Carles Puigdemont quiere que Pedro Sánchez le visite en la 'Casa de la República' en Waterloo (Bélgica) para hacerse la foto que tanto ansía y que el propio presidente del Gobierno está dispuesto a ofrecerle, según ha sabido este diario. El entorno del expresidente no confirma ni desmiente tal punto. Hace poco más de dos semanas que el líder socialisa reiteró su voluntad, que ya expresó hace más de un año, de reunirse con el expresidente catalán y con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Tras las elecciones catalanas y los congresos de ambas formaciones independendistas, que han aupado de nuevo a los dos dirigentes a los liderazgos de sus respectivas fuerzas, en Moncloa ven más cerca esos encuentros. El problema es cómo se producirán, porque en política el envoltorio vale más casi que el contenido. En cualquier caso, el líder de Junts quiere un encuentro de trabajo "cara a cara".

Los posconvergentes aseguran que el PSOE nunca propuso una reunión, sino un encuentro para un breve saudo que pudieran captar los fotógrafos. El equipo del expresidente catalán lo rechazó porque quiere una reunión de trabajo y considera que la foto es secundaria. Hace semanas que en el PSOE se diserta sobre la convenencia de que Sánchez se haga una foto con el expresidente catalán prófugo de la Justicia. La amenaza en forma de exigencia de moción de confianza fue la que reactivó el debate. Moncloa, en cualquier caso, achaca la declaración de Puigdemont a la necesidad de su partido de ganar protagonismo de cara a la negociación de los presupuestos, pero las fuentes consultadas admiten que toca hacer algún gesto para frenar los "fuegos de artificio" de Junts. El Gobierno descarta esa moción, que es prerrogativa del propio jefe del Ejecutivo.

Por el momento, todo parece indicar que el Gobierno permitirá que el Congreso debata sobre la petición al Ejecutivo de una moción de confianza, pero retrasará la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Dado que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, será ya en febrero cuando podría admitirse a trámite la petición de Junts, aunque se trata de un debate estéril, porque la potestad de si se presenta o no una iniciativa de este tipo ante la Cámara corresponde única y exclusivamente al presidente del Gobierno. El retraso implicará que las cuentas se aprobarían a mediados de abril, a las puertas de las vacaciones de Semana Santa. Y esa fecha volvería a demostrar que los tiempos de esta legislatura los maneja Puigdemont. 

Lo cierto es que un encuentro entre ambos sería una victoria política para Junts, que vería a su líder mesiánico -fue quien proclamó la independencia en 2017 durante ocho segundos- rehabilitado públicamente. Y eso, según el independentismo, constituiría “una bajada de pantalones” por parte del Gobierno español a la que no se pueden resistir. Ya durante las negociaciones de investidura, el PSOE acordó esa cita para la "rehabilitación total y definitiva" del prófugo de la Justicia. Hasta el momento, solo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha reunido con luz y taquígrafos con Puigdemont. Aquella foto, que se hizo el verano de 2023, molestó en Moncloa, porque dio al traste con la estrategia electoral del PSOE.

Entonces, Ferraz comenzaba a contemplar la posibilidad de sentarse con el expresidente catalán. Y Díaz, necesitada de foco mediático, acudió a la llamada de Puigdemont. Pero ha llovido mucho desde entonces. El expresidente Puigdemont se siente excluido (y goleado). No ha digerido bien que la presidencia de la Generalitat la ostente el socialista Salvador Illa, a quien señala por beneficiarse de su política en Madrid. Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable que aún no se le haya aplicado la amnistía. Ni a él ni a otros tantos independentistas. El expresidente, reelegido líder de Junts, no está dispuesto a rendirse. Y cada día que pasa sin ser amnistiado es más factible que deje caer a Sánchez. Aunque en el Gobierno le advierten de que "no le interesa jugar con fuego".

En cualquier caso, hace semanas que Puigdemont está empezando a enseñar el camino a Sánchez: cada vez más sintonía con el PP en las votaciones en el Congreso y dos bofetones con la senda de déficit. Y, aunque queda muy  lejos que se forme una mayoría absoluta alternativa a la que llevó a al líder socialista a Moncloa, el presidente del Gobierno debería tomar nota. Lo impepinable es que en la decisión de Puigdemont sobre la el futuro de la política española influirá, inevitablemente, el devenir de la amnistía, que no tiene asegurada, ya que será el Tribunal Constitucional el que termine dirimiendo sin fecha en el horizonte (previsiblemente este verano). Mientras, todo son quejas: Sánchez "no es de fiar", porque un año después del acuerdo de investidura no ha cumplido.

Puigdemont lamenta que ni la amnistía se aplica en su totalidad, ni el catalán es oficial en UE, ni hay un pacto bilateral real sobre financiación, etc. En juego están los presupuestos. Moncloa insiste en que los podrá sacar adelante y que las negociaciones con Junts necesitan discreción. "Se está trabajando en un acuerdo sobre migraciones con Junts. Pero no está cerrado. Hay reuniones", explican fuentes del núcleo duro del Gobierno. Pese a todo, Puigdemont no hace más que poner precio a cada paso de Moncloa. No hay que olvidar que Puigdemont ya pidió a Sánchez un emisario de mayor categoría que Santos Cerdán -el número tres del PSOE- para hacer público el acuerdo de investidura, especialmente tras el encuentro que tuvo con Yolanda Díaz. El líder independentista quería entrevistarse, al menos, con un ministro socialista. Pero Ferraz, entonces, no cedió y, finalmente, le "tocó" a Cerdán. El PSOE pasó entonces un "mal trago" por aquella estampa con la urna del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Aunque en Ferraz ya se trabaja con el convencimiento de que ninguna imagen puede perjudicarle lo suficiente.

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