Nuevo golpe a la Diputación de Guipúzcoa por la exigencia "desproporcionada" del euskera. El Juzgado Contencioso-administrativo Número 1 de San Sebastián ha anulado la convocatoria de 54 plazas de cuidadoras aprobadas por el ente foral Kabia en el año 2022.
El juez considera que la imposición del euskera, recogida en las bases específicas del proceso de estabilización mediante concurso, sitúa en una situación de desventajas a las aspirantes castellanoparlantes. En consecuencia, estima parcialmente el recurso presentado por dos trabajadoras y, en concreto, anula 49 plazas para varias residencias del País Vasco.
Según recoge el auto, al que Vozpópuli ha tenido acceso, el "obligatorio cumplimiento" estipulado por el Plan de Normalización de la Diputación "no puede trasladarse a las bases" de la convocatoria impugnada. De tal forma que esto sería "sacrificar" el derecho de las recurrentes.
"Las bases de la convocatoria, en fin, imponen unos requisitos lingüísticos de acceso que pretendiendo maximizar los objetivos de normalización del euskera en el organismo autónomo demandado, minimizan las aspiraciones de acceso al empleo público de las recurrentes", reza el auto. El juez pone el foco en el número de aspirantes a las plazas convocadas de auxiliar que, finalmente, accedieron a la plaza, de tal forma que en las plazas en las que el euskera es un mérito se sobrevalora su puntuación al otorgar 5 puntos cuando se certifica el nivel PL-1 y de 10 puntos con el nivel PL-2.
Este tipo de procedimientos implantados por la administración vasca llegan con un objetivo, que entre 2024 y 2027 el 58% de los ciudadanos de Guipúzcoa hablen euskera. No obstante, el juez subraya que para buscar dicho fin, la Administración Pública no puede trasladar dicho objetivo a una convocatoria "asignando el 94% de las plazas convocadas" imponiendo un determinado perfil lingüístico.
Precedente en la Policía Local
El auto recoge, además, el criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que confirmaba la anulación de una base de la convocatoria de 2021 para personal interino de Policía Local de Iurun en la que se exigía como requisito de admisión en el proceso poseer el nivel B2 de euskera. La Justicia consideró que la exigencia del conocimiento de ese nivel “como requisito de admisión en el proceso selectivo, deja fuera del acceso a la bolsa de todo aquel que no pueda acreditar dicho nivel y que podría ocupar legalmente determinados puestos de trabajo por lo que dicha exigencia supone un trato discriminatorio en el acceso a la función pública hacia tales aspirantes”.
En ese caso, resulto el pasado mes de septiembre, el TSJPV considera también que la exigencia del euskera -al menos en los términos impuestos por la Diputación de Guipúzcoa, suponía “una actuación desproporcionada y discriminatoria” para quien no conoce esta lengua. Según los magistrados, el objetivo de la bolsa de empleo era hacer frente a la “falta de policías municipales” por lo que el idioma debía quedar en un segundo plano.
“Carece de sentido la exigencia de perfil lingüístico como requisito de acceso a la bolsa” ya que es un requisito “desproporcionado” que limita el acceso a funciones y cargos públicos de los castellanoparlantes sin una razón objetiva”, recogía el fallo.
