Rodeado en el interior de la Moncloa de 22 científicos y 22 ministros y asediado en el exterior por los casos Aldama, Koldo, Begoña, Ábalos, Fiscal General,  Pedro Sánchez presentó el martes pasado un nuevo perfil en el entramado interno de la Moncloa: un equipo de “investigadores que usen la evidencia científica para mejorar políticas públicas”. Es otra paradoja de la llamada `fontanería´ de la Presidencia del Gobierno, con 82 dependencias controladas por veintiséis cargos de confianza de quienes dependen 1.072 empleados entre funcionarios y personal laboral, más los asesores como estos 22 investigadores con contrato eventual y sueldo de nivel 30 (subdirector general).

Por ese hábitat presidencial circulan o han circulado nombres relacionados con escándalos políticos actuales como Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez o Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López. Y al frente de los `fontaneros´ se acaba de sumar Ion Antolín en calidad de Secretario de Estado de Comunicación que, junto al director del Gabinete de la Presidencia y al jefe de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, controlan 8 Secretarías generales, 35 Departamentos, 25 Unidades, 3 Oficinas, Direcciones, Subdirecciones generales, Gabinetes, etcétera.

El último órgano añadido a ese conglomerado ha sido la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), dependiente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno,  que en junio pasado, con una vistosa puesta en escena, incluyendo un número de neurociencia e ilusionismo, y discurso del jefe del Ejecutivo, abrió la convocatoria de asesores aprobando cuatro meses después los perfiles que habían de tener, cuando ya había 1.601 candidatos o, dicho en jerga monclovita, “expresiones de interés recibidas”. 

Pedro Sánchez ha aprovechado la selección de los primeros 22 científicos de lo que llama “ecosistema de asesoramiento científico” para pasearlos por la Moncloa, retratarse con ellos y presumir de esa iniciativa como exclusiva. “España -dijo- busca elevar y consolidar el papel de la ciencia en las labores gubernamentales y situarse en la vanguardia internacional de esta práctica”. En realidad ese tipo de apoyo a los poderes públicos lo vienen recomendando la OCDE y la Comisión Europea desde comienzos de siglo, concretándolo en los documentos Legislar Mejor y en la Declaración de Gante. Y la propia ONAC desautoriza las palabras del presidente del Gobierno cuando explica así su tarea: “El asesoramiento científico para las políticas públicas tiene décadas de historia”.

Mientras la Secretaría de Estado de Comunicación, la Secretaría de Política Nacional o el Departamento de Seguridad tienen competencias detalladas en el Real Decreto sobre la estructura de la Presidencia del Gobierno, las de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico se despachan en apenas cuatro líneas referidas a “potenciar buenas prácticas dentro y fuera del sector público” y crear puentes “entre el Gobierno y el talento científico”. Una descripción tan escueta como la del Departamento de Discurso, Unidad de Discurso y Mensaje, dirigido por Jesús Perea, del que dice el decreto que “asistirá a la persona titular de la Dirección del Gabinete en la propuesta y elaboración de discursos y mensajes del Presidente del Gobierno”.

A la espera de que Pedro Sánchez se adjudique a sí mismo y a Mª Jesús Montero, Óscar Puente, Pilar Alegría, Yolanda Díaz, Víctor Torres, o Sira Rego un asesor que les enseñe a guiarse por evidencias científicas, la proyección pública de esa Oficina se limita a la exposición en bucle de sus objetivos y cómo llevarlos a cabo, adornada con expresiones anglosajonas del tipo 'evidence-informed policy making' o resolver problemas complejos mediante 'whole-of-government approach'.

Con apariencias semejantes a las de la ONAC se muestra desde hace tres años la Oficina Nacional de Estrategia y Prospectiva, el organismo más academicista y distinguido del complejo de La Moncloa. Oficialmente se encarga de “analizar de forma multidisciplinar y empírica los retos y oportunidades a los que se enfrentará España en las próximas décadas, y de ayudar al país a prepararse para ellos mediante el diseño de políticas innovadoras y la creación de estrategias de largo plazo”. En la realidad, salvo la producción de uso interno, lo que ha engendrado ese órgano fue un volumen de 675 páginas de autores académicos para su acto de presentación más un vídeo de diecisiete coloquios en torno a `Diálogos sobre el futuro´, en 2021. Y en 2022 una veintena de podcast dando respuesta a cuestiones del tipo ¿Comeremos carne en 2050? o ¿Podemos predecir el futuro?, más la edición de un libro de escasa difusión con textos de Vargas Llosa y otras diez conocidas firmas, titulado `Imaginar un País. España en 2050´.

Quien fuera director del organismo estratégico y prospectivo, Diego Rubio, es ahora número uno de la `fontanería´ monclovita en su condición de director del Gabinete del Presidente del Gobierno, puesto en el que sucedió a Óscar López en el mes de mayo. A Rubio le ha sustituido al frente de la Oficina Nacional de Estrategia y Prospectiva Sara Baliña, que se presenta a sí misma como “macroeconomista” dotada de “pensamiento anticipatorio” y “alta capacidad de análisis multidisciplinar” y que dinamiza algo más ese organismo participando en coloquios y publicaciones con mensajes como “Hemos transitado hacia una nueva concepción del bienestar”.

Junto a los ya citados, otra división singular en el entramado presidencial es el llamado Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía, colgado de la Secretaría General de Coordinación Institucional y sobre el que no existe descripción formal de su cometido. Oficialmente solo consta que su titular tendrá rango de director general, cargo que ahora desempeña Silvia Calzón.

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