Moncloa tendrá que esperar para renovar el Tribunal Constitucional. El CGPJ prevé mantener su hoja de ruta relativa a las negociaciones, frente a la presión del Ejecutivo que este mismo martes anunciaba sus dos candidatos para el tribunal de garantías. Pese a la premura, y a defender que pueden actuar sin tener que esperar al órgano de gobierno de jueces, el Tribunal Constitucional pretende aguardar a tener los cuatro nombres sobre la mesa y examinar su idoneidad de manera conjunta.
Fuentes del CGPJ consultadas por Vozpópuli explican que el sentir mayoritario del Consejo es el de mantener el calendario fijado. Ello implica que los equipos del sector progresista y conservador seguirán adelante con sus encuentros para poder consensuar los dos nombres. Este mismo miércoles tienen una nueva reunión en aras a avanzar en la elección de los candidatos. Los progresistas urgen a alcanzar el pacto e incluso el presidente en funciones, Rafael Mozo, también apremia al acuerdo, pero el bloque conservador se ciñe a las fechas señaladas.
El ala progresista, de hecho, ya puso sobre la mesa una lista de potenciales candidatos. Finalmente dejaron claro que su opción para el Tribunal Constitucional es el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo José Manel Bandrés. El equipo conservador sigue barajando nombres, aunque suenan con especial fuerza el del magistrado del procés, Pablo Llarena, así como el también magistrado y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar.
"Perfiles extraídos del Ejecutivo"
El objetivo de ambas partes es llegar al Pleno de diciembre con los dos nombres elegidos. Vocales de ambas sensibilidades dan por hecho que el día 22 del próximo mes habrá votación, lo que no está tan claro es que dicha diligencia vaya aparejada a la elección de sus candidatos. Máxime tras conocer los del Gobierno. Se trata del exministro de Justicia y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Carlos Campo, y de la que fuera directora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez.
"Son perfiles tremendamente marcados y extraídos del Ejecutivo", rezan voces del ala conservadora del CGPJ a este medio. Las fuentes consultadas insisten en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado la línea con este movimiento y que el mismo denota la intención no solo de inclinar la actual mayoría conservadora en progresista, sino también de politizar el tribunal de garantías.
Frente a ello se posiciona Moncloa. El Gobierno tiene prisa por nombrar a sus propuestas e insiste en que tanto Campo como Díez cumplen con los requisitos y son candidatos idóneos. Además, defiende la tesis de que pueden actuar al margen del CGPJ a tenor de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En concreto Félix Bolaños se amparó este miércoles en una sentencia del 15 de noviembre de 2016, según la cual el Tribunal Constitucional podría nombrar únicamente a los dos nombres del Ejecutivo si el otro órgano está retrasando la diligencia.
La urgencia de Sánchez
Sin embargo, tanto en el tribunal de garantías como en el Consejo se apela a la Ley, la cual contempla que la renovación de este órgano es por tercios. El ala conservadora de la judicatura entiende el movimiento del Ejecutivo como un intento a la desesperada para renovar un tribunal que debe resolver sobre recursos clave como el interpuesto por el PP contra la ley del aborto, la eutanasia o la ley Celaá; sin olvidar los indultos de los condenados por los ERE o los recursos que entren sobre las derivadas del procés.
El Gobierno interpreta que hay bloqueo pero es una cuestión política, no jurídica. Se debe nombrar por mayoría cualificadaCatedráticos de derecho penal
Catedráticos en derecho penal consultados por este medio explican que la gran duda reside, precisamente, en si el Gobierno puede nombrar a sus dos cargos de manera individual, o bien debe esperar al CGPJ. El Gobierno entiende que el incumplimiento del CGPJ del plazo legal para nombrar les facilita mover ficha, pero los expertos no hacen la misma lectura. "El Ejecutivo interpreta que hay bloqueo, pero es una cuestión política, no jurídica. Se debe nombrar por mayoría cualificada", explican los expertos.
Misma tesis se defiende desde el CGPJ. "El TC se renueva por tercios, no por sextos", dicen, apelando al artículo 159.3 de la Constitución, el cual dispone que los miembros del Constitucional se designan por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes de cada tres. Teniendo en cuenta que lo componen 12 miembros y que hay que renovar cuatro mandatos caducados en junio (incluido el del presidente Pedro González-Trevijano), no cabría una renovación de solo dos cargos.
El TC espera pero apremia
Es por ello que el Tribunal Constitucional prefiere esperar a que el CGPJ se pronuncie. Las fuentes consultadas por este medio explican que, en cuanto reciban comunicación del Consejo de Ministros relativa a sus dos propuestas, darán traslado de la misma al órgano de gobierno de jueces. El objetivo es apremiarles para que actúen con celeridad y se examine su idoneidad de manera conjunta.
El TC prefiere esperar a que el CGPJ se pronuncie, pero apremia al Consejo a nombrar a sus dos candidatos. De dilatar los plazos no se descarta dar posesión únicamente a Juan Carlos Campo y Laura Díez
El trámite consiste en valorar si cumplen o no los requisitos legales para ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional. La Ley estipula que deberán ser nombrados juristas de reconocida competencia (magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados) con más de quince años de ejercicio profesional.
Así pues, se aguardará al pronunciamiento del CGPJ, pero se confía en que sea incluso antes del Pleno convocado para el 22 de diciembre ya que, de no hacerlo, implicaría que la renovación es prácticamente imposible hasta el próximo año. Tanto es así que las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este medio explican que el mero hecho de dar traslado de la comunicación formal del Gobierno al CGPJ se debe entender como un recordatorio de que tienen que nombrar a sus candidatos, trámite que tendrían que haber acometido por ley antes del pasado 13 de septiembre.
De continuar dilatando el Consejo su decisión, podría ocurrir que el Tribunal Constitucional reconsiderase su postura oficial de aguardar a sus dos propuestas y dar posesión a los dos nombres que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo.
