La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1968 y ponerlos a disposición de investigadores y personas interesadas.
La proposición, presentada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, ha sido aprobada tras el pacto de una enmienda transaccional entre populares y socialistas y da como resultado un texto en el que se pide al Gobierno que adopte las decisiones correspondientes teniendo en cuenta "la disponibilidad presupuestaria" de los departamentos ministeriales afectados. Se incide en este punto "como paso previo" para seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por parte del Consejo de Ministros, informa Efe.
El texto finalmente aprobado pide también al Gobierno "tomar las medidas" necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación, y los que sean desclasificados fruto de este proceso, "estén a disposición pública para su consulta". Además, pide cumplir los instrumentos internacionales firmados por España en relación con temas de archivo y documentación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos, y la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (18 de junio de 2009).
Revisión de la legislación de secretos oficiales
En su intervención, la diputada popular Rocío López, ha recordado que se "atiende" a las peticiones de forma individualizada y con "motivos técnicos" de cada uno de estos documentos. Por su parte, el diputado socialista, Germán Rodríguez, ha defendido que "procede en este momento" abordar una "revisión profunda" en la legislación de secretos oficiales "que nos equipare en materia de secretos oficiales a países de nuestro entorno", donde la única limitación son 50 años transcurridos desde la emisión del documento.
El diputado de La Izquierda Plural -IU, ICV-EUiA y CHA- Chesús Yuste, se ha hecho la pregunta de "qué hay que ocultar siglos después" en el planteamiento de la proposición: "por eso los papeles tienen que ser accesibles a la población después de 50 años". Toni Cantó, diputado por UPyD, se ha mostrado a favor de la "transparencia" y la "desclasificación" de este tipo de documentos.
