La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense está recopilando los registros telefónicos de millones de clientes de Verizon, una de los principales operadores de telefonía del país, siguiendo una orden judicial secreta dictada en abril, según publicaba este miércoles el periódico ‘The Guardian’. La orden del Tribunal de Inteligencia y Vigilancia Exterior (Fisa) exige un “reporte continuo” de todas las llamadas registradas dentro de Estados Unidos y también las mantenidas con el extranjero durante un periodo concreto de tres meses, que finalizaría el 19 de julio.
El documento, al que ha tenido acceso el diario británico, demuestra por primera vez que la Administración Obama ha estado recopilando de manera indiscriminada los registros de sus ciudadanos, sin tener en cuenta si son o no son sospechosos de cometer cualquier delito. La orden permite registrar todos los datos referentes a los números de teléfono implicados, la duración de la llamada y la localización de cada uno de los interlocutores. Sin embargo, respeta el contenido en sí de las llamadas.
Se trata de un caso muy poco común dado su carácter general, ya que el Tribunal de Inteligencia y Vigilancia Exterior suele encargar ‘pinchazos telefónicos’ muy concretos a sospechosos de pertenencia a grupos terroristas o a agentes extranjeros.
Esta revelación reaviva un viejo debate en Estados Unidos sobre la privacidad de las casas y el adecuado uso del Gobierno de su potestad para ‘espiar’ a sospechosos. Bajo el mandato de Bush estas prácticas secretas de la NSA ya saltaron a los rotativos, aunque es la primera vez que se conoce que se han mantenido en el tiempo bajo el mandato del presidente Obama.
Se desconoce si Verizon es el único operador telefónico afectado por la ordenanza, aunque ejemplos anteriores han probado que la NSA recopila llamadas de todas las principales compañías de telefonía móvil. Tampoco queda claro si el documento filtrado, cuya vigencia es de tres meses, se corresponde a una orden única o la más reciente de una serie de órdenes similares.
A pesar de que ‘The Guardian’ intentó ponerse en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad, la Casa Blanca y con el Departamento de Justicia para comentar la noticia, todos declinaron hacer declaraciones al respecto.
