La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para los periodistas del diario ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, acusados de un delito de revelación de secretos, por publicar el contenido de una escucha telefónica a dos investigados de la mafia italiana que hablaban sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Morcillo y Muñoz publicaron el 11 de julio de 2014 una noticia que titulada "Bárcenas a un capo de la Camorra: política y mafia son lo mismo", revelaba una conversación intervenida a un miembro de la mafia italiana en la que afirmaba conocer a Bárcenas.
La defensa de los periodistas pidió en septiembre a la Audiencia de Madrid el archivo de las actuaciones, un recurso pendiente de resolverse mientras que la juez de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, acordó el pasado miércoles la apertura de juicio oral. Además de los dos años y medio de prisión para los dos redactores, la Fiscalía solicita veinte meses de multa con cuota de 50 euros diarios y la acusación ejercida por Bárcenas pide tres años de cárcel.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal sostiene que su petición no tiene que ver con que esta publicación pudiera o no interferir en la operación Tarantela de la Guardia Civil contra la mafia italiana ni con el procedimiento judicial a Bárcenas, sino con el acceso "ilícito" a una conversación intervenida y de la que se apropió "un desconocido" en el marco de una investigación judicial. "Los hechos revisten caracteres delictivos al haberse apoderado por medio que se desconoce de varias conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial" en un procedimiento investigado por el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, relata el fiscal.
Precisamente, fue el titular de este juzgado, Fernando Andreu, quien decidió abrir una pieza separada para investigar este asunto, para lo cual pidió el listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los periodistas una semana antes de la publicación de la noticia, así como los titulares de algunas de estos números. Tras pedirlo la Fiscalía, Andreu se inhibió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de forma que la causa recayó en el juzgado número 53 al que remitieron todas las diligencias practicadas por la Audiencia Nacional.
A los listados de llamadas, denuncian los periodistas, ha tenido acceso sin reserva ni filtro, la defensa de Luis Bárcenas, que se ha personado en el caso por segunda vez, pues presentó una querella contra los redactores en otro juzgado, el 18, que finalmente no fue admitida porque el magistrado entendió que en la información no le imputaban ningún delito
Las asociaciones de periodistas rechazan el argumento del fiscal
En un comunicado, la APM ha considerado que los profesionales publicaron la información "de acuerdo con la doctrina" marcada por el Tribunal Constitucional "en los casos de conflicto entre el derecho de información y de libertad de expresión y las investigaciones judiciales". Ha defendido que los periodistas tienen "la obligación profesional y moral" de publicar cualquier "información veraz y de interés general" y debe garantizar "la confidencialidad de las fuentes".
La asociación ha incidido que quien incurre en delito no es el que difunde la noticia, sino quien "se las dé incumpliendo su deber de sigilo". Y ha recordado que el Tribunal Constitucional "no prohíbe la publicación de noticias relacionadas con las investigaciones judiciales siempre que, como es el caso, el periodista las haya obtenido en fuentes ajenas al proceso".
A su vez, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha subrayado que el interés informativo primaba en este caso y, además, los periodistas informaron con "veracidad". "Por supuesto que respaldamos su actuación profesional", que fue "correcta", ha enfatizado en declaraciones a Efe. Ha argumentado que no rompieron ningún secreto, sino que se limitaron a divulgar la información con un grado de veracidad fuera de toda cuestión.
