El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrentaba este jueves a una prueba de fuego en el Senado, donde comparecía en la comisión de investigación por el caso Koldo -reconvertido paulatinamente en el caso Ábalos tras la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- , en relación con las compras de su departamento a la empresa investigada en la trama. Pero no debía hacerlo solo. Porque ese mismo día estaba citado un alto cargo del Ministerio para aportar información en torno a la adjudicación. Sin embargo, nunca se le pudo localizar. Y, por tanto, se suspendió su declaración en la Cámara Alta.
Se trata de José Manuel Fraile Azpeitia, quien fuera subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. O lo que es lo mismo, el órgano que ejecutó el contrato. Vox estrechó el cerco sobre él en dependencias judiciales, considerando que Fraile puede arrojar mucha luz al caso ya que en el pasado aseguró a la UCO que la Subdirección General de Planificación les dijo con quién se debía contratar "sin margen de maniobra".
Fuentes del Partido Popular indican que el Senado había solicitado la localización de José Manuel Fraile Azpeitia requiriendo la información a los servicios de este Departamento. Pero las gestiones no tuvieron éxito. Desde el partido que dirige Alberto Núéz Feijóo afirman que "sorprendentemente, tras varias semanas, se comunica que no se localiza a esta persona". "Resulta increíble que Interior no pueda localizar a un extrabajador, pero no nos sorprende: tampoco vio 'posible' localizar a un investigado por la AN como Koldo García -señalan estas fuentes-. El ministro hoy [en relación a este jueves] ha sido consciente del bochorno y ha prometido colaboración. Esperemos que en esto sí haya dicho la verdad, a diferencia del resto de su comparecencia", añade el PP, que denuncia un "intento" del Gobierno de "boicotear" la comisión.
Pero lo cierto es que este exalto cargo del Ministerio del Interior ha protagonizado otros episodios en el marco de las investigaciones del caso judicial, que avanza en la Audiencia Nacional después de que el magistrado Ismael Moreno haya solicitado al Tribunal Supremo que cite como investigado al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Los requerimientos de la UCO
Y es que el sumario del caso especifica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió archivos sobre la compra de mascarillas por parte del Ministerio del Interior en un “formato ilegible”. Tampoco se encontró “ningún documento” que justificasen la adjudicación a Soluciones de Gestión, la empresa que se ubica en el epicentro de la presunta trama y a la que Interior compró mascarillas por valor de 3,5 millones de euros.
De acuerdo a la documentación del caso, los agentes de la UCO trasladaron tres requerimientos a varios órganos del Ministerio del Interior solicitando documentación sobre la adjudicación. Es aquí donde entra en escena José Manuel Fraile Azpeitia, ahora ilocalizable por el Senado en su intento de que acudiera a la comisión de investigación.
Fue el 26 de mayo de 2022 cuando los investigadores de la Guardia Civil contactaron con la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, dirigida por Fraile Azpeitia, con el requerimiento de documentación. No obstante, los agentes no lograron avanzar demasiado en sus pesquisas en este frente. ¿La razón? Recibieron documentos en formatos “ilegibles” y “ninguno” hacia referencia “al suministro de material por parte de la empresa adjudicataria ni a los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato”.
La UCO trasladó su sorpresa a la Audiencia Nacional ante estos acontecimientos: “Resulta cuanto menos extraño que, siendo la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial la entidad adjudicadora del contrato, éstos o bien carecen o no hayan aportado ningún tipo de información referente”.
Pero José Manuel Fraile Azpeitia no ha podido aclarar estos extremos en el Senado, ya que no se le ha podido localizar para trasladarle la petición y, por tanto, se ha suspendido su comparecencia.
La comparecencia de Marlaska
Quien sí compareció en el Senado fue Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior aseguró durante el interrogatorio que “había confianza absoluta en los órganos de la Administración” en la compra de mascarillas por parte de su Departamento a Soluciones de Gestión.
Marlaska, además, aseguró que “conocía” el procedimiento de contratación para la adquisición de material fitosanitario durante la pandemia, si bien se desvinculó de la elección de la empresa escogida como proveedora. “No intervine en el señalamiento” a la empresa contratada, aseveró, ni “en nada” que tuviera relación con la adquisición de mascarillas por valor de 3,5 millones de euros.
“Mi conocimiento es a posteriori de quién se contrató y de cómo vino la contratación. Vino por un cauce muy normal, dentro de un centro de coordinación”, añadió Marlaska, quien también negó que “diese ningún teléfono” ni “ninguna” indicación.
Marlaska también aseguró que la compra de mascarillas bajo sospecha fue un “procedimiento de compra sin incidencia en el desarrollo de ese contrato” en lo que se refiere al Ministerio del Interior. El titular de Interior negó que conozca a Víctor de Aldama, mediador y cerebro de la trama, y desmintió que sospechara del exministro Ábalos por su posible relación con algún “negocio turbio”.
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