Bruselas está al corriente de la montaña de polémicas que rodean a la Fiscalía y en concreto al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. De hecho, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno que sus vínculos con la institución serán recogidos en informe sobre el Estado de Derecho en España del 2024.
“La Comisión mantiene su compromiso de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Derecho de la UE y defender el Estado de Derecho en todos los Estados miembros”, dice el comisario de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a una pregunta del PP en Europa.
Reynders sostiene que está abordando el asunto de la Fiscalía en el trabajo preparatorio con el Gobierno para elaborar el anuario del Estado de Derecho correspondiente a este año. De hecho, la Comisión recuerda que ya hizo una mención a la Fiscalía española en 2023.
El Gobierno ignora a la Comisión
Y que en 2002, hace más de 20 años, recomendó a España que reforzase el estatuto del Fiscal General del
Estado, "especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de este cargo con el del Gobierno, "teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal".
Reynders explica además que en el informe del 2023 ya se indicó que España no había registrado avances en las recomendaciones relativas a la figura del Fiscal General. Y sostiene en su respuesta que seguirá colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho, incluido en el contexto de la preparación del Informe de 2024 sobre este asunto". Un claro aviso, en lenguaje bruselense, de que se prepara otro tirón de orejas.
El documento de este año promete ser de los más duros por las dudas que la ley de amnistía suscita en la Comisión Europea. El propio Reynders está mediando también entre Gobierno y PP para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La fiscalía y la ley de amnistía
El capítulo de la Fiscalía también se anuncia especialmente relevante en la evaluación de la Comisión. García Ortiz es el primer fiscal general al que el CGPJ declara no idóneo para el cargo. Lo hizo tras una sentencia del Tribunal Supremo que constató una "desviación de poder visible e innegable" en el ascenso de su antecesora en el cargo y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. El PP anunció una querella por prevaricación contra García Ortiz por este motivo.
El papel de García Ortiz con la ley de amnistía aprobada en el Congreso también ha sido objeto de polémica. Ortiz, por ejemplo, se vio desautorizado por la Sala Penal del Supremo y la Junta de fiscales en la imputación por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic. Este causa hizo descarrillar la ley de amnistía de forma temporal, hasta que el PSOE y Junts per Catalunya lograron reconducir el acuerdo con más cesiones para el ex presidente de la Generalitat.
La Asociación de Fiscales pide su dimisión
Además, tal y como publicó este diario, García Ortiz reclamó a la Fiscalía Superior de Cataluña información de todas las causas del procés que se hayan seguido allí y que se verán beneficiadas por la entrada en vigor de la ley de la amnistía. Y todo esto mucho antes de que la norma haya entrado en vigor.
El fiscal general también se ha visto envuelto en el caso que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se ha unido a los llamamientos que exigen la dimisión del Fiscal General por la filtración de los correos por el caso del presunto fraude fiscal cometido por la pareja Díaz Ayuso. La organización considera que su actuación daña gravemente su prestigio.
