Los accionistas minoritarios de Mediaset volvieron a aprovechar la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado miércoles, para expresar su disconformidad con los sueldos que perciben los consejeros de la filial televisiva de los Berlusconi en España. En concreto, fue el 19% del capital el que se opuso al contenido del informe anual de retribuciones del Consejo, mientras que el 1,4% votó en blanco.
Es evidente que el documento fue aprobado por la mayoría accionarial (79%), pero no es especialmente común que las Asambleas de socios presenten ese elevado grado de disconformidad a este punto del orden del día.
Tampoco es la primera vez que ocurre en Mediaset España, dado que este comportamiento se ha reproducido durante los últimos años. El pasado ejercicio, de hecho, fue el 21% del capital el que expresó su descontento con los salarios de su 'alto mando'.
En el citado informe, se aprecia que su consejero delegado, Paolo Vasile, percibió una retribución total de 1,92 millones de euros el año pasado, en el que la compañía registró un beneficio de 184 millones de euros (+23%).
El siguiente consejero mejor pagado fue su presidente, Alejandro Echevarría, que obtuvo 1.079.000 euros, frente a los 1.006.000 de Massimo Musolino y los 824.000 de Mario Rodríguez.
Consenso en el resto
Al contrario que ocurrió en lo que respecta a la política de remuneraciones del grupo, el resto de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas se aprobó con el voto favorable de, al menos, el 97% de los accionistas que participaron en la reunión, según figura en la web oficial de Mediaset España.
Hay que recordar que la compañía -que abandonará el Ibex 35 el próximo 22 de junio, en favor de Almirall- se encuentra en pleno proceso de fusión transfronteriza, lo que implicará que la sede social de la compañía se ubique en Países Bajos, pese a que sus grupos español e italiano mantengan su cotización en las bolsas madrileña y milanesa.
El proceso ha sido impugnado ante los tribunales por Vivendi, accionista significativo, lo que augura un proceso judicial que podría extenderse durante varios meses.
