El impuesto sobre las energéticas sigue dando de qué hablar en el Congreso de los Diputados. Este último fue escenario de un enfrentamiento político que ha tensado, aún más, las relaciones dentro del Gobierno de coalición. En la jornada de hoy, una enmienda presentada por el Partido Popular y apoyada por Junts, en la que se propone suspender el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica a partir del próximo año, ha generado un auténtico terremoto político. Lo llamativo de esta enmienda no es solo el respaldo recibido por el PP y Junts, sino también el apoyo de dos de los partidos que forman parte de la coalición que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez: el PNV y ERC.
La enmienda plantea una medida económica que, según los cálculos del PP, podría generar un ahorro de 400 millones de euros para las familias y hasta 500 millones para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la propuesta ha dejado al descubierto las fisuras dentro del bloque progresista que apoya al Gobierno, donde las tensiones entre sus socios son cada vez más evidentes. En este sentido, el PSOE ha decidido aplazar indefinidamente la comisión que iba a tratar la anulación de este impuesto, lo que ha exacerbado las diferencias y ha puesto en evidencia que los acuerdos dentro de la coalición se están deshilachando.
Ione Belarra contra PNV y Junts: "Cachorritos de Repsol"
En medio de este panorama, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha elevado aún más la tensión al cargar duramente contra el PNV y Junts por su decisión de no acudir a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas. La líder de Podemos no dudó en calificar a ambos partidos de "cachorritos de Repsol", acusándolos de actuar en defensa de los intereses de la energética en lugar de los de los ciudadanos.
"Esto solo demuestra que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión", afirmó Belarra en los pasillos del Congreso. La acusación de la secretaria general de Podemos buscar poner en evidencia que los partidos que apoyan la coalición, PNV y Junts, están alineados con los intereses de las grandes empresas energéticas y no con los de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de un impuesto que podría suponer una mayor contribución de estas empresas a las arcas públicas.
Por su parte, el portavoz del PNV ha sostenido que no tiene "ningún sentido hacer una reunión para discutir de un gravamen o impuesto entre siete u ocho partidos en una mesa abierta, con la prensa al otro lado de la puerta y la discreción que tienen algunos grupos", poniendo en duda la capacidad técnicas de los convocados para discutir sobre el asunto.
"Somos todos parlamentarios, diputados y diputadas, y estos temas son muy técnicos y complejos. ¿Qué criterio tienen para que tenga que ser un 16 o un 11 o para que las deducciones sean de un tipo u otro?", ha planteado, tras defender que "estas cosas hay que hacerlas con seriedad" y que, "si alguien quiere avanzar en esto, que el Gobierno vaya avanzando, haciendo propuestas y acercando posiciones".
Aún así, Belarra insistió en que los dos partidos nacionalistas deben explicar al conjunto de la ciudadanía por qué defienden los intereses de empresas como Repsol, que el año pasado obtuvo beneficios millonarios mientras apenas contribuía a la financiación pública. "Repsol hizo el año pasado beneficios millonarios muy importantes, no pasa nada porque pongan un poquito más a las arcas públicas", señaló Belarra, reclamando que el impuesto a las energéticas siga siendo una realidad en el país.
De cara a la reunión con Hacienda, Belarra subrayó que Podemos continuará luchando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, especialmente el mantenimiento del impuesto a las energéticas, que para la formación morada es una cuestión clave. "Es urgente que ese impuesto siga siendo una realidad en nuestro país", insistió Belarra, quien recordó que esta medida fue una de las condiciones que Podemos puso al Gobierno para poder votar a favor de la reforma fiscal.
En este clima de presión, Belarra también advirtió que el cumplimiento de estos compromisos es una condición sine qua non para poder negociar los Presupuestos Generales del Estado. "En este momento no se dan las condiciones para negociar los Presupuestos", señaló tajante, dejando claro que hasta que no se garantice el impuesto a las energéticas, no se cerrarán nuevos acuerdos con el Gobierno.
Por su parte, el PSOE ha tratado de moderar las expectativas ante la creciente presión de Podemos. Sin embargo, el cambio de discurso dentro del Ejecutivo, que antes veía margen para el acuerdo y ahora lo considera más difícil, ha generado preocupación en las filas moradas. La falta de acuerdo en temas clave como el impuesto a las energéticas y la negativa de PNV y Junts a participar en las negociaciones está poniendo en peligro no solo la reforma fiscal, sino también la estabilidad del Gobierno.
Junts da un ultimátum a Sánchez: el riesgo de una cuestión de confianza
El pacto entre PP y Junts no solo tiene una dimensión económica, sino que también posee un claro trasfondo político. Junts ha elevado aún más las tensiones al lanzar un ultimátum a Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, un gesto que subraya el malestar que existe dentro de su formación respecto a la gestión del Ejecutivo en temas clave como la amnistía y la oficialidad del catalán en Europa. Puigdemont considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el pasado, lo que le lleva a dudar de la fiabilidad del presidente del Gobierno.
Esta petición no es tan insignificante como muchos hacen ver. De hecho, los siete diputados de Junts son fundamentales para la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Sin su apoyo, el Ejecutivo se vería gravemente debilitado, especialmente en un momento tan delicado como el actual, cuando las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado están en pleno apogeo. La amenaza de Junts de retirar su apoyo a la coalición en caso de no obtener respuestas claras a sus demandas añade un ingrediente de incertidumbre al panorama político de los próximos meses.
El PNV, otro de los pilares que sustentan el Gobierno de coalición, también ha decidido marcar distancia en este asunto. Aunque el PNV ha apoyado tradicionalmente las políticas del PSOE en el Gobierno, este miércoles se mostró crítico con la propuesta presentada en el Congreso. Los nacionalistas vascos se oponen al impuesto sobre las eléctricas y, por lo tanto, han respaldado la enmienda del PP y Junts. Esto supone una contradicción dentro del bloque progresista y subraya que, en cuestiones fundamentales, el PNV prioriza los intereses de País Vasco por encima de la estabilidad del Gobierno central.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya había dejado claro que su partido no se sometería a las imposiciones del Gobierno central si estas no coincidían con los intereses del País Vasco. "El PNV se debe a Euskadi y a nadie más que a Euskadi", había declarado Ortuzar hace unas semanas. Además, el lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado que espera que Pedro Sánchez cumpla con su "contrato político" con el País Vasco, especialmente en lo que respecta a las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. La negativa del PNV a participar en la mesa de negociación sobre el impuesto a las energéticas, convocada por el Ministerio de Hacienda, también refuerza la idea de que el partido vasco no está dispuesto a aceptar cualquier acuerdo que no se ajuste a sus intereses.
Las últimas semanas han sido testigo de una escalada de tensiones dentro del Gobierno de Sánchez. La renuncia de PNV y Junts a participar en las negociaciones sobre el impuesto a las energéticas y la crítica feroz de Podemos hacia estos partidos, a los que acusa de estar al servicio de las grandes energéticas, muestra un panorama de profunda división. Además, la falta de acuerdos claros sobre el futuro de los Presupuestos Generales del Estado aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad de la coalición. En este contexto, el futuro de la legislatura se encuentra en la cuerda floja. La coalición de Sánchez, está cada vez más fragmentada por las disputas internas y las demandas externas. El presidente del Gobierno se enfrenta a una difícil tarea: equilibrar las demandas de sus socios, cumplir con sus compromisos políticos y mantener a flote un Gobierno que depende de una mayoría parlamentaria muy fragmentada.
