El comisario José Villarejo ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que acusa de denuncia falsa. En un escrito de 119 folios, el polémico mando reivindica su derecho a ejercer la acusación particular como perjudicado directo y se basa en la exposición razonada que elevó al alto tribunal el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras sus pesquisas en el caso Dina.
Esta querella sería paralela a esa exposición razonada ante la que el Supremo debe tomar una decisión antes de solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar a Iglesias. En su caso, el juez de la Audiencia Nacional incluía además los delitos de revelación de secretos y daños informáticos ocasionados a la tarjeta del móvil de su exasistente Dina Bousselham.
Villarejo dirige su querella también contra la propia Bousselham, la exabogada de Iglesias Marta Flor Núñez y la diputada de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo. A estas dos últimas las considera cooperadoras necesarias. Es la condición de aforados de Elizo e Iglesias lo que lleva al polémico mando a dirigir sus acciones directamente ante el Supremo. El excomisario se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 acusado de diversos delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal.
Calvente como testigo
La querella a la que ha tenido acceso este periódico también pide que se cite como testigo al exabogado del partido, José Manuel Calvente. Fue cesado en 2019 bajo la acusación de acoso sexual a una compañera, unos hechos que fueron archivados en los tribunales. Recientemente Vozpópuli avanzó que el partido ha reconocido que aquel despido fue improcedente y se comprometió a pagarle 35.000 euros en concepto de indemnización.
Villarejo quiere que el Supremo escuche a Calvente porque en su día declaró en la Audiencia Nacional también como testigo que la cúpula del partido urdió un “montaje” para presentarse en los tribunales como víctimas de las llamadas cloacas policiales y así sacar rédito político. Fue una estrategia judicial en torno al robo del móvil de Dina Bousselham en un Ikea de Alcorcón a finales de 2015.
El contenido de ese teléfono acabó meses después publicado en varios medios de comunicación. Las informaciones eran perjudiciales para Podemos y su líder y desde el partido pensaron que había sido una acción coordinada por la cúpula policial que ya entonces había impulsado informes apócrifos como el que vinculaba a la formación con una presunta financiación ilegal iraní o un pago del régimen chavista en una cuenta radicada en un paraíso fiscal.
En caso de que el Tribunal Supremo lo considere, tendrá que dar traslado a Fiscalía para que fije posición al respecto. Al menos la Fiscalía Anticorrupción que investiga a Villarejo en la Audiencia Nacional ya remitió a sus compañeros del Tribunal Supremo el mes pasado un escrito interno en el que se oponían a la exposición razonada elevada por el juez del caso Dina.
