La Fiscalía anticorrupción ya ha despejado el interrogante de quién es la 'X' de la financiación ilegal del PP madrileño en las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 investigada en el caso Púnica: Esperanza Aguirre. Y por eso este viernes las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han pedido al juez Manuel García-Castellón la imputación de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid desde el tamayazo, en 2003, hasta que dejó el Gobierno autonómico en 2012.
El ministerio público, que toma la decisión después de cotejar los informes elaborados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también ha reclamado al magistrado la imputación de los expresidentes madrileños Cristina Cifuentes e Ignacio González.
En los documentos de la UCO, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes recogen los testimonios que ponen de manifiesto que Esperanza Aguirre -entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular madrileño- participó en diferentes reuniones con los directivos de las empresas que realizaban los trabajos para el PP y que, más tarde, siempre según la Guardia Civil, acabaron pagando a otras sociedades que eran objeto de los contratos públicos regionales, como por ejemplo Indra.
Manuel Lamela
El primero de los testimonios que han convencido a la Fiscalía para situar a Aguirre como la 'X' o máxima responsable de la financiación ilegal del PP madrileño fue el del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. Este excargo reconoció haber participado en una reunión con el dueño de la empresa Over Marketing, Daniel Horacio Mercado Lozano, a la que también habrían acudido otros consejeros de la Comunidad de Madrid y la presidenta Esperanza Aguirre.
"En esta reunión se nos presenta el logo y su significado y se dan instrucciones precisas para que se incluya a Over Marketing y a Daniel Horacio Mercado en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación", reconoció el propio Lamela en una declaración policial que ha sido clave para implicar a su antigua jefa.
La finalidad de estas reuniones, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, era saldar las deudas que tenía el PP con esta empresa. "Sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni que figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios", especifica la UCO en su informe.
Isabel Gallego
Asimismo, la UCO recuerda en un oficio de 29 de mayo de 2019 un fragmento de una declaración de la exdirectora de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, en la que alude a otro proveedor del PP madrileño: Juan Miguel Madoz, de la empresa Swat SL, que había trabajado de forma irregular para el PP en la campaña de 2007.
Según Gallego, Madoz participó en reuniones con el exdiputado del PP Borja Sarasola, que era el que se ocupaba de las reuniones de esa campaña. "Mediante esa agenda se coordinaban reuniones asistiendo a
las mismas determinadas personas del Partido Popular con los responsables de la empresa Swat S.L, concretamente con Madoz", destaca la UCO.
Y en algunas de esas reuniones, que se celebraron en sede de la empresa Swat, del PP madrileño y en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, según Isabel Gallego, llegaron a participar Esperanza Aguirre y Francisco Granados, pero también Ignacio González, que en 2011 fue el jefe de campaña; el jefe de gabinete del PP de Aguirre, Borja Sarasola; y la secretaria del PP Territorial, Cristina Cifuentes. No obstante, en una carta, Gallego rechaza que en estas "presentaciones" se hablara de pagos.
La campaña de 2011
Aguirre también fue señalada en otro informe de la UCO, que según Europa Press la situó en reuniones del Gobierno autonómico con directivos de la empresa Indra, que habría financiado con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos.
"Dichos servicios, según documentación de la propia Indra Sistemas, no habrían sido efectivamente acometidos. Además, según las mismas fuentes, esta forma de proceder ya se habría registrado en el año 2008, tras los comicios del año 2007", subrayaba el documento remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6. Según la Agencia Efe, Anticorrupción también ha reclamado al juez la imputación del expresidente de Indra Javier Monzón, ahora presidente no ejecutivo del Grupo Prisa.
Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el exconsejero Salvador Victoria, y "habrían servido para retribuir los trabajos" que los entramados empresariales de Over Marketing y Swat habían prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la empresa pública Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM).
Cristina Cifuentes
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam -vinculada con el PP de Madrid- a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales", informa Europa Press.
Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011.
La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño se abrió en 2016 tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
Las "ranas" de Aguirre
Estas notas manuscritas aportaban indicios de que Javier López Madrid, el yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, habría abonado presuntamente al gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez hasta dos millones de euros en metálico.
Con la petición de imputación de Aguirre, la Fiscalía anticcorrupción da un importante paso adelante que debe confirmar el juez García-Castellón, quien tendrá que decidir si cita como imputada a la expresidenta que hasta ahora había conseguido evitar el estanque de lo que ella misma denominó "ranas", en referencia a las detenciones de las que fueron objeto sus ex números dos Ignacio González y Francisco Granados.
