El Gobierno vasco, cuya composición se dio a conocer este jueves tras la reelección de Íñigo Urkullu como lehendakari, prevé reclamar a lo largo de la legislatura una larga lista de transferencias “pendientes”. Concretamente, 34. Así lo recoge el pacto firmado por PNV y PSE. en virtud del cual ambos partidos gobernarán Euskadi los próximos cuatro años. En el apartado “defensa del autogobierno alcanzado”, dicho texto recoge un bloque titulado “culminación de las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica”.
Y ahí exponen los firmantes la relación de peticiones que cursarán al Ejecutivo central para desarrollar lo que consideran un compromiso ya adquirido del Estado con esta comunidad autónoma. Según su criterio, el Estatuto de Guernica ampara la reivindicación de esas transferencias, sin necesidad de reformas legislativas añadidas.
Nacionalistas y socialistas dividen la lista en cinco partes. El “área primera” enumera siete competencias relacionadas con el empleo y la seguridad social: las prestaciones por desempleo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el régimen económico de la Seguridad Social “conforme a los convenios que dispone el Estatuto en su Disposición Transitoria quinta”, los “bienes inmuebles adscritos al INSALUD e INSERSO con titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social”, los centros de investigación y asistencia técnica (CIAT) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Urkullu y Mendía creen que el Estado debe descentralizar la gestión del FOGASA, las prestaciones por desempleo o el Instituto Social de la Marina
Acto seguido, citan otras once materias dentro de un “área segunda” más centrada en Fomento y el sector primario. Así, PNV y PSE quieren que se descentralicen las políticas que afectan a aeropuertos, meteorología, autopistas en régimen de concesión, puertos de interés general, servicios e infraestructuras ferroviarias, salvamento marítimo, inspección pesquera o seguros agrarios. Todas ellas, en opinión de estos partidos, deberían estar ya asumidas por el Gobierno regional y no por el Estado.
Dos informes de los 90, la base
Lo mismo ocurre con ocho competencias del sector financiero y económico, incluidas en el “área tercera”. Son tales como “seguros”, “crédito y banca”, “crédito oficial”, “mercado de valores” o “hidrocarburos”. El pacto no entra en detalles sobre a qué se refieren exactamente, simplemente consideran que esas materias están “pendientes” de transferir y citan dos resoluciones del Parlamento Vasco de los años 90 como argumento de autoridad. Se trata del “Informe sobre el desarrollo estatutario aprobado el 1 de julio de 1993” y del “Informe sobre prioridades de negociación en las transferencias pendientes de 1995”.
En base a ello, la ponencia de autogobierno que se activará en la Cámara regional solicitará Urkullu que le remita “una propuesta que actualice el catálogo de traspasos sin realizar y que refleje, de manera detallada, el quantum de autogobierno formal y legalmente reconocido a Euskadi pero todavía pendiente de materialización, para que pueda darse por completado el Estatuto de Guernica”.
PNV y PSE se comprometen a trabajar para conseguir "las transferencias que el Gobierno Vasco identifique como pendientes de realización"
Partiendo de esos informes, PNV y PSE se permiten “avanzar” que esas competencias pendientes son las ya citadas y las integradas en las dos últimas áreas, relativas a educación (“homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias” o “seguro escolar”), cultura (“asignación de ISBN e ISSN”, “cinematografía -fondo de protección-), e Interior (“funciones ejecutivas relativas a la matriculación y permisos de circulación de vehículos, así como de permisos de conducción”, “régimen municipal electoral” o “centros penitenciarios”).
En total, 34 competencias, aunque no todas son igual de importantes para el bipartito. Se fijan dos prioridades claras: las cárceles y el régimen económico de la Seguridad Social. Esas serán las primeras batallas que libre el Ejecutivo regional, tal y como adelanta el pacto que lo sustenta: “Los partidos políticos que suscribimos el presente acuerdo nos comprometemos a trabajar para que, en la agenda de relaciones bilaterales a entablar con el Gobierno central, se reserve un lugar prioritario a la reclamación y negociación de las transferencias que el Gobierno Vasco identifique como pendientes de realización, otorgando un lugar destacado a las siguientes: A) Centros penitenciarios. B) Gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en los términos de la Disposición Transitoria quinta del Estatuto de Guernica”.
