Entre balas y la navaja ensangrentada. Las amenazas irrumpen en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid para que la seguridad de los candidatos y de otras figuras destacadas se convierta en el motivo central del debate. Las imágenes del escáner y de los envíos se han difundido a través de redes sociales y en todos los espacios. Pero en términos policiales, agentes especializados ponen en duda los beneficios de esta difusión; inciden en que la "excesiva publicidad" de los hechos puede provocar un "efecto llamada" para imitadores y, también, entorpecer las pesquisas de los investigadores.
La consecución de los hechos es conocida. En primer lugar, se denunció la recepción de tres paquetes de condiciones similares al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al exvicepresidente segundo y ahora candidato a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Tres misivas con amenazas y con balas. Poco después, la ministra Reyes Maroto -apoyo principal de Ángel Gabilondo en estos comicios- recibió otro sobre con una navaja "aparentemente ensangrentada" en su interior.
Amenazas por carta, pero con un modo de actuar diferente. Fuentes policiales consultadas por Vozpópuli desvinculan el primer envío -el de las tres cartas con balas- del segundo -el de la navaja-. ¿El motivo? El modo de actuar ya se veía que era muy diferente. El autor de las primeras se afanó en no dejar rastro de su identidad y escribió las direcciones postales con una plantilla; también depositó las misivas en un buzón público. El segundo, ya identificado como un vecino de El Escorial diagnosticado de esquizofrenia, escribió su remite a puño y letra, y entregó la carta para su envío en una oficina de Correos.
Sin embargo, de las cuatro cartas se dio una publicidad casi inmediata y tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la propia ministra de Industria y otros líderes políticos en campaña no dudaron en meterlas todas en el mismo saco: el ataque político de la ultraderecha.
El análisis de los policías
Voces policiales critican la "politización" de un asunto "tan serio" como la seguridad y apuntan que una "excesiva publicidad" de estas amenazas abre las puertas a que surjan imitadores. "Cuanto más conocimiento haya sobre estas actuaciones, más fácil es que conlleve un efecto llamada para que otras personas actúen de forma similar", señala Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, en conversación con este diario. Y añade: "Lo que estamos viendo estos días podría interpretarse como un ejemplo de esas consecuencias".
Además de la aparición de posibles imitadores, el portavoz de Jupol sugiere que estas amenazas se gestionen de una forma más discreta por un segundo motivo: "La publicidad también dificulta la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". A su juicio, los autores de las amenazas "pueden adoptar una posición mucho más discreta" si conocen la profundidad con la que se están investigando sus actuaciones y, por tanto, sea más difícil su identificación y posible detención.
Por último, Pérez critica los mensajes políticos que ponen en duda la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mensajes como el lanzado por Pablo Iglesias en un vídeo subido a las redes de Podemos, en el que lamenta la falta de detenciones tras el ataque a una de sus sedes en Cartagena, y que el transcurso de las pesquisas podría ser diferente si se tratase de otro partido político. "No es necesario recordar que las actuaciones de la Policía siempre son independientes, pero es muy grave que se haga una acusación en esos términos".
"Actualización de medios"
Otras voces policiales apuntan a la necesidad de "una revisión" de los protocolos de seguridad y los medios dedicados a controlar la mensajería. Así, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerda que "estamos en un nivel de alerta 4 sobre 5 de alerta antiterrorista" y que "es grave" que figuras tan destacadas hayan recibido sobres en sus despachos con elementos prohibidos -balas o la navaja- en su interior.
Un portavoz de este sindicato defiende el papel de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y recuerda que el control más exhaustivo corresponde a Correos, tal y como recoge la legislación. "De todos modos, sería bueno que se actualizaran algunos de los recursos de los que disponen ambos cuerpos, especialmente en dependencias tan sensibles como el Ministerio del Interior".
Las pesquisas
Las pesquisas de ambos casos han seguido rumbos muy diferentes. Fuentes de la Policía consultadas por este diario confirmaron este lunes la identificación del autor de la amenaza contra Reyes Maroto. El trabajo no fue excesivamente complicado: había escrito su nombre en el remite y había depositado las cartas en una oficina no demasiado transitada de El Escorial. Se trata de un vecino diagnosticado de esquizofrenia. Fuentes de Interior añaden que "el caso ha sido judicializado" y que lo ha asumido el Juzgado de Instrucción 13 de Plaza de Castilla.
Más complejas son las investigaciones en torno a las cartas con balas. Al menos, así lo indicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en La Sexta. En este caso se analizan varios elementos. Además del propio contenido de las amenazas, se estudian posibles restos de ADN o huellas para tratar de identificar al autor, que asumió medidas bastante más elaboradas para dificultar su rastreo.
Como consecuencia de estas amenazas, la Secretaría de Estado de Seguridad "reevalúa" los niveles de protección de los receptores de las cartas -Marlaska, Iglesias, Gámez y Maroto-. En función de los informes redactados definirá si es necesario reforzar la seguridad de todos ellos. Vox, que sigue poniendo en duda la veracidad de estas misivas, se ha personado como acusación particular "para saber quién está tras los envíos".
