La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, van a exigir que la reunión del Consejo de Ministros de este martes acabe con medidas para rebajar el precio de la electricidad que impliquen esfuerzo de las empresas -reduciendo sus beneficios- y no sólo una rebaja de impuestos, según ha sabido Vozpópuli en fuentes gubernamentales.
“Nos estamos jugando la reelección en 2023 del Gobierno de coalición de izquierda, y reducir los ingresos del Estado no es de izquierda, por más que ahora se esté produciendo un aumento coyuntural de ingresos”, sentencian desde los ministerios morados y así lo dejó dicho este viernes ante el Consejo Ciudadano de Podemos la propia Belarra.
Desde la formación morada se ve con preocupación la actitud errática y nerviosa de un PSOE que funciona “a golpe de titular” tras cada récord tarifario eléctrico, pero también en otros asuntos como la ampliación del barcelonés aeropuerto del Prat, en el que “Pedro Sánchez actuó sin consenso y como si tuviera mayoría absoluta, para luego tener que dar marcha atrás por presión nuestra”.
Podemos ve en los socialistas a un socio que quiere quitarse de encima la presión de la calle sin enfrentarse a las compañías eléctricas. Tras haber anunciado el presidente que el martes 14 el Consejo de Ministros aprobará medidas para aliviar el recibo de la luz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo relativizó el miércoles durante una entrevista con Servimedia. “Todavía no estamos en condiciones de anunciar cuáles serán las medidas concretas que aprobará el Consejo de Ministros", dijo con el precio encadenando récord tras récord hasta llegar a los 152,32 euros/megavatio hora el viernes.
Incluso en el PSOE se reconoce “mucho debate” interno: Calviño y Ribera son partidarias de prorrogar la reducción del IVA del 21 al 10%, y el impuesto a la electricidad, pero Montero no lo ve claro y prefiere esperar a que el mercado mayorista se normalice
Eso es así porque, incluso entre los ministros del PSOE, hay “mucho debate” y como tal ese asunto llegará abierto a la mesa del Consejo: mientras las vicepresidentas económica, Nadia Calviño, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, son partidarias de prorrogar sine die la reducción del IVA del 21 al 10%, y de reducir el actual impuesto a la electricidad del 5% al mínimo, más allá del 31 de diciembre, la ministra de Hacienda no acaba de verlo claro.
Montero advertía el miércoles que "la previsión es que a lo largo de los próximos meses y el próximo año se produzca una normalización del mercado mayorista" y se volverá "a situaciones normales como la de 2018", por lo que "sería prematuro anunciar o tener previsto que durante 2022 tengamos una suspensión temporal de las figuras fiscales".
Podemos está de acuerdo con ella, pero no por las razones coyunturales que esgrime, sino porque, tanto Yolanda Díaz como Belarra saben que esa merma de miles de millones en IVA, impuesto de generación o incluso en los 2.200 millones que va a recaudar el Estado en tasas de CO2 este año, como proponen las empresas eléctricas, les deja poco margen e maniobra en la negociación presupuestaria a la hora de aumentar gasto social; no en vano, España ya ha anunciado que sus emisiones de deuda en 2022 serán menores y, además, el Banco Central Europeo (BCE) va a reducir la compra de deuda soberana de los países europeos con lo cual la financiación pública se encarecerá tarde o temprano.
Díaz y Belarra van decir 'no' a la rebaja de impuestos en el recibo de la luz porque merma su capacidad de negociación de los Presupuestos de 2022, donde quieren incluir el aumento del permiso de paternidad y una nueva ‘prestación universal por crianza’
Por eso los morados han decidido hacer casus belli del tema de la electricidad; porque saben que, por más que ahora mismo el aumento disparado de la base imponible del recibo esté compensando la bajada del IVA en términos de recaudación real, su margen de maniobra en la negociación presupuestaria disminuye; y quieren imponer no sólo una subida del salario mínimo y una ley de vivienda que frene el alza de los alquileres, sino también políticas sociales que van a costar miles de millones de euros. Por ejemplo: ampliar a seis meses los permisos de maternidad y paternidad, y establecer una nueva prestación universal por crianza.
De momento, en el entorno la vicepresidenta Yolanda Díaz hay satisfacción porque ha logrado visibilizar su poder en el seno del gabinete con una foto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el mismo día en que se hacía público el fiasco de la ampliación del aeropuerto del Prat. “Pedro Sánchez debe recordar que tiene 120 diputados, no 177”, señala una de las fuentes consultadas.
Ya le ocurrió al PSOE algo similar al inicio de este año, cuando tuvo La Moncloa que dar marchas atrás en el globo-sonda lanzado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para aumentar los años en la base de cotización de las pensiones. Pablo Iglesias mantuvo un duro enfrentamiento con el ministro y con el propio presidente del Gobierno, que finalmente ordenó a Escrivá dar marcha atrás.
No esperar a la comisión
Igual que en los cuarteles de la Guardia Civil se puede leer Todo por la Patria, en La Moncloa ahora mismo hay un espíritu de Todo por el Presupuesto; y a eso se va a aferrar Podemos el próximo martes para sacar adelante en el Consejo de Ministros medidas que rebajen el recibo de la luz con cargo al beneficio de las eléctricas.
No basta, insisten las fuentes moradas consultadas, con sentarse a esperar las conclusiones de la comisión del Congreso que va a estudiar el alza desmesurado del precio de la electricidad, porque el malestar en la calle es máximo con incrementos en el recibo que sobrepasan ya el 30% -descontada la rebaja del IVA- respecto a hace un año y que empiezan a amenazar ya la competitividad española.
