La Comisión de Industria del Congreso ha dado este martes luz verde al proyecto de ley del Sector Eléctrico tras incluirse únicamente las enmiendas del PP, que se ha quedado solo en el respaldo a la normativa aunque ha abierto la puerta a poder negociar algún cambio de cara a la tramitación del proyecto en el Senado, adonde ha sido ya remitido al contar la comisión con competencia legislativa plena, según recoge Europa Press.
El portavoz 'popular' de Energía, Antonio Erías, ha defendido que este proyecto es "necesario" para atajar el "desajuste y la falta de estabilidad" de la electricidad, derivado de la "evidencia de que los ingresos no son suficientes para atender a los costes". Así, el objetivo es conseguir un precio "competitivo" para empresas y familias.
"Pero para ello hace falta ver por qué se ha producido esta situación y, una vez identificadas las causas, ponerles remedio", ha dicho. En este punto, ha negado que se intente favorecer a empresas concretas, y ha defendido que con la nueva normativa se generará "un escenario atractivo para el futuro de todos".
"El PP no tiene ninguna duda de que es lo que España necesita y estamos dispuestos a desarrollar una mejora del texto en el Senado"
En cualquier caso, Erías ha ofrecido a los grupos "seguir dialogando para mejorar entre todos el texto" y ha reconocido que algunas de las propuestas de la oposición pueden dar lugar a acuerdos, proponiendo presentar textos "de todos" con "transaccionales conjuntas." "El PP no tiene ninguna duda de que es lo que España necesita, y estamos dispuestos a desarrollar una mejora del texto de cara al Senado", ha concluido.
"Se pierde una oportunidad"
El socialista José Segura ha hecho una prolija exposición de sus enmiendas, acusando al Ejecutivo de "dejar pasar la oportunidad de reducir el aislamiento energético" de España y de generar caos con los cambios retroactivos en las retribuciones por tecnologías.
Tampoco le gusta la regulación del autoconsumo, con un peaje "injustificado y discriminatorio que impondrá barreras económicas que dificultarán las inversiones", lo que "sacrificará la eficiencia económica en el medio y el largo plazo". Asimismo, rechaza la "desprotección" en la que queda el consumidor con esta norma.
Para los socialistas, se está regulando injustamente el autoconsumo y el consumidor queda además desprotegido con la norma
"El fomento de las renovables a través del régimen retributivo no debe tener un carácter excepcional, sino que debe ser la actuación a seguir. España necesita de un modelo específico para las renovables, y este proyecto lo obvia. Aún no son tecnologías que puedan competir por su cuenta, aunque sean más competitivas que hace unos años, por lo que no se justifica en modo alguno un régimen general y único", ha añadido.
Una ley 'miope'
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz ha expresado su "absoluta disconformidad" con la ley y con la "forma opaca" en que se ha tramitado, y ha acusado al Gobierno de presentar un proyecto "miope", "desconectado" de las necesidades sociales y que "perpetuará un modelo desfasado e insostenible". Además, cree un "atropello a la seguridad jurídica" el carácter retroactivo de algunas disposiciones, y ha pronosticado que no se solucionarán los problemas de déficit tarifario.
Asimismo, ha reprochado el trato que se da a las renovables y el "atentado contra las libertades ciudadanas" en relación con el autoconsumo. "Se mantiene un modelo y un mix energético absolutamente obsoleto, basado en energías sucias e inseguras, en la sobrecapacidad eléctrica, y que busca contentar a quienes siempre han producido la energía, limitando la entrada de nuevos productores", ha añadido, alertando del daño que eso hará a la competitividad económica y a la eficiencia y ahorro energético.
"Hay que determinar cuáles son los costes de producción y sacar de la factura los que no lo sean", defiende la Izquierda Plural
Por ello, ha reclamado una auditoría de la deuda y un cambio de modelo que pase por una reducción de la demanda, una mejora de la eficiencia, mayor implantación de las renovables y un sistema "democratizado y descentralizado". "Hay que determinar cuáles son los costes de producción y sacar de la factura los que no lo sean", ha zanjado.
No liberaliza ni da más seguridad
Tampoco le gusta la norma a Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, para quien es una "nueva ley de partido", con el agravante de que afecta a un sector "sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales y que ha provocado un problema económico importante": el del déficit de tarifa, la pérdida de competitividad y la subida de la factura de la luz.
Sin embargo, con este proyecto no se conseguirá solucionar ese problema, ya que sólo busca "salvar un modelo de negocio en gran parte caducado, favoreciendo a las empresas con una posición dominante" y "profundizando en los errores anteriores". "No creemos que las renovables sean la panacea y queremos un mix equilibrado, pero no entendemos el empeño en oponerse a las nuevas tecnologías", ha lamentado.
UPyD considera que la norma sólo busca "salvar un modelo de negocio en gran parte caducado, favoreciendo a las empresas con una posición dominante"
Por eso, ha criticado que la norma propuesta no avance ni en una verdadera liberalización del mercado, ni en la mejora de la competencia donde no haya "algunos agentes totalmente protegidos y otros penalizados", ni en el fomento de la innovación, ya que no se incluye ningún incentivo a este tipo de inversiones, ni en la seguridad jurídica con la retroactividad. "Y los perjudicados finales serán los consumidores", ha señalado.
Vulnera competencias
Josep Sánchez Llibre, de CiU, cree que el proyecto "obedece más a motivos de política económica que de política eléctrica", ya que su principal objetivo es acabar con el déficit pero "sin fijar una hoja de ruta de la política energética española". "Sería conveniente y urgente clarificar el modelo energético antes de decidir cómo reducir el déficit tarifario y cuál será el mix energético global", ha dicho, pidiendo que en ese proceso no se olvide el efecto en la competitividad empresarial.
No obstante, ha reconocido la voluntad de diálogo del PP y ha esperado en que se pueda avanzar en esta línea en el Senado, y ha defendido que hace falta clarificar la defensa de las competencias autonómicas en esta normativa, entre otras medidas.
En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también cree que el sector eléctrico debe servir para "mejorar la competitividad", pero "respetando escrupulosamente el marco competencial", y ha reclamado "reducciones" para algunos subsectores industriales.
La mayoría de la oposición defiende que se ha perdido una gran oportunidad para acabar con el oligopolio eléctrico y que el consumidor sigue desprotegido
Teresa Jordà (ERC) ha acusado al Gobierno de buscar proteger al oligopolio eléctrico "en detrimento claro" del autoconsumo y las renovables y "cargando" el déficit tarifario a los consumidores. "Es una gran estafa de la que se beneficiarán cuatro grandes compañías a costa de los consumidores y los contribuyentes", ha pronosticado, reclamando un cambio de modelo, una auditoría independiente de la deuda, y el fin de la "centralización y la invasión competencial".
Para Pedro Quevedo (CC-NC) ésta es una "enorme oportunidad perdida" porque se afronta el déficit tarifario de forma "inadecuada" y se "persiste en el castigo" a las renovables y el autoconsumo, a la vez que se produce una "invasión competencial". Finalmente, Carlos Salvador (UPN) considera que éste debería ser "un tema de Estado", lamentando que PP y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan importante para éste.
Sin comparecencias
Tras las críticas de la oposición por la premura con la que se ha tramitado la norma, el presidente de la Comisión de Industria, el 'popular' Pablo Matos, ha permitido a los portavoces disponer de cuanto tiempo necesitaran para exponer sus críticas y enmiendas. No obstante, se ha mantenido el rechazo del PP a aceptar comparecencias en este punto de la tramitación, petición ante la que CiU se ha abstenido.
En este sentido, los diferentes portavoces han lamentado esta negativa que habría redundado en una "mayor transparencia" y una "mejor conexión" del Parlamento con los ciudadanos y con las asociaciones civiles para saber su postura respecto de una reforma tan importante como ésta. Sin embargo, el 'popular' Ovidio Sánchez ha replicado que todos los grupos se han reunido con los grupos interesados y que son los diputados quienes representan a la sociedad.
