El Gobierno quiere estrechar el círculo de ONG con las que colabora en la cooperación al desarrollo. Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de adoptar una resolución en la que endurece los requisitos para que dichas entidades mantengan u obtengan, si aún no la poseen, la certificación oficial que les permite optar a los programas de subvenciones. Actualmente, existen 51 ONG con la condición de “calificadas”, es decir, con la que pueden optar a vehiculizar las ayudas que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Las entidades que ya gozan de tal distinción dispondrán de cuatro años para adaptarse a las nuevas exigencias y así conservarla, mientras que el resto verá ahora más complicado entrar en ese reducido grupo de ONG con fácil acceso a las subvenciones estatales.
En concreto, si quieren formar parte de dicho colectivo de organizaciones “calificadas”, tendrán que haber ejecutado en los últimos ocho años previos a la fecha de presentación de su solicitud “un mínimo de treinta intervenciones de cooperación para el desarrollo”. Con anterioridad a estos cambios normativos, el límite estaba puesto en las 24 actuaciones. Asimismo, el Ejecutivo establece como condiciones indispensables que las entidades humanitarias “no hayan registrado pérdidas en ninguno de los dos últimos ejercicios” y que sus fondos propios no hayan experimentado una reducción “superior al 40% en los últimos ocho años”.
El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, Rafael Jariod, critica que "los grandes proyectos quedan reservados para las ONG de los partidos y los sindicatos"
Además, el departamento que dirige José Manuel García-Margallo establece que la base social mínima de cada ONG tendrá que alcanzar los 300 particulares o entidades privadas que realicen aportaciones periódicas a la organización, de carácter general no finalista. En la resolución de la Presidencia de la AECID, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno considera como aportación la participación voluntaria cuando ésta ha sido prestada por 50 personas, con un mínimo de dedicación de un mes, en cada uno de los tres últimos ejercicios. Respecto a la plantilla, se exige que la media durante cada uno de los cinco años anteriores no sea inferior a los diez trabajadores.
El endurecimiento de estos requisitos es interpretado desde fuera de ese grupo de 51 grandes ONG como una maniobra para garantizar la concesión de subvenciones “a las mismas entidades politizadas de siempre”. En este sentido, se manifestó el viernes el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG y máximo responsable de CCONG, Rafael Jariod, quien destacó cómo las organizaciones de menor tamaño no sólo no arrastran deudas, como sí ocurre con otras de mayores dimensiones, sino que viven principalmente del voluntariado. En declaraciones a Vozpópuli, Jariod criticó que "los grandes proyectos quedan reservados para las ONG de los partidos y los sindicatos". Además, lamentó que el Gobierno no fomente el trabajo de los voluntarios.
Recorte presupuestario
Esta restricción de acceso a las subvenciones llega después de conocerse la reducción que han experimentado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014. Según consta en el proyecto de ley, la ayuda al desarrollo bajará al 0,17% de la Renta Nacional Bruta (RNB), tres décimas por debajo de lo programado para el ejercicio anterior. Esta política de cooperación dispondrá el próximo año de un total de 1.814 millones de euros, de los que 734,51 millones gestionará el Ministerio de Exteriores. De esta partida, la AECID recibirá 241,27 millones de euros y 235,23 millones financiarán operaciones de carácter reembolsable del Fondo para la Promoción y el Desarrollo (Fonprode), que cuenta con un remanente de 140 millones de 2013.
El Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (que financia proyectos en América Latina) estará dotado de 15 millones de euros, mientras que otros 50 millones se destinarán a apoyar la labor de las ONG calificadas, antes mencionadas, y que se regirán ahora por ese nuevo convenio. Para ayuda humanitaria (de emergencia ante catástrofes) y seguridad alimentaria, Exteriores contará con 19,65 millones de euros.
Desde el PSOE, su portavoz de Cooperación, Federico Buyolo, ha criticado que en tan sólo dos años la ayuda oficial haya bajado del 0,28 al 0,17% de la RNB. Por su parte, la diputada de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha alertado de que España es uno de los países donantes que menos destina a la cooperación y ha denunciado que las subvenciones a ONG "caiga un 65%".
