Los diez acusados de integrar una célula yihadista en Terrassa (Barcelona) han pedido en el juicio su absolución, han proclamado su inocencia y sus abogados han acusado a los Mossos d'Esquadra de actuar por un "complot político" para impulsar la independencia de Cataluña. La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia tras un mes de sesiones el juicio de estos diez arrestados durante la operación Caronte, desarrollada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, para los que la fiscal ha solicitado penas de entre 10 y 19 años de prisión mientras que sus abogados han reclamado su absolución por falta de pruebas.
Según la Fiscalía, la célula se creó a principios de 2014 con la denominación "Fraternidad islámica. Grupo para la predicación del yihad" y supuestamente planeaba atentar en lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlament de Cataluña así como secuestrar a una persona, decapitarla al modo del Dáesh vistiéndola con un mono naranja y difundirlo por internet. Tan solo han hecho uso de su derecho a la última palabra dos acusados, Mohamed El Gharbi, que ha insistido en que es inocente, y el catalán converso al islam Jacob Orellana. Este último ha pedido al tribunal ser absuelto y puesto en libertad ya que no ha cometido delito alguno y porque con 30 años necesita rehacer y encaminar su vida y volver a su trabajo que tanto esfuerzo le costó.
Los abogados de los presuntos líderes de la célula han alegado que los Mossos d'Esquadra forzaron la operación Caronte por motivos políticos de sus responsables para impulsar la independencia catalana y apartar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de la lucha antiterrorista en Cataluña. Las defensas han mantenido que la investigación está basada en fabulaciones y que quien propuso a los acusados cometer un atentado contra el Parlament catalán fue el agente encubierto que el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra infiltró en el grupo, lo que supone a su juicio un "delito provocado" que da lugar a la nulidad de sus actuaciones. En concreto el abogado de Antonio Saez Martínez, español convertido al islam acusado de liderar la célula, ha manifestado que la operación se desarrolló en un momento en el que los Mossos d'Esquadra "querían abrirse camino y desplazar a las Fuerzas de Seguridad del Estado por cuestiones ideológicas" de sus responsables.
El letrado ha agregado que "los Mossos tenían que conseguir algún logro" ya que había un contexto de contactos de líderes independentistas con mandatarios extranjeros para impulsar el nacionalismo catalán y "querían la independencia en materia antiterrorista". Ha abundado en que "determinados funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía revelaron a algunos acusados que estaban siendo investigados por los mossos, y no tuvieron reparo a ello pues ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional tenían prueba real alguna de la existencia de una célula y por eso no llevaron a cabo ninguna detención".
Por su parte el letrado del marroquí Lahcen Zamzami, otro de los acusados por la Fiscalía de ser uno de los presuntos líderes de la célula, ha argumentado que este procedimiento "es fruto de un complot policial para llevar a cabo una operación antiyihadista que tuviera repercusión internacional por motivos políticos, estratégicos y de competencia entre cuerpos policiales". De hecho ha recordado que los Mossos hicieron coincidir la operación con una visita del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas a Estados Unidos para pedir la apertura de una embajada para así intentar demostrar la eficacia de las fuerzas de seguridad catalanas en la lucha contra el terrorismo yihadista. El defensor de otro marroquí acusado de ser líder del grupo, Rida Hazem, ha advertido de que la investigación de los mossos provocó que en ese momento "quedara expuesta toda la red de confidentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil" en Cataluña y con la operación "consiguieron la posición predominante que venían intentando" en la lucha contra el yihadismo.
