El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite dos querellas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que no reveló secreto alguno de la investigación penal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal sigue el criterio de la Fiscalía y expone que Montero, a quien se le atribuía dos delitos, no reveló “ningún dato personal y reservado”.
El Supremo responde a dos querellas interpuestas por la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa contra la ministra Montero por delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Los querellantes pidieron investigar unas declaraciones efectuadas por la titular de Hacienda el pasado 12 de marzo en las que apuntó que la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que dar explicaciones por vivir en un piso "que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública".
Los querellantes expusieron que dichas afirmaciones -en las que apuntó, además, que el piso se había pagado con comisiones respecto a una operacion de mascarillas- evidenciaban que la ministra había tenido acceso a información reservada sobre Alberto González Amador. Por ese motivo interpusieron querella en el alto tribunal, dado que es el órgano competente por su condición de aforada.
El Supremo descarta el delito
En su respuesta, el alto tribunal explica que, en connivencia con lo mantenido por la Fiscalía, "los hechos recogidos en las querellas no revisten los caracteres de los delitos de revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos". Según precisan, la noticia relacionada sobre la actuación de González Amador ante la Agencia Tributaria se había difundido en los medios desde primera hora de la mañana de aquel 12 de marzo.
En concreto, fue elDiario.es el que publicó la noticia a las 6:01 horas de la mañana. En la información se precisaba que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigado por la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude fiscal cercano a los 351.000 euros entre 2020 y 2021, para el que se habría valido de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Ningún dato personal reveló del Sr. González Amador. Se limitó a dar su opiinón sobre lo que, a su juicio, debería hacer la presidenta (auto del Supremo)
"El que la noticia inicialmente no contuviera referencia expresa a que todas o parte de las ganancias a que se refería la defraudación pudieran estar relacionados con ingresos por comisiones por la venta de material médico no implica que esta circunstancia no fuera ya conocida por los medios", reza el auto del que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela.
Por ello, el Tribunal Supremo concluye que, cuando la ministra Montero efectuó dichas manifestaciones, la denuncia de la Fiscalía y su contenido (entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria) "ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos". "Ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos. No puede, por tanto, estimarse cometido el delito de descubrimiento y revelación de secretos", sentencia.
Ofensiva judicial del novio de Ayuso
Este archivo se conoce apenas días después de que el Tribunal Supremo haya dado luz verde a investigar al fiscal general del Estado precisamente por revelación de secretos con la investigación a González Amador. A diferencia de lo expresado con la ministra Montero, en el caso de Álvaro García Ortiz la Sala Segunda al completo considera que hay indicios para abrirle causa a tenor de la filtración de correos electrónicos sobre estas pesquisas.
Cabe recordar que tras la publicación de una información relativa a que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario, García Ortiz ordenó recabar todos los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado fiscalista de González Amador, para desmentir dicho extremo. En apenas unas horas, el Ministerio Público preparó y difundió una nota informativa que evidenciba que fue el abogado quien reconoció los hechos y ofreció una conformidad.
Con todo, el Supremo pondrá el foco en la filtración de los correos del fiscal Salto, los cuáles se difundieron en prensa apenas minutos después de reclamarlos el fiscal general y recibirlos en su cuenta de correo. Precisamente, González Amador ha solicitado como primera diligencia en el alto tribunal que se recaben sus comunicaciones para investigar el rastro de las mismas.
Del mismo modo ha abierto un frente judicial contra varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por llamarle "delincuente". El empresario -que también actúa contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha convocado a un acto de conciliación y le solicita una indemnización de 100.000 euros por las palabras "ofensivas".
