Los más de 200.000 funcionarios que trabajan a cuenta de la Generalitat catalana ya disponen de unos modelos de reclamación y formularios para, llegado el caso, solicitar a sus superiores y por escrito la orden que les reclaman en el caso de que ésta vaya en contra del Estatut y de la Constitución. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones, ha elaborado un protocolo de actuación que pretende blindar a los funcionarios catalanes y protegerles ante órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse si se conforma un gobierno catalán que les reclama "no acatar las leyes constitucionales".
Hasta el próximo 9 de enero hay tiempo para que el Parlament convoque otros debates de investidura y, tras las elecciones del 27 de septiembre, los independentistas de Junts pel Sí y de la CUP suman 72 escaños. Las dos formaciones, que no han firmado todavía el acuerdo de investidura del candidato Artur Mas, ya aprobaron una resolución en el Parlament que "iniciaba la República catalana y reclamaba desobedecer al Tribunal Constitucional dando prioridad a las leyes catalanas respecto a las españolas".
La central ha aprobado un seguro gratuito para cubrir a aquellos afiliados que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo
"Indefensión jurídica"
"Estamos ante una indefensión jurídica, porque si el próximo Govern nos ordena no obedecer leyes estatales o al Constitucional nosotros como empleados públicos necesitamos de la protección legal suficiente para no tener problemas judiciales", explica a Vozpópuli Juan María, un funcionario que trabaja en una conselleria de la Generalitat vinculada al ámbito de las ayudas sociales.
Para resolver las dudas legales de éste y otros miles de funcionarios catalanes que no quieren desobedecer la ley actual –el Estatuto de Autonomía y la Constitución de 1978- el sindicato CSIF ofrece una serie de pautas, desde el punto de vista jurídico, ante la disyuntiva o situaciones de presión que pudieran generarse en un empleado público ante una orden o instrucción de un superior jerárquico. Además, el comité ejecutivo de esta central ha aprobado la puesta en marcha de un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.
Órdenes por escrito
Desde el sindicato recomiendan a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario de no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
"La Generalitat puede actuar administrativamente contra un funcionario si no cumple una orden suya y la Administración General del Estado puede actuar judicialmente contra él si entiende que ha cumplido una orden que no tenía que cumplir. Haga una cosa o la otra, el trabajador puede tener problemas. Eso es lo que tratamos de resolver", destacan desde CSIF.
