Recursos de inconstitucionalidad y denuncia ante Europa para frenar el asalto de Pedro Sánchez a la Justicia en España. Ese es el plan que anunció el PP el viernes después de que PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaran enmiendas para rebajar el delito de malversación y los socios de coalición impulsaran una reforma para permitir que una mayoría simple, y no de tres quintos en el CGPJ, pueda nombrar vocales del TC. Los populares, sin embargo, priorizarán la vía europea, que ya dio buenos resultados el pasado mes de abril.
Así lo confirman a Vozpópuli cargos del PP próximos a la dirección nacional del partido, que recuerdan que, en octubre del año pasado, PSOE y Unidas Podemos anunciaron una reforma legal para que el CGPJ pudiera ser modificado en el Congreso de los Diputados con mayoría simple, y no por los tres quintos de la Cámara. Fue entonces, señalan los populares, cuando "llevamos el asunto a Bruselas y logramos paralizarlo".
Efectivamente, después de la alerta del PP, "la UE recordó al Gobierno que cualquier vulneración de la separación de poderes en España podría tener consecuencias, en forma de multa o con el bloqueo de los fondos europeos". Ese aviso fue suficiente para que Pedro Sánchez ordenara, el pasado mes de abril, que los grupos parlamentarios que representan a los socios del Gobierno dieran un paso atrás con esa propuesta.
La multa a Hungría
Ocho meses después, la nueva maniobra del Ejecutivo consiste en rebajar la mayoría necesaria para que el CGPJ pueda nombrar a dos magistrados del TC... que permitan a la vez al Gobierno nombrar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo -conocido por tramitar los indultos del procés- y a Laura Díez, ex directora general de Presidencia.
Para el PP, la estrategia a seguir es la misma que protagonizó el partido para lograr que el Congreso pudiera renovar el CGPJ por mayoría simple: lanzar un mensaje de alerta a Europa: "Es urgente que Bruselas se pronuncie cuanto antes y es lo que vamos a pedir".
Es urgente que Bruselas se pronuncie cuanto antes y es lo que vamos a pedir"
Las fuentes consultadas destacan que la Comisión Europea es "especialmente sensible cuando detecta un ataque a la separación de poderes en un Estado miembro y, de hecho, ya está actuando con contundencia contra Hungría después de varios avisos".
Desde el PP recuerdan que el pasado mes de septiembre, cuando el comisario de Justicia, Didier Reynders acudió a España para reclamar un pacto para desbloquear el CGPJ, ya advirtió en el Congreso de los Diputados que Hungría sería sancionada por violar el Estado de derecho y la independencia judicial: "Hungría va a pagar un millón de euros diarios de multa y España puede ser la siguiente", avisan los populares.
A ese castigo para Hungría puede sumarse, además, la congelación de la entrega de los fondos Next Generation. La decisión se tomará el próximo 19 de diciembre y, afirman las fuentes consultadas, "si la Comisión confirma ese castigo, Pedro Sánchez se verá forzado a ordenar a PSOE y Podemos que retiren su reforma de mayorías en el CGPJ".
El presidente del Gobierno, destacan desde el PP, "fía su futuro a los fondos europeos y su proyección internacional", por lo que un 'toque' de Bruselas "abortaría sus planes para tomar el TC".
Los recursos, "más difícil"
Respecto a los recursos de inconstitucionalidad anunciados contra las reformas de los delitos de sedición y malversación, desde el PP admiten que esa vía, pese a estar abierta, puede prolongarse en el tiempo, por lo que siguen considerando más efectiva la denuncia a Europa.
En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que "si las enmiendas de ERC, PSOE y Podemos salen adelante el próximo jueves en el Congreso, tienen que ir después al Senado, donde el 20 y 21 hay pleno para convalidar los Presupuestos de 2023".
El objetivo del Gobierno es cambiar la mayoría en el TC para que esos recursos o cualquier decisión contraria a Sánchez sea rechazada"
La reforma del Código Penal, por tanto, podría alargarse aún varias semanas y el PP solo podría presentar los recursos con un texto definitivo. Después, "es el Tribunal Constitucional el que decide... y el objetivo del Gobierno es cambiar la mayoría en el TC para que esos recursos o cualquier decisión contraria a Sánchez sea rechazada".
Por ese motivo, insisten en el PP, "priorizamos Europa", porque "si la Comisión no bloquea la maniobra del Gobierno con el TC, Sánchez habría tomado todas las instituciones y los recursos serían rechazados por un TC intervenido desde Moncloa".