Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) ponen el foco en una serie de pagos que la trama relacionada con el caso Ábalos pudo haber realizado en beneficio de Jessica, acompañante del exministro de Transportes, con el alquiler de un piso en el centro de Madrid en el centro de las pesquisas. ¿Cómo se realizaron los abonos para esta vivienda? ¿Hubo algún otro desembolso? El departamento que hoy dirige Óscar Puente considera imposible que ninguna de las partidas pudiera salir de su cartera y descarta una auditoría interna. También defiende la contratación de esta mujer por un organismo dependiente de la administración, alegando que cumplía todos los requisitos para el puesto.
La posición del Ministerio de Transportes que hoy dirige Óscar Puente consta en un escrito registrado en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una batería de preguntas formuladas por diputados por Vox en relación con la trama que investiga el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en base a las revelaciones aportadas por la UCO de la Guardia Civil.
Las últimas evidencias aportadas por los agentes inciden en el nombre de Jessica, acompañante de Ábalos. Entre otras conversaciones aportadas, los investigadores ponen el foco en los pagos que efectuaron miembros de la trama en su beneficio. También se incluye el contrato con la pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, así como las conversaciones que Jessica mantuvo con Koldo García para perfilar los detalles de su incorporación al ente.
“Estos rojos comunistas se llevan nuestro dinero”, lamentaba la propia Jessica en un audio que le envió a Koldo García tras recibir una de sus nóminas y advertir lo que finalmente cobraría tras la retención de los correspondientes impuestos. Lamentaba ser “mileurista” por su puesto como administrativa.
Contrato en INECO
Así, Vox interpeló al Ministerio de Transportes sobre la posibilidad de iniciar una auditoría interna para investigar si pudo haber algún cobro por parte de sus presupuestos destinados a la acompañante de José Luis Ábalos. La cartera que hoy dirige Óscar Puente ya abrió una investigación interna para determinar la gestión en torno a la compra de mascarillas en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, en el epicentro de la supuesta trama que investiga la Audiencia Nacional.
Pero el departamento de Óscar Puente descarta ahora una nueva auditoría para investigar las cuentas indicadas por Vox. “No se abonan pagos a personal que no preste servicios al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, sostienen en su respuesta parlamentaria, consultada por Vozpópuli. Y añaden: “En este sentido, no está previsto actualmente la realización de una auditoría sobre los pagos realizados”.
Del mismo modo, la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transportes defiende la contratación de Jessica por parte de INECO, empresa pública destinada a promover “un nuevo modelo de movilidad más sostenible y más segura” y de la que participan ENAIRE, Adif, Adif-Alta Velocidad y Renfe: “Por otro lado, en lo referente a Ineco, se informa de que la persona aludida asumió las funciones de personal administrativo cumpliendo con los requisitos establecidos”, concluyen desde el Ministerio de Transportes.
La investigación
El juez Ismael Moreno trata de investigar el alcance de la presunta trama que afecta al extitular de Transportes, José Luis Ábalos, a un paso de ser citado como investigado por el Tribunal Supremo. Otros nombres que constan en los informes son los de Koldo García, quien fuera su asesor y mano derecha, y el intermediario Víctor de Aldama, quien ya ha sido detenido por un caso en el que se investiga una posible red dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos.
Los mensajes intervenidos por la UCO también recogen conversaciones con otros altos cargos del Gobierno o de instituciones públicas. Entre otros, la exministra de Economía, Nadia Calviño, el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o la presidenta del Senado, Francina Armengol. También se aportan detalles sobre cómo se organizó el encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como el contrato para la compraventa de oro por valor de 68 millones de dólares.
