“Yo no pude hacer nada”, “estuve una tarde mirando”, “lo pongo porque me lo han dicho”, “fue para sacar del paso”... explicaciones como estas son las que ofreció ante los investigadores del caso Villarejo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Fue la persona a la que la cúpula de la Policía le encargó una investigación interna sobre las empresas del polémico mando. Las pesquisas se cerraron en falso y sin consecuencias en 2015. Él culpa a las prisas de sus superiores, que incluso le felicitaron.
El encargo se produjo en marzo de aquel año después de que el diario El País publicase en portada que el comisario Villarejo participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital, unas cifras desorbitadas para cualquier comisario. La tarea de Fuentes Gago era analizar si esos negocios privados, iniciados durante la década de los ochenta cuando Villarejo estuvo de excedencia, eran compatibles con la condición de funcionario policial. Y el resultado de sus pesquisas fue que no había motivos para pensar en nada irregular.
Tanto el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García Castellón, como los fiscales de anticorrupción le preguntaron sobre esta cuestión durante más de media hora. Sus conclusiones chirrían aún más pasado el tiempo. Villarejo lleva tres años preso por múltiples delitos, entre ellos, traficar con datos policiales en investigaciones privadas para clientes adinerados. El propio comisario se jactó por esas fechas de que no le habían encontrado ni el 10% de su fortuna. Pero el inspector jefe, investigado en el caso Kitchen, se justificó en que no tuvo tiempo para profundizar.
"Hay que contextualizar"
“Si tienes retribuciones por las actividades que tu tienes en estas empresas es incompatible, si no las tienes porque lo único que estás haciendo es preservar el patrimonio empresarial que has generado durante tus diez años en excedencia no. Es que hay que contextualizar la situación, este señor tenía empresas, pero estuvo diez años excedente. La gestión de patrimonio es lícita y lo centré ahí, para dar una resolución que nos pueda sacar del paso, nada más”, declaró a los fiscales.
Villarejo ni siquiera tenía un despacho asignado en la Dirección Adjunta Operativa de la que dependía. Su puesto de trabajo estaba en sus oficinas de la Torre Picasso de Madrid, sede de su conglomerado empresarial en el que recibía a clientes y gestionó negocios particulares hasta el mismo momento de su arresto e ingreso en prisión en 2017. En la misma declaración, Fuentes Gago reconoció que ni siquiera se había interesado por averiguar el objeto social de sus empresas.
Según dijo, se lo encargó el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora ha pasado desapercibido en todos los escándalos que salpican al Cuerpo que él dirigió durante un lustro. Lo que tenía que hacer Fuentes Gago era una información reservada. Dentro de la Policía, es el paso previo a la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en sanciones para el afectado o incluso la expulsión del Cuerpo. En caso de que la información reservada no halle indicios para seguir investigando, lo más habitual es que no llegue a abrirse expediente.
De confianza de Pino
Pero fuentes Gago no era alguien que pasase por allí. Era una persona de la entera confianza del director adjunto operativo Eugenio Pino, a quien se le atribuye la creación de esta suerte de brigada implicada desde hace años en diversos escándalos. Gago antes había sido el secretario general del Sindicato Profesional de Policía que representa a los mandos de mayor rango del Cuerpo. Allí conoció a Pino y a muchos de los comisarios que coparon los puestos de mayor relevancia en la Policía tras la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011.
Tras desempeñar funciones propias de un jefe de gabinete para Eugenio Pino, Gago fue destinado como agregado de Policía en los Países Bajos, junto a su mujer, también funcionaria policial. Allí permaneció tres años este inspector jefe, que cobró un sueldo de 12.000 euros al mes. Los destinos en las embajadas son los más solicitados en el Cuerpo y en no pocas ocasiones los sindicatos del Cuerpo han protestado porque se usen como moneda de cambio para favores y amiguismos.
“Todos querían tener acceso a Pino porque luego quieren pedir cosas”, admitió Fuentes Gago en su declaración sobre el número dos de la Policía que a su vez “daba órdenes a todo el mundo. Pero cuando saltó la noticia sobre las empresas de Villarejo, Pino se quitó de en medio, según Fuentes Gago. Dijo que era un momento de mucha tensión en el seno de la cúpula policial por un enfrentamiento entre Villarejo y el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Lo describió como una “guerra física” que incluyó amenazas.
Jorge Fernández Díaz
Cuando explicó que le metieron prisa para resolver la investigación, se refirió a que en la misma semana que le encargaron el trabajo ya le pidieron “algo rápido”. Tanto Cosidó como el ministro Jorge Fernández Díaz tenían comparecencias parlamentarias y había que dar una respuesta a la polémica que habían generado las empresas de Villarejo. “Yo no pude hacer nada”, confesó Fuentes Gago, al tiempo que recordó que paralelamente la Comisaría General de Policía Judicial hizo su propia investigación sobre el patrimonio del comisario que terminó archivada por la Fiscalía.
La Fiscalía le preguntó a Fuentes Gago si manifestó la imposibilidad de investigar algo así en tan poco tiempo. También le indicaron que por esa información reservada para salir del paso, no se le abrió un expediente a Villarejo. El juez terció también para reprocharle que fuera una información tan escasa y que ni siquiera hubiese consultado la razón social de las empresas. El declarante se defendió alegando que verbalmente le dijo más cosas a Cosidó. También comentó que cuando les entregó el informe, el responsable de personal y encargado de haber iniciado el expediente le dijo que había hecho un “buen trabajo”.
Versión opuesta
Por su parte el también inspector de Policía Manuel Morocho dio al juez una versión de la investigación sobre el patrimonio de Villarejo que es diametralmente opuesta a la de Fuentes Gago. Declaró que la cúpula de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy rechazó investigar en marzo de 2015 los indicios descubiertos.
En concreto, señaló a Fuentes Gago como la persona que rechazó investigar los indicios de blanqueo de las empresas de Villarejo: ""Me dijo que era un tema de sociedades que se crearon en una época política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA", destacó el inspector Morocho, quien fuera máximo responsable del Grupo 21 de la UDEF, que se encargó de investigar la financiación irregular del PP.
