Semana negra para el PP. La declaración que Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, prestarán el próximo jueves ante el juez Pablo Ruz ya no es la única preocupación en la agenda de Génova 13 para estos siete días. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregado en la Audiencia Nacional un informe sobre la documentación intervenida tanto en la sede del partido como en las oficinas de Unifica Servicios Integrales SL, el estudio de arquitectura que se encargó de las obras de remodelación del edificio, en el que asegura haber encontrado numerosas irregularidades en la facturación de las obras realizadas en al menos cuatro de las plantas del edificio. El análisis recalca que todo apunta a que estos trabajos fueron presuntamente abonados en parte con dinero negro.
El magistrado afirma que tras el informe de la UDEF se puede "seguir sosteniendo, aún con mayor fundamento" que parte de la remodelación del edificio se pagó con la supuesta caja 'B'
A la vista del contenido del mismo, Ruz ha dictado este lunes un auto en el que, además de imputar a tres nuevos empleados de la mercantil que se encargó de los trabajos y citar a otras cuatro personas como testigos, asegura que se puede "seguir sosteniendo, aún con mayor fundamento" la existencia "en el seno del PP una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas" que se utilizó para pagar los trabajos en la sede 'popular'. El auto recoge parte del contenido del informe de la UDEF en el que se detalla, planta por planta, las irregularidades contables detectadas. Éstas se concentran supuestamente en la baja, tercera, cuarta y quinta, aunque también hay alusiones a la segunda e, incluso, a la séptima, donde está ubicado el despacho de Mariano Rajoy.
Para todas ellas, los expertos policiales describen un supuesto modo de actuación fraudulento similar con correlaciones de naturaleza "temporal, cuantitativa y subjetiva" con las anotaciones de los 'papeles de Bárcenas'. Así, los expertos policiales determinan que "existía una dualidad en la forma de pago de las obras" por parte del partido, de tal forma que había dos certificaciones de obra. Una de menor cuantía era creada para adecuar lo pagado a Unifica desde las cuentas bancarias del PP y que se correspondía con los presupuestos y las facturas de las obras que figuraban en las contabilidades oficiales. Junto a ella, había una segunda, de mayor cantidad, que era la que reflejaba el verdadero importe de los trabajos. La diferencia entre éstas y las primeras se abonaba "con fondos ajenos al circuito económico financiero, correspondientes con las anotaciones procedentes de la contabilidad cuya llevanza correspondía a Luis Bárcenas", según detalla el juez en su auto. Estos pagos, añade, no se reflejaron "ni en la facturación ni en la contabilidad oficial".
El informe destaca también que las supuestas irregularidades de Unifica Servicios Integrales no se limitaron a las obras del Génova 13 y destaca que sus dos máximos responsables, Gonzalo Urquijo y su socia Belén García, tenía un patrimonio oculto en bancos de Suiza, Canadá y Luxemburgo cuyos fondos regularizaron en la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro de 2012. Cada uno de ellos, pagó entonces 109.445 euros para regularizar algo más de un millón de euros. Por ello, la Policía ha pedido al juez Ruz que reclame a la Agencia Tributaria la Declaración Tributaria Especial que Urquijo y su socia hicieron así como las que pudieron haber hecho también seis empresas ligadas a ambos, entre ellas la propia Unifica Servicios Integrales SL.
Amplio cruce de datos
La documentación utilizada por la UDEF para elaborar su informe ha sido muy abundante. Por un lado está la recopilada en soporte papel relacionados con la reforma que los agentes recogieron en Génova 13. Nada menos que 5.068 facturas, certificados, proyectos, actas y licencias". Una elevada cifra que contrastaba con la que el pasado mes de agosto la propia formación remitió al juez Ruz a requerimiento de éste y que sólo ocupaba 520 folios a pesar de que el magistrado había exigido el envío de "toda" la información que obrase en poder del partido sobre aquellos trabajos. De hecho, fue un escrito del PP remitido a la Fiscalía Anticorrupción para rebatir un informe de la UDEF sobre el supuesto pago en negro de las obras y que contenía 12 documentos que en su día los 'populares' no había facilitado al magistrado lo que provocó que éste ordenara el registro de facto del edificio.
La Policía ha tardado meses en cruzar la abundante documentación en papel e informática que intervino en los registros del estudio de arquitectura y de Génova 13
Además los agentes intervinieron durante su visita a la sede 'popular' abundante material informática pese a que, como reflejó el acta de registro, varios buzones de correos electrónicos habían sido borrados. En concreto, los de Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, los otros dos integrantes del equipo financiero del PP que están imputados en la causa junto al político ahora encarcelado. Así, hallaron material "relevante" en el buzón de Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y jefe de seguridad de la formación hasta que estalló el escándalo de las cuentas en Suiza. En concreto, 16 correos electrónicos. La Policía también revisó los buzones de 'email' de las dos cuentas que el propio Bárcenas tuvo en el partido, aunque en ninguno se encontró información "relevante a los fines de la investigación", así como las de otros empleados del partido que ya han acudido a la Audiencia Nacional a declarar dentro de la investigación sobre la supuesta caja 'B' de la formación, como el cajero Luis Molero (citado ahora de nuevo) y la jefa de contabilidad, Milagros Puentes, así como de dos secretarias y otros tantos auditores.
Todo ello ha sido cruzado con la documentación intervenida en septiembre en Unifica Servicios Integrales SL, la empresa de Gonzalo Urquijo. Aquí se encontró también numerosas documentación en papel, pero sobre todo numerosa documentación informática cuyo tratamiento ha retrasado varios meses el análisis policial. Un informe elaborado por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) reconocía el pasado mes de febrero que los expertos tardaron cerca de un mes sólo en hacer un “filtrado selectivo de la información contenida” en la decena de dispositivos informáticos intervenidos en aquel registro, y que incluían ‘pendrives’, CD, tabletas, discos duros y ordenadores, varios de ellos del propietario de la compañía. Una vez realizada esta labor, a los agentes de la UIT les llevó dos meses más poder procesar los 118.000 'emails' que se intervinieron en el servidor y que pertenecían a 25 cuentas de correos distintas. Su volumen obligó a los policías a utilizar dos discos duros de uno y dos terabites para su almacenaje.
