El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no permitirá de ninguna forma que el expresidente catalán Carles Puigdemont tenga escoltas en Bruselas. Este sindicato de la Policía Nacional ha anunciado a Vozpópuli que tomará acciones legales en caso de que se trasladen efectivos policiales a Bélgica o a otro país para proteger a este prófugo de la justicia. "Contra el responsable que dicte la resolución favorable", explican fuentes de la entidad sobre la dirección de su posible querella.
"Si se diese la eventual circunstancia de trasladar escoltas a Bélgica o a otro país para dar seguridad personal al prófugo Puigdemont mientras la ley de amnistía no entre en vigor, el SUP tiene preparada una querella por malversación y prevaricación administrativa", explican fuentes del sindicato.
Para el SUP, poner escolta a Puigdemont sería "un desvío de dinero público injustificable y el responsable que dicte a sabiendas de su injusticia dicha resolución favorable, será denunciado ante la Autoridad judicial, bien sea la Secretaría de Estado de Seguridad u otra Administración". "Mientras la ley de amnistía no entre en vigor, Puigdemont es un prófugo que se ha sustraído de la acción de la justicia y sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención", critican desde el sindicato.
Desde este sindicato, recuerdan que Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco fueron asesinados por ETA "sin proporcionales una escolta policial, cuanto menos aquel que busca como único fin humillar y someter a las instituciones del estado". La polémica por la escolta de Puigdemont en Bruselas ha saltado a los medios en los últimos días.
El coste de la seguridad de Puigdemont
Los Mossos d'Esquadra serían los escogidos para realizar esta labor si reciben la autorización del Ministerio del Interior, algo que no está claro, ya que con la ley sobre la mesa no podrían desempeñarla esta función al desarrollarse fuera de Cataluña. El dispositivo de seguridad de Puigdemont constaría de cuatro agentes como mínimo y ascendería a más de 300.000 euros para las arcas públicas debido a las dietas que se cobran en el extranjero, según informan fuentes policiales a Vozpópuli.
Un agente de los Mossos cobra un mínimo anual de 43.000 euros brutos. Este trabajo en Bruselas conllevaría un incremento de 209 euros al día en concepto de dieta internacional. Descontando días libres y vacaciones tendría un salario anual de unos 74.500 euros. El dispositivo de escolta de Puigdemont debería contar mínimo con cuatro efectivos. El montante total se elevaría a una cantidad cercana a los 300.000 euros que debería aportar Cataluña. No es descartable que esta acción recaiga en manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil aunque no es la preferida por las partes actoras de todo el dispositivo.
Un prófugo con escolta
Consultado sobre este asunto, el sindicato Jupol ha considerado a Vozpópuli que esta situación sería una "contradicción y una aberración". "Que los contribuyentes españoles tengan que hacerse cargo de la escolta de una persona huida de la justicia e investigado por delitos muy graves, incluso el de terrorismo", indican fuentes de la entidad.
Desde JUPOL instamos a Puigdemont a que "si cree que está comprometida su seguridad a quien debería solicitar la protección sería a las autoridades belgas, ya que es donde reside actualmente o bien a los servicios de seguridad del Euro Parlamento en su calidad de eurodiputado".
La polémica sobre este asunto saltó a la palestra este martes cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Ministerio del Interior tramitará la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont de tener escoltas: "Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber".
Dudas con la escolta en Bruselas
Un día antes, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, volvió a pedir por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la "peligrosidad y el riesgo hacia su persona" detectado "desde hace algunas semanas".
Sin embargo, fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat consultadas por EFE recordaron que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.
Precisamente, sobre este asunto, el departamento de Fernando Grande Marlaska ha dejado el balón en el tejado de la Genetalitat. Afirman que son ellos quienes deben responder a la petición de Puigdemont de tener escoltas de forma inmediata.
La polémica escolta de Puigdemont
Defienden que el Gobierno catalán será el encargado de decidir si el expresidente cumple con los "criterios técnico-policiales" para tener escolta. Desde Interior afirman que si este operativo se desarrolla en el extranjero el país debería autorizar la entrada de los agentes para defender la integridad de Puigdemont.
l servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde su huida de España en 2017 diferentes polémicas.
La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente. En abril de 2018, según EP, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo al Gobierno el exjefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra.
Arcano1964
Pero como le retuerce la mano Puigdemont a Sánchez... todo le parece poco Y bien por el SUP: si alguien le firma la orden, que lo explique al juez