Unidas Podemos considera un asunto estratégico ocupar al menos dos asientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El partido morado, liderado por Pablo Iglesias, cree que tiene derecho a incorporar a jueces y juristas afines en el marco de una distribución de cargos que debería haberse ejecutado hace dos años. El Partido Popular sigue vetando a Podemos en esa tarea, así que Iglesias quiere dinamitar todos los puentes que, según publicó El País el miércoles, se van construyendo con el partido de Casado. Iglesias, como adelantó este diario, empezó a "moverse" hace diez días y ahora insiste en una reforma del organismo de los jueces aprobado por mayoría simple en el Congreso.
La ley deja a las Cámaras el nombramiento por una mayoría cualificada de tres quintos de un total de 20 vocales. Doce de ellos deben ser jueces o magistrados, mientras que otros ocho pueden ser “juristas de reconocida competencia”. Sánchez planteó modificar la ley para rebajar la mayoría. Luego congeló esta reforma, para intentar un último asalto al PP que, sin embargo, insiste en vetar a Podemos en el nuevo encaje.
El plan de los morados es convencer a Sánchez de ignorar al PP y avanzar hacia una mayoría simple reforzada (por ejemplo que cuente con varios grupos parlamentarios) en el Congreso. A pesar de la desconfianza hacia el ministro de Justicia Juan Carlos Campo (los morados sospechan que el ministro ate un acuerdo in extremis con Casado), Podemos sabe que la situación se puede desbloquear con mucha rapidez. Y en el partido empiezan las quinielas sobre los jueces o juristas que quieren empujar para que ocupen el cargo de vocal del CGPJ.
Jueces para la democracia
Destaca el nombre de la juez Vicky Rosell, actualmente en el gabinete de Irene Montero como delegada del Ejecutivo contra la violencia de género. A finales de 2018, Iglesias ya propuso a Sánchez elegir a Rosell como miembro del CGPJ, pero los socialistas pusieron un veto a la diputada elegida por Las Palmas. La propia juez lamentó públicamente ese hecho. Antes, la diputada había librado una dura batalla contra el exministro del PP José Manuel Soria, y agradeció a Iglesias la oportunidad ofrecida en esta legislatura.
El propio Iglesias habló este verano de “montaje” para referirse a la investigación que se abrió en 2015 contra Rosell. Para el líder de Podemos esa investigación, así como los casos Dina y Neurona, son ejemplos de los “juicios mediáticos” a los que, según el vicepresidente segundo, su partido está injustamente sometido. Los miembros de Podemos también hablan de "guerra jurídica" (el llamado lawfare) contra la coalición.
Iglesias busca en general juristas de máxima confianza. Es decir, personas que en el CGPJ mantengan su afinidad a Podemos, y Rosell cumple con esta expectativa. Además, otro punto a su favor es que formó parte de la asociación Jueces y juezas para la democracia, tradicionalmente vinculada a la izquierda. En su contra está el recelo de algunos sectores socialistas y el hecho de que es diputada, algo que en el PSOE quieren evitar para el cargo de vocal.
Entre los nombres contemplados en la casa morada también se encuentra Joaquim Bosch. El magistrado valenciano y exportavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia puede representar un perfil más conciliador. Los socialistas le ofrecieron en 2015 el cargo de Conseller de Justicia de la Generalitat valenciana. También Podemos le tanteó para que formara parte de la lista electoral ese año. En ambos casos el juez prefirió rechazar el ofrecimiento, para no entrar en la política activa. El CGPJ, sin embargo, ofrecería un escaparate técnico de más prestigio.
Vocal para contentar a Cataluña
Fuentes de Podemos también sostienen que Iglesias busca a jueces afines en los sectores de Juame Asens y Enrique Santiago. Asens es un abogado catalán muy conocido entre los colectivos de izquierdas y también en el segmento nacionalista. Circula el nombre de Laia Serra, exsocia del bufete de Asens y una letrada que ya trabajó con el Ayuntamiento de Barcelona. Serra ejerció de acusación popular en el juicio contra la Policía por las cargas del 1-O por las que perdió un ojo Roger Español. El pasado 9 de abril, Serra participó en un acto impulsado por Asens para afianzar la reforma del delito de sedición y rebelión.
Calen propostes concretes i efectives per sortir de l'excepcionalitat en q vivim. Avui ens hem rodejat d’experts i juristes per presentar una reforma garantista del Codi Penal. Un pas imprescindible per deixar de ser un país amb presos polítics (1/4) ?https://t.co/1TB0K3rFd8 pic.twitter.com/zkKBKG5aRT
— Jaume Asens ?? (@Jaumeasens) April 9, 2019
La reforma del código penal es una prioridad para Asens, quien, como otro miembros de la cúpula de Podemos, se ha lanzado contra el ministro de Justicia Campo. Los morados desconfían de Campo. Temen que esté trabajando en secreto por un pacto con el PP, que excluya a los morados de la negociación y el reparto de sillones. Asens, además, presiona para que el Gobierno aborde la reforma de la sedición antes de las catalanas de febrero. Asens quiere que los presos del procés vuelvan a la calle cuanto antes y que incluso Carles Puigdemont regrese a España, como adelantó Vozpópuli.
La sombra de Garzón
Otras incógnitas genera el entorno de Enrique Santiago. El actual líder del PCE se ha convertido en la mano derecha de Iglesias. Se trata de un abogado que defendió a las FARC en Colombia y que actualmente asesora al líder morado sobre los casos judiciales que afectan a Podemos. En IU recuerdan que Santiago tiene una buena relación con el exjuez Baltasar Garzón, lo que puede facilitar encontrar perfiles de jueces o juristas afines.
Entre los juristas con más renombre y considerados cercanos a Podemos destaca la figura del catedrático de derecho Javier Pérez Royo. El profesor de la Universidad de Sevilla es articulista y comentarista político en varios medios, también catalanes. En 2009 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 2015 estuvo a punto de entrar en una lista electoral de Podemos.
Pérez Royo ha sido uno de los principales impulsores de la reforma de la Constitución, calificó de “golpe de Estado” la acción del PP para tumbar parte del Estatut de Cataluña en el Constitucional y también ha hablado en algunos artículos de la necesidad de abrir un nuevo “proceso constituyente”, a la vez que ha criticado duramente la Monarquía, planteando incluso la necesidad de una abdicación de Felipe VI (La Marea, octubre 2017). Pérez Royo también fue asesor de Felipe González y Manuel Chaves.
La tarea del líder morado se centra en tener un listado cerrado lo antes posible, con la esperanza de que Sánchez acabe desmintiendo a los sectores del Ejecutivo que esperan una vuelta a la moderación a través de pactos estratégicos con el PP de Casado. Pero la dificultad reside en encontrar perfiles que mezclen prestigio y confianza en un momento en que varias fuentes del partido reconocen que "falta banquillo".
