La información que ofrecen los medios de comunicación españoles se encuentra amenazada por diversos factores políticos y económicos que suponen un serio riesgo para su transparencia y su veracidad. Un informe, elaborado por el Instituto Universitario Europeo y cofinanciado por la UE, pone el acento sobre la poca claridad que existe acerca de los criterios del reparto de publicidad institucional y sobre la consabida falta de independencia de empresas públicas de noticias. También avisa del peligro que supone para la pluralidad de estos negocios y para la libertad de expresión algunas de las leyes españolas. Entre las más polémicas, sitúa a la conocida como 'Ley Mordaza'.
Dentro de un sector sometido históricamente a presiones políticas, empresariales y profesionales, este estudio alerta especialmente sobre los riesgos (medio y alto) que amenazan a la pluralidad de la prensa, la radio y las televisiones en España, un país al que sitúa en este concepto a la cola de Europa junto a Polonia, Lituania, Luxemburgo y Finlandia.
El estudio califica como "controvertidas" determinadas decisiones tomadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña
La principal asignatura pendiente, en este sentido, es la falta de una norma que prohíba expresamente la propiedad cruzada de medios de comunicación. Es decir, que una misma persona controle varias empresas dentro del sector y tenga la capacidad de moldear la opinión pública en función de sus intereses. En este sentido, reconoce que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de una “posición privilegiada” para evitar los efectos negativos que generan las concentraciones de medios. Sin embargo, incide en que en algunas ocasiones no ha aplicado las normas “estrictamente”. Tampoco lo ha hecho el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que considera que ha tomado decisiones “controvertidas” a lo largo de su historia.
Uno de los datos que el estudio toma como referencia para advertir de los riesgos de falta de pluralidad en España es que el 58% del mercado está controlado por sólo tres empresas. “La propiedad de medios cruzados causa una gran preocupación a los autores del estudio, ya que no existen reglas que la eviten” ni parece que a corto plazo se vayan a plantear, precisa el trabajo, que también denuncia la falta de transparencia sobre la propiedad de los periódicos escritos y digitales.
Dependencia del poder político
El informe también denuncia la falta de independencia del poder político por parte de los medios de comunicación de titularidad estatal. Los autores lamentan, en este sentido, que el Gobierno cambiara la ley en 2012 para poder nombrar al presidente y a los consejeros de Radiotelevisión Española (RTVE) sin necesidad de alcanzar un consenso político con las demás fuerzas parlamentarias. En concreto, lo hizo mediante un Real Decreto que permitía elegir a estos gestores por mayoría absoluta, en lugar de con el voto positivo de 2/3 de los diputados, como hasta entonces.
En el documento se reconoce la existencia de mecanismos de control sobre la información que ofrecen los telediarios, como son la Comisión Mixta Parlamentaria o los consejos de informativos, pero se incide en que, en la práctica, son "ineficaces". Sobre los medios públicos, también señala que no hay un órgano que vele porque los fondos públicos que se asignan a la corporación se utilizan para cumplir el servicio público, y no para otros fines.
"Los criterios de distribución de la publicidad institucional no son claros y no tienen en cuenta la cuota de audiencia de los medios"
Las injerencias del poder político no sólo se producen en las empresas públicas, sino también en las privadas. El estudio destaca la falta de transparencia que existe a la hora de asignar la publicidad institucional a los medios de comunicación y sugiere que las diferentes Administraciones utilizan estas partidas para beneficiar a la prensa afín. Un secreto a voces. "Una comisión distribuye financiación según unos criterios determinados, pero estos criterios no son claras, y no tienen en cuenta la cuota de audiencia", precisa.
Sirva como ejemplo de esta práctica la información que distribuyó la pasada semana la web Filtrala.org, relativa al dinero que repartió el Ayuntamiento de Madrid entre los medios durante la anterior legislatura. Entre 2013 y 2015, el diario la Razón (549.000 euros) recibió una partida mayor que El País (400.000), El Mundo (400.000) y 20 Minutos (350.000), pese a que los tres últimos le superan ampliamente en difusión. Si el fin último de la publiidad institucional es dar a conocer a los ciudadanos determinados proyectos de la Administración, no parece lógico que sean los medios de comunicación con una menor audiencia los que reciban un "premio mayor" en este concepto.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe sostiene que la 'Ley Mordaza' puede hacerle peligrar e impedir que los ciudadanos sean conscientes de determinadas actuaciones por parte de las autoridades políticas o policiales. "Puede disuadir a los ciudadanos de expresar sus puntos de vista sobre asuntos de interés común y podría limitar la cobertura de prensa de las manifestaciones por periodistas profesionales.", concluye.
