El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, pasa por ser un político cauto que mide sus palabras. Rara vez regala titulares altisonantes a los periodistas y su discreción fue un activo para reengancharse a su partido con la llegada de Pablo Casado tras un convulso paso por la Policía. Sin embargo, la publicación de su mensaje jactándose de que iban a poder controlar la Sala Segunda del Supremo tras el pacto con el PSOE ha sido el detonante de una serie de reacciones en cadena de consecuencias imprevisibles.
La situación deja tocada la imagen de la Justicia y del Tribunal Supremo en particular. El Alto Tribunal, que tendrá que juzgar a los líderes independentistas ve deteriorada su imagen de imparcialidad sólo unas semanas después del escándalo de las hipotecas. La renuncia de Manuel Marchena a ser elegido presidente hace que se mantenga al frente del tribunal del procés, pero algunos de los políticos acusados ya han pedido que sea apartado a la luz del mensaje de Cosidó. El portavoz del PP se resiste a dimitir y pone el balón en el tejado de Casado lastrando así su labor de oposición a las puertas de una previsible derrota en Andalucía.
Cosidó remitió este sábado un mensaje de WhatsApp a su grupo de senadores con el que intentaba calmar la inquietud interna por los términos en los que el PP había negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto el acuerdo lo había alcanzado el exministro de Justicia Rafael Catalá con su sucesora, Dolores Delgado, reprobada en el Senado y conminada a dimitir por sus relaciones con el excomisario Villarejo. Este entendimiento ha sido acogido entre sectores del PP como una merma a su credibilidad cuando luego exigen la dimisión de Delgado por haber tratado de ocultar sus vínculos con el polémico mando.
Los recelos del PP al pacto con Delgado
Los términos del pacto otorgaba a el PP una minoría de vocales conservadores en el Consejo en el que además entraban juristas como José Ricardo de Prada, artífice de la sentencia sobre Gürtel que apeó a Mariano Rajoy de La Moncloa. A cambio, los ‘populares’ se daban por satisfechos con la designación de Manuel Marchena como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, aunque eso le apartaba de la Sala Segunda del Alto Tribunal y por tanto del juicio del procés, incluso de la redacción de la sentencia. Esto último generaba recelos entre las filas del PP al considerar a este magistrado proclive a condenar a los políticos por rebelión, las penas más altas.
Todo esto trató de explicar Cosidó con su mensaje desvelado por 'El Español': “Ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás”. Esto le llegó a 146 senadores, un error de cálculo impropio de un político acostumbrado a medir sus pasos. Lo que pretendía ser un mensaje tranquilizador ha desatado una tormenta, especialmente después de que el aludido, Manuel Marchena, haya anunciado este martes que renuncia a ser elegido para el puesto.
De momento, otra de las consecuencias es que se han suspendido por tiempo indeterminado las negociaciones para la renovación del Consejo, cuyo plazo de cinco años expira el mes que viene y que tiene encima de la mesa decisiones inminentes como, por ejemplo, la renovación de la plaza del juez del ‘caso Villarejo’. Actuará por tanto en funciones, no es la primera vez.
"El principio del fin"
PP y Gobierno se culpan mutuamente de la crisis mientras los jueces consultados por 'Vozpópuli' se muestran conmocionados: “Es el principio del fin de un sistema caduco”. Tan sólo han pasado unas horas desde la huelga en el sector, que tuvo un importante seguimiento de jueces y fiscales, especialmente de los Juzgados de instrucción, escenificando de paso un fractura con las élites de la judicatura.
Los abogados de los independentistas sostienen en un escrito que el whatsapp del portavoz del PP en el Senado es una muestra de que Marchena actúa como "correa de transmisión" del partido de Pablo Casado en el poder judicial. Su salida de la Sala Segunda podría ser empleado por el Gobierno para calmar a sus apoyos independentistas de la moción de censura y lograr algún acuerdo para los presupuestos. El mantenimiento del juez complica ese escenario en un momento en el que desde el Ejecutivo empiezan a ver imposible pactar unas cuentas para 2019 y por tanto agotar la legislatura.
La petición de recusación de Cosidó obligará de entrada a estudiar si se admite a trámite, lo que retrasará la celebración de un juicio previsto para el mes de enero. Muchas de las decisiones claves del futuro en la política catalana dependen del fallo de ese procedimiento.
La decisión sobre el destino de Cosidó recae ahora sobre Pablo Casado, cuya figura no acaba por despegar a juzgar por los sondeos, tanto a nivel nacional como en Andalucía, donde se ha implicado de manera directa en la campaña de su candidato Juan Manuel Moreno. La imagen que traslada la gestión de la renovación del CGPJ deja a salvo sin embargo a Ciudadanos, principal amenaza del PP en la derecha electoral y que ha permanecido al margen de los acuerdos con el Gobierno sobre los jueces.
