Moncloa no puede más. El núcleo duro del Ejecutivo estalló este viernes tras las últimas filtraciones que alimentaron informativamente los escándalos que asedian al Gobierno de Pedro Sánchez. En las últimas 48 horas trascendieron las grabaciones de las declaraciones ante el juez del exministro de Transportes José Luis Ábalos; del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama y del propio Koldo García -el exasistente de Ábalos-. También se supo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por el caso de la filtración del correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, cambió de teléfono antes de que la Guardia Civil se lo requisara para rastrear el origen de la fuga de información procedente de la Fiscalía. Todo ello, en plenas vacaciones de Navidad, volvió a marcar la agenda política; lo que no sentó nada bien al Ejecutivo.

"Se cometen decenas de delitos de revelación de secretos en los tribunales pero solo se investiga uno [el del novio de Ayuso]", concede a este diario, indignado, una fuente gubernamental de peso en el Consejo de Ministros. El núcleo duro de Moncloa mantiene su postura beligerante contra un sector de la judicatura, al que acusa de confabularse con la derecha para tumbar al PSOE. El Gobierno lleva varias semanas provocando al poder judicial, al que sustrae de parcialidad y dibuja como un actor político con intencionalidad. El propio presidente, Pedro Sánchez, insinuó hace menos de un mes que la oposición tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite al PP y a algunos de sus 'fontaneros', como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, jugar con las "cartas marcadas".

Cabe recordar que aquel comentario del líder socialista durante la copa de Navidad en Moncloa molestó en el órgano de gobierno de los jueces, cuya presidenta, Isabel Perelló, tuvo que defenderlos de las acusaciones de 'lawfare' de Sánchez. El presidente lleva meses repitiéndolas desde que trascendieron la trama Koldo y las actividades profesionales de su mujer. El Consejo General del Poder Judicial criticó que desde el Ejecutivo se cuestione "de forma generalizada" a los jueces y se les acuse de tener "sesgos políticos". El equipo del presidente, lejos de rebajar la confrontación con el poder judicial, arguye: "El Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno". El círculo de confianza de Sánchez no se esconde en sus críticas: "Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar". Así las cosas, el Gobierno sigue al ataque.

El 'mártir' García Ortiz

Sánchez intentó rebajar el tono poco después de aquel comentario y dijo estar convencido de que una gran mayoría de jueces cumple su labor con absoluto rigor. Y es que es consciente de que no puede permitirse más interferencias sobre la acción de la judicatura, pero Moncloa no baja la presión y resucita el 'lawfare' de marras para salir al paso de los movimientos de los togados que investigan las causas que asedian al Gobierno. En la planta noble de Ferraz, la sensación que atraviesa es que existe todo un enjambre de togas dispuesto a derribar al Ejecutivo casi a cualquier precio. Y que, además, actúa de la mano de la derecha política y mediática. Mientras, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, también aviva la idea de que un sector de los jueces le tiene ganas a Sánchez. El plan del Gobierno es mantenerle en su puesto pese a que pudiera trasladar su deseo de dimitir y dar un paso al lado.

Moncloa quiere que García Ortiz, si llega el caso de ser inhabilitado por una condena, sea un mártir que enseñar en la plaza pública. El Gobierno está abonado a la tesis del golpe judicial desde que estalló el caso que afecta a Begoña Gómez, investigada por la comisión de los supuestos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. No cabe crítica pública alguna por parte del Gobierno a la forma de actuar de la mujer del presidente, así como de los efectos de las relaciones empresariales que ha desarrollado en la sede de la Presidencia del Gobierno, haciéndose valer del cargo que ostenta su marido. Para Moncloa todo forma parte de una cacería política. 

En culquier caso, Moncloa ya tiene un muro. La vía de los recursos está agotada. Ahora solo esperan, aunque temen que no será lo que ocurra, que el caso Begoña Gómez, que ha desgastado al Gobierno y le ha sumido en su peor crisis, quede en nada. Esas tres palabras son el mantra del Ejecutivo. Todo lo que salpica al líder del PSOE "quedará en nada". La imputación de García Ortiz, el proceso judicial de la mujer del presidente... Las fuentes consultadas solo contienen el aliento con el devenir de la causa que apunta directamente a José Luis Ábalos. El exministro de Transportes no es cualquiera. Fue el número dos de Pedro Sánchez, quien le aupó cuando estaba en suelo y quien le puede derribar. Nadie pone la mano en el fuego por él.

La Justicia tiene mucho que decir sobre la partida de ajedrez que el núcleo duro de Moncloa está jugando para que el presidente permanezca al frente del Ejecutivo sin sobresaltos. Y sus movimientos pueden poner en jaque al líder del PSOE. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. La eclosión de la trama Koldo, primero, junto a los causas juduciales que implican a Begoña Gómez y al hermano del presidente, David Sánchez, han confluido con un nuevo tiempo en las relaciones del Ejecutivo con sus socios parlamentarios, que han refinado su forma de estrangular la acción de gobierno para acompasarla un poco más a sus intereses particulares. La actitud del gabinete de Sánchez ha sido reactiva tanto en el ámbito de la judicatura como en el legislativo.

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