Pullas en el Consejo de Ministros: Alegría y Yolanda Díaz se enzarzan por la renovación del TC con Feijóo

El Gobierno aspiraba a ofrecer una imagen institucional, de Ejecutivo con sentido de Estado, tras la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía en los términos pactados por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Es decir, que se aplicase también a la malversación de caudales públicos para que el líder de Junts pueda dejar su residencia en Vallespir (Francia) y volver a Cataluña sin ser detenido. Moncloa quería presentarse con un discurso de respeto a las instituciones públicas -con presiones camufladas contra el Tribunal Supremo- para desmarcarse del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto en cuestión en una entrevista en Onda Cero la "imparcialidad" del Tribunal Constitucional (TC). Un guion que se ha saltado Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha opinado sobre las palabras de Feijóo, algo que correspondía a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y le ha echado en cara que hable de imparcialidad en el TC cuando el PP ha pedido la inclusión "del juez José María Macías" como magistrado del tribunal entre las condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Que lo diga el PP cuando ha designado al señor Macías, se descalifica por sí mismo", ha dicho Díaz ante la cara de póker de Alegría.

De esta manera, la vicepresidenta ha venido a poner en duda el pacto alcanzado por PP y PSOE que Alegría ha vuelto a reivindicar este mismo martes, y demuestra las discrepancias internas por el acuerdo alcanzado con los populares. Fuentes de Moncloa apuntan que lo de Díaz es "una opinión personal" que para nada refleja la postura oficial del Gobierno.

"Cada cual puede tener su opinión, pero la versión oficial del Gobierno es la que ha apuntado Pilar Alegría", aseveran desde Moncloa. Pullas a la vicepresidenta de Sumar desde el lado socialista del Ejecutivo que evidencian lo poco que ha gustado que se inmiscuya en asuntos de otras carteras.

Y es que el quiebro de Díaz sobre el juez Macías ha restado fuelle a la posición institucional que quería mantener el Gobierno para poder atizar a Feijóo por sus palabras sobre el Tribunal Constitucional, acusándolo de desconfiar en las instituciones públicas.

"Feijóo vive una crisis de confianza en su partido político pero no puede trasladar esa desconfianza a las instituciones de nuestro país. Pido a Feijóo que retire unas afirmaciones que ponen en cuestión una institución como la del TC de nuestro país. Son declaraciones muy graves", ha subrayado Alegría.

Una alusión al respeto institucional que Díaz ha echado por tierra aludiendo a que un magistrado del TC, Macías, habría tenido culpa o responsabilidad en que se haya retrasado durante cinco años la renovación del CGPJ.

La presión del Gobierno sobre el Supremo

Moncloa ha medido las palabras de Pilar Alegría con exactitud trigonométrica. En un halo de respeto institucional y de los fallos de la justicia, el Gobierno ha conseguido presionar de forma velada al Supremo por una decisión que, aunque esperada, no ha gustado a sus socios de Junts. "El texto de la ley es muy claro, y la voluntad del legislador es tan clara la propia ley. La ley de amnistía fue aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados... Somos conscientes de la eficacia y efectos positivos de esta norma. Los jueces deben aplicar la ley", fueron las palabras de la portavoz del Gobierno. Una manera sutil de decirle a los magistrados del Supremo que dejen de interpretar las leyes y las apliquen atendiendo a la "voluntad del legislador". Una tesis para la que Moncloa argumento que el texto fue aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados -una mayoría pírrica-.

A pesar de todo, el Gobierno ha mostrado una postura suavizada respecto a la que presentó Ferraz el lunes. El PSOE cargó contra el Supremo por hacer "consideraciones políticas sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".