El plan estratégico de la Agencia EFE verá la luz en el corto plazo si nada vuelve a torcerse. Su fin será el de mejorar la competitividad de esta empresa pública y, de ese modo, aspirar a que sea rentable en el futuro. Este objetivo ha estado muy lejos en los últimos años, en los que ha perdido varias decenas de millones de euros y ha tenido que afrontar un desequilibrio patrimonial que le ha llevado a encontrarse en causa de disolución.
La historia de este proyecto para relanzar el negocio es tan larga como compleja. Comenzó a fraguarse hace un lustro, cuando Fernando Garea acababa de ser designado como presidente de la agencia. Entonces, se encargó a Deloitte su confección, pero tuvo que paralizarse después de que el Gobierno decidiera -por sorpresa- destituir al líder de EFE por desavenencias con la línea editorial de la agencia.
Su sustituta, Gabriela Cañas, decidió que se reanudara la redacción y, en octubre de 2020, envió una carta a los trabajadores de la plantilla para trasladar las líneas maestras del proyecto, que pasaban por incrementar la producción multimedia, potenciar la información deportiva y económica; reforzar los contenidos en inglés, mejorar el área comercial y finalizar la transformación tecnológica, tanto en el área de gestión como en las redacciones.
El tiempo ha pasado y la aprobación de este plan se ha demorado dentro del seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo Consejo de Administración tiene la última palabra al respecto.
Reunión a dos bandas
Hace unos días, los sindicatos de la casa se reunieron con el nuevo director gerente de EFE, Eduardo Riesco, y abordaron el tema relativo a la futura aprobación del proyecto. Según fuentes del Comité de Empresa (CCOO), el directivo no sabe la fecha en la que SEPI dará el visto bueno al proyecto, pero lo calificó como 'relevante, importante y urgente'.
También aseguró que su duración será de cinco años'. Es decir, que se extenderá prácticamente en lo que queda de década, según apuntan estos informantes.
El propósito de este plan es mejorar la situación económica de una agencia que el año pasado perdió 14 millones de euros, frente a los 9 millones de 2021, los 11,2 millones de 2020, los 8,8 de 2019, los 6,1 de 2018, los 13,17 de 2017, los 9,8 de 2016; y los 7 millones de 2015.
Según adelantó Vozpópuli, esta circunstancia situó a EFE a final de 2022 con un patrimonio negativo de 24 millones de euros, lo que obligó a SEPI a adelantar 15,5 millones de euros del citado plan estratégico para ayudar a equilibrar su balance.
Desequilibrio en el balance
Hay que recordar el patrimonio neto de Agencia EFE al cierre del ejercicio 2020 quedó por debajo de la mitad de la cifra de su capital social. Por tanto, en condiciones normales se hubiera encontrado en causa de disolución y tendría un plazo legal de un año para volver a equilibrar su balance.
No obstante, la Ley 3/2020, del 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia establece la suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
En concreto, en su artículo 13 afirma: "A los solos efectos de determinar la causa de disolución (...) no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020”. Por tanto, si no se tienen en cuenta las pérdidas de 2020 -estiman en la agencia-, su balance no le obligaría a reconocer la causa de disolución.
La estructura de EFE
EFE cuenta actualmente con una plantilla de alrededor de 1.100 trabajadores. Según el último informe de cuentas que figura en su web, dispone de una red de 16 delegaciones, 5 subdelegaciones y 9 oficinas permanentes en España; y 43 sedes en el extranjero.
La Comisión Europea reconoció en 2016 que EFE presta un Servicio de Interés Económico General (SIEG), lo que, en teoría, ayudaría a dotarle de una mayor estabilidad presupuestaria. En la práctica, las dificultades económicas de la agencia se han mantenido, lo que le ha restado competitividad en el complejo panorama informativo actual.
EFE ha recibido durante los últimos años una partida de 53,9 millones de euros por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos de los anteriores presidentes de la agencia han criticado en sus comparecencias parlamentarias lo escasa que es esta asignación en comparación con la que reciben algunos de sus competidores internacionales, como AP o AFP.
