Telefónica ha puesto en stand by la venta de su filial en Perú. Lo hace, según fuentes conocedoras de la situación, por la compleja situación económica que atraviesa la filial. Si bien se desarrollaron importantes conversaciones con importantes inversores locales, tal y como adelantó este periódico, los interesados han pedido más tiempo para analizar detalladamente los pros y las contras de una posible adquisición.

En los últimos días, detallan las fuentes consultadas, los dirigentes de Telefónica del Perú se vieron las caras con los potenciales inversores, pero no hubo estrechón de manos. Esta situación ha provocado que la operadora haya encargado a Rothschild potenciales compradores de la filial, que se declaró en concurso de acreedores el pasado 14 de febrero.

Los mejor colocados hasta la fecha eran los ex dueños de Win, una empresa peruana de fibra óptica. Carlos Torres y Eduardo Barriga preguntaron en diciembre, antes de que Telefónica declarara concurso de acreedores en Perú, por la filial. La gran base de clientes que tiene en líneas fijas, líder indiscutible del mercado, despertó el interés en los empresarios.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que recientemente volvieron a ponerse en contacto ambas partes, pero la operadora y los compradores decidieron “pausar las conversaciones”.

Moody´s pone el foco

Y es que, Telefónica del Perú recibió un importante revés recientemente a nivel financiero. La agencia de calificación crediticia Moody´s advirtió a sus clientes “de la alta probabilidad” de impago de la deuda por parte de la filial de la compañía española. 

“Moody's Local Perú considera que el PCO (el concurso de acreedores) y las medidas posteriores llevadas a cabo para reclamaciones potenciales en otras jurisdicciones constituyen un evento similar a un default (impago) dada su naturaleza de reestructuración para evitar la quiebra o el incumplimiento de obligaciones”, subraya el documento.

En concreto, recalca la “alta probabilidad de incumplimiento de las obligaciones» pactadas en un principio para 2025, lo cual tiene el riesgo potencial de «constituir pérdidas económicas para los acreedores”, a los cuales la compañía adeuda en torno a 1.240 millones de euros.

Moody’s ha rebajado la calificación CRF (de familia corporativa) y la de deuda senior no asegurada de la filial andina de Telefónica de Caa3 a C.

La compañía de telecomunicaciones, para solventar la delicada situación económica que atraviesa la filial en Perú, se vio en la obligación inyectar .300 mi­llones de euros a través del Telefónica Hispam entre prés­tamos desde la ma­triz y ca­pi­ta­li­za­ciones de deuda. 

Las cuentas de 2024, presentadas recientemente, no fueron nada positivas. De hecho, la compañía aseguró que los resultados globales estuvieron impactados por la situación en Perú. La filial registró unas pérdidas netas de unos 872 millones de euros, lo que supone quintuplicar la cifra respecto al mismo período del año anterior. 

La sociedad peruana también declaró una facturación por valor de 1.548 millones de euros, recortando un 7% sus registros del año 2023. Bajo este contexto, la empresa de telecomunicaciones ha puesto “en revisión” el futuro de la compañía en Perú. “Todas las opciones están abiertas”, dijo Marc Murtra durante la rueda de prensa de los resultados de 2024.

Litigios con Perú

En 2023, el Estado peruano impuso una sanción económica a la filial de Telefónica en el país por valor de 780 millones de euros, por un litigio fiscal que ya se extiende en el tiempo por más de diez años. 

La operadora llegó a pagar el año pasado una cantidad cercana a los 350 millones de euros a la Hacienda de Perú por una sentencia judicial ligada a la no declaración del Impuesto de la Renta de los años 2000 y 2001. “Años después, a raíz de un proceso de fiscalización, la Sunat objetó deducciones de gastos, lo que llevó a Telefónica a aceptar y pagar una parte de ellas. Asimismo, incluyó otros recursos relacionados principalmente con la provisión por cobranza dudosa e intereses financieros, que fueron motivo de disputa en un proceso que ha durado más de dos décadas”, indicó la operadora.

No obstante, la empresa no se da por vencida. Telefónica ha reclamado los impuestos ya pagados por un valor de unos 523 millones de euros a la Hacienda peruana (Sunat). En el segundo ejercicio se aluden a otras exigencias fiscales, de hasta 647,2 millones de dólares, (592 millones de euros), cuyas reservas se anotaron en las cuentas de la compañía de ejercicios precedentes.

A las cifras anteriores se añaden otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros), relacionadas con el perjuicio emergente, de costes de asesores legales y fiscales, así como del establecimiento de fianzas en procesos locales. También, en este montante, se recogen posibles daños y perjuicios que reclama la operadora.

Conviene recordar que Telefónica y Perú mantuvieron otro litigio. Sunat abrió expediente en 2021 para investigar a Telefónica por su relación con los proveedores. En concreto, el organismo estudió las prácticas utilizadas por la operadora, que centraliza las compras en Alemania, por si consistían en un esquema basado únicamente en una optimización fiscal. En el país germano, tiene créditos fiscales que reducen la tributación por debajo del 15%.

• Tags
• Telefónica
• Telefonía
• Telecomunicaciones
• Perú