Esquerra Republicana (ERC) pretende que los convocantes de manifestaciones dejen de tramitar su comunicación a la Delegación del Gobierno. Con el conflicto de Cataluña de fondo, los independentistas quieren eliminar este requisito legal y reducir así el control de la seguridad de protestas callejeras por parte de la autoridad gubernativa.
Unas de las enmiendas presentadas por ERC a la propuesta del PSOE (de la mano del PNV) para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana plantea que ya no se contemple como "una infracción leve" la celebración de manifestaciones sin informar de su organización a la Delegación del Gobierno. La enmienda la firma el portavoz adjunto de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián. Dicho trámite administrativo, que el Grupo Socialista está a favor de mantener en su revisión de la conocida como Ley mordaza, está regulado en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión.
Según este precepto, "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante". Así mismo, añade que "cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas".
La supresión de este artículo también se encuentra entre las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común-En Marea. La multa a los organizadores por cometer esta infracción leve puede ser de 100 a 600 euros, según la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.
Intrusión en recintos
Así mismo, cuando las protestas callejeras van más allá y pasan a ser "reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibida en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo", generando "un riesgo para la vida o la integridad física de las personas", la infracción pasa a ser "muy grave", con multa de 30.000 euros hasta 600.000 euros, según grado máximo, medio y mínimo.
El pasado 31 de enero, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró a los diputados del Grupo Popular en reunión en el Congreso que su departamento aplicaría la Ley de Seguridad Ciudadana a los independentistas que el día de antes rompieron el cordón policial del Parlamento catalán e insultaron a diputados de Ciudadanos y otros partidos. Los hechos se produjeron después de que el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, de ERC, aplazara la sesión de investidura de Carles Puigdemont.
