Alberto Rodríguez sigue luchando por recuperar su escaño. Si ayer envió una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para reprocharle que actuó sin base legal, ahora se acaba de dirigir al Tribunal Supremo para solicitar que se suspenda la ejecución de su condena. El exsecretario de organización de Podemos reclama a la Sala de lo Penal que le juzgó y condenó por agredir a un policía en 2014 que suspenda provisionalmente la ejecución del fallo que le condenaba a mes y medio de cárcel.
En este nuevo escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el ya exmiembro de la formación morada carga contra el tribunal que le juzgó por la celeridad con que se ha ejecutado la condena (pese a haber tardado siete años en juzgar los hechos) y arremete con dureza contra Batet por, según alega, interpretar el fallo del Supremo. Su defensa, que ya ha anunciado que dará la batalla en el Tribunal Constitucional y en Europa, insiste en que la resolución no implicaba la retirada de su escaño en la cámara baja, sino que simplemente le inhabilitaba para el sufragio pasivo en el tiempo en el que durase la condena.
Por ese motivo pide al tribunal de la Sala Segunda del Supremo que suspenda de manera provisional la ejecución de su condena y, en caso de no acceder a la petición, que advierta a Batet para que ejecute la pena "en los mismos términos" en que viene establecida en la sentencia del pasado 6 de octubre. La presidenta del Congreso retiró el escaño a Rodríguez este viernes después de que el Supremo reiterase en sus oficios dirigidos a la cámara baja que la condena no daba lugar a error y que la pena accesoria impuesta (relativa a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo) era de obligado cumplimiento.
Sin embargo, la defensa de Rodríguez defiende que Batet se arrogó la potestad de sustituir la pena accesoria por una “privación del acta de diputado”. "No hace falta alcanzar la excelencia jurídica que tienen los miembros de esta Excma. Sala para comprender que la pena impuesta y la ejecutada ni son lo mismo ni conllevan la misma lesividad", reza el escrito, que añade que Batet modifica la sentencia del Supremo "asumiendo como propia la petición realizada por Vox".
Rodríguez, que anunció que no se querellará contra la dirigente socialista, también le reprocha que se apartara del criterio de los letrados del Congreso en relación al informe emitido la semana pasada, en el que plasmaban que podía seguir conservando su acta pese a la pena de prisión impuesta. El motivo esgrimido es que la pena de prisión decaía al sustituirse por la multa. Los letrados entendieron que la inhabilitación impuesta dejaba de ser de obligado cumplimiento al sustituirse la pena principal, que era la de cárcel.
Lo que razona la defensa de Rodríguez (que ejerce el abogado Gonzalo Boye) es que no han tenido margen de tiempo para poder interponer incidente de nulidad y, posteriormente, recurso de amparo ante el Constitucional en aras a agotar la vía interna y terminar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Teniendo presente la duración de la pena impuesta (...) parece razonable suspender la ejecución de esta en tanto en cuanto se puedan ejercitar los mecanismos sanadores que aún caben, como son el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la sentencia y, de ser necesarios, el de amparo", reza.
Al hilo recuerda que no existía la razón de urgencia para retirarle el escaño con tal celeridad y amaga con que la actuación que ha concluido con la retirada de su escaño en el Congreso se ha llevado a cabo "con evidente invasión de competencias y desapego al principio de separación de poderes".
