La ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que propone anular la condena del Tribunal Supremo a Magdalena Álvarez por el caso de los ERE basa su relato en que el Gobierno andaluz no prevaricó al aprobar las partidas presupuestarias que permitieron su concesión y pago. El texto, que previsiblemente verá la luz con el apoyo de la mayoría progresista, obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar una nueva sentencia al considerar que la condena vulneró su derecho fundamental a la legalidad penal (artículo 25 CE).

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el texto, que ha redactado la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, atiende parcialmente los argumentos esgrimidos por la que fuera consejera de Hacienda andaluza en su recurso de amparo y determina que el Ejecutivo que entonces presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán no tiene responsabilidad penal en la mayor causa de corrupción de la democracia española.

El TC que preside Cándido Conde-Pumpido empieza a abordar esta semana los recursos de amparo interpuestos por una docena de condenados en el caso de los ERE tras más de año y medio de estudio debido a la complejidad del asunto. La vicepresidenta del TC expone en la ponencia que recabará el respaldo mayoritario del órgano que el gobierno andaluz no prevaricó con la aprobación del presupuesto que se acabó desviando para los ERE fraudulentos.

Exonerará al gobierno de Griñán

El argumento que regirá este primer pronunciamiento del TC y que marca la senda para resolver el resto de recursos por loe ERE es que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos se pueden entender como una decisión administrativa. A diferencia de lo mantenido por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo, el TC va a defender que la responsabilidad en este caso debería recaer en el Parlamento andaluz pero no en el gobierno que sentó las bases para aprobar esta partida.

Montalbán  apelará además en su ponencia a la trascendencia constitucional de asunto ya que, por primera vez, el TC determinará que la elaboración de estos anteproyectos no se puede entender como una actividad administrativa, sino como una función propia de un Ejecutivo. En ese sentido, considera determinante el respeto a la separación de poderes, al que el Constitucional tantas veces ha aludido en su doctrina.

La futura sentencia del TC obligará pues a anular la condena de nueve años de inhabilitación a Magdalena Álvarez por delito continuado de prevaricación, en lo que fuentes internas del órgano entienden como una nueva enmienda del TC de Cándido Conde-Pumpido a pronunciamientos determinantes del Tribunal Supremo 

Coto a los ERE en el TC

El alto tribunal ratificó por mayoría la condena de la Audiencia de Sevilla y confirmó que Álvarez, en su condición entonces de consejera de Hacienda de la Junta, intervino no solo en la aprobación de las modificaciones presupuestarias de 2000 a 2002, sino en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos de 2002 a 2004; de ahí la existencia del delito continuado en el que se basó la condena.

El TC tumbará esta doctrina y abrirá la veda a exonerar cualquier responsabilidad penal de los políticos que participaron en la elaboración de estas partidas, relegando la misma a las cámaras parlamentarias. Las actuaciones realizadas por un gobierno –incluido también uno autonómico- se entenderían, por tanto, como una iniciativa legislativa y no como una actuación administrativa y, por tanto, no puede estar sujeta a control judicial.

Se trata de un criterio que también ha defendido el Ministerio Fiscal en sus informes sobre los recursos a la condena del Tribunal Supremo por un desfalco acreditado superior a los 700 millones de euros. A su juicio, habría que diferenciar entre la actuación legislativa del Gobierno, de la aprobación parlamentaria de la ley. 

De esta forma, el TC abrirá la puerta a anular la prevaricación de los ERE que condenó la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019 y ratificó el Supremo en 2022. La ponencia de la ‘número dos’ de Conde-Pumpido obligará a retrotraer el proceso al momento anterior para que se dicte una nueva sentencia por el caso de los ERE.

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