es española y Figueroa es "padre de dos españoles", al tiempo que subrayó que los cargos contra su marido, con el que lleva 13 años casada, son "infundados". "Es una persecución política disfrazada con un hecho común", denunció en su momento.
Asimismo, indicó que están en contacto con Voluntad Popular e incidió en que su líder, Leopoldo López, "está casi en la misma situación", ya que Venezuela ha solicitado su extradición al Gobierno español y podría seguir el "mismo camino" que su marido.
