El Tribunal Supremo ha rechazado archivar la investigación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado, pretendía que la causa fuera sobreseída alegando la supuesta “falta de legitimación del partido político recurrente”, el PP. Sin embargo, el Alto Tribunal ha decidido aplazar la resolución sobre ese aspecto, por lo que mantiene activa la causa en la que se esclarece la idoneidad del nombramiento de Delgado.
Así lo acuerda la sección cuarta del Supremo en un auto en el que resuelve sobre las alegaciones de la Abogacía del Estado pidiendo que se rechazara el recurso contencioso administrativo promovido por el PP para que se anulase el nombramiento de la fiscal general por su vinculación con el partido al frente del Gobierno, habiendo sido poco antes ministra de Justicia y diputada del PSOE.
“El óbice procesal suscitado se encuentra, en este caso, entrelazado con las consideraciones de fondo que no podríamos sortear si abordáramos ahora el examen de la falta de legitimación”, expone el Alto Tribunal en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli: “Esta singular conexión, expresado en los trámites y la naturaleza de este tipo de nombramientos aconseja, por tanto, que el recurso deba seguir sustanciándose hasta su conclusión por sentencia, en la que se examinará dicha falta de legitimación y, en su caso, el fondo del asunto”.
Demanda del PP
El PP presentó esta demanda el pasado mes de agosto al entender que el nombramiento de Delgado constituye "una desviación del poder al ser un fraude constitucional". Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible para este nombramiento dada su "vinculación inequívoca" con el PSOE y el Gobierno, que con su nombramiento solo persigue "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación".
La Abogacía del Estado cuestionó la capacidad del PP para presentar la demanda, alegando que no se podía tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimación activa de los partidos políticos
Sin embargo, la Abogacía del Estado cuestionó su capacidad para presentar la demanda, alegando que no se podía tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimación activa de los partidos políticos, al entender que la "designación incorrecta" de Dolores Delgado es "susceptible" de afectar a los procedimientos judiciales en los que pueda estar inmerso el PP o alguno de sus miembros. Además, entiende que "como primer partido de la oposición" debe además ejercer el control sobre los actos del Gobierno, "interponiendo recursos ante la jurisdicción ordinaria y constitucional".
