Tras el fracaso del 'procés', el secesionismo ha convertido la cuestión lingüística en uno de sus principales campos de batalla. Pero resulta llamativo que la ofensiva a favor del monolingüismo en catalán se esté llevando hasta sus últimas consecuencias de la mano del primer Ejecutivo no separatista que ocupa la Generalitat en 14 años. Y es que el PSC, tal y como reveló su 'consellera' de Educación, Esther Niubó, no solo desobedecerá la sentencia judicial que establece un mínimo de 25% de castellano en las escuelas —sea cual sea el dictamen del Tribunal Constitucional, pendiente de pronunciarse al respecto—. También ha sido el primer Govern en crear una 'conselleria' centrada en el catalán, la cual ha diseñado un ambicioso plan de choque para arrinconar el castellano en la esfera pública.
En esta línea, el Parlament aprobó ayer una resolución propuesta por el PSC que, bajo el título 'Impulso del uso social y garantía de los derechos lingüísticos', veta el castellano en las extraescolares y en el patio de los colegios —lugar en el que estudios realizados por 'lobbies' como Plataforma per la Llengua mantienen que la mayoría de escolares del entorno metropolitano persiste en expresarse en español—. Así, la resolución plantea "extender la vehicularidad de la lengua catalana en el ámbito de las actividades extraescolares y del deporte de base y el ocio", adoptando para ello la "metodología de la inmersión lingüística donde sea necesario". Como es sabido, el método de la inmersión pasa por instaurar el catalán como única lengua de uso.
Dado el alcance de la iniciativa, la resolución indica que impulsará una segunda edición de la campaña 'Elige Filología Catalana', con tal de "aumentar las matrículas de este grado y poder disponer de profesionales suficientes para cubrir todas las plazas de profesorado, dinamización o corrección" que se requerirán en este nuevo escenario.
También en el ámbito sanitario
Otra parcela que Illa aspira a "normalizar" lingüísticamente es la sanitaria. A tal efecto, está previsto ejecutar un plan departamental para garantizar el "conocimiento y uso del catalán" en todo el sistema de salud, que incluye un "calendario de capacitación del personal sanitario, sociosanitario y de los centros de menores". Cabe decir que, así como la controversia en torno a la imposición del catalán en la Educación es recurrente, en el caso de la Sanidad saltó a la palestra a raíz de una enfermera andaluza que protestó en un vídeo de Tik Tok por la obligación de acreditar el C1 de catalán para poder obtener una plaza. La trabajadora no fue renovada y la Generalitat le impuso una "falta grave".
Estas medidas formaban parte del preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. En aquel texto, se contemplaba también fomentar el catalán en el ámbito digital y audiovisual, aumentado la producción y exhibición de películas en este idioma, así como su incorporación a plataformas, redes sociales y videojuegos. También figuraba redoblar la presión sobre los comercios que elijen rotular o atender en español — iniciativa sobre la que el 'conseller' Vila avanzó hace dos semanas que se mantendrán las multas y se enviará a profesores 'in situ' para enseñar catalán a los comerciantes—. Dicho preacuerdo se basa en el Pacto Nacional por la Lengua, que contará con 200 millones de euros y que Illa quiere aprobar "antes de que acabe el año".
Llamativamente, esta ampliación generalizada de la inmersión lingüística —que el secesionismo y parte de la izquierda vende como un "modelo de éxito"— tiene lugar el mismo año en que el Parlamento Europeo pidió ponerle fin. En un informe elaborado tras una visita a Cataluña y votado el pasado marzo en la Eurocámara, los eurodiputados constataban que el "catalán no está en peligro", consideraban que el sistema "viola derechos fundamentales" y exigían "igualdad de trato" para castellano y catalán.
