Fue el pasado 19 de diciembre cuando el Boletín Oficial de las Cortes publicó el proyecto de ley orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, el cual perseguía, entre otras cosas, una mayor protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. La tramitación de esta norma no se completó y decayó tras la disolución de las cámaras, el pasado mayo. Una vez se han vuelto a constituir el Congreso y el Senado, las organizaciones periodísticas esperan que esta ley salga adelante en los próximos meses, pese a las turbulencias que afectan a la política española.
Así lo transmiten fuentes que participaron en las reuniones que mantuvieron las asociaciones de periodistas y los grupos parlamentarios varios meses atrás, de las que se pudo deducir que la norma será respaldada por la gran mayoría de los diputados.
Los contactos con las formaciones parlamentarias comenzaron en 2022 y –según fuentes de estas asociaciones- varios de los principales grupos se comprometieron a respaldar el proyecto. Incluidos el PSOE, sus socios y apoyos parlamentarios; y el PP.
El problema surgió el pasado diciembre, cuando la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados votó sobre la posibilidad de iniciar la tramitación de esta proposición de ley orgánica como enmienda de otra norma en fase de aprobación, como era la trasposición de la directiva europea sobre la Protección de las personas que informen sobre las infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Falta de acuerdo en su tramitación
Los socialistas se mostraron partidarios de tomar este ‘atajo parlamentario’ porque la legislatura se agotaría en unos meses y se corría el riesgo de que el Gobierno disuelva las cámaras antes de que se vote este texto. Sin embargo, el PP y Vox se opusieron a esta vía, al considerar que esta ley debía tramitarse de forma ordinaria, es decir, tras completar todos los pasos parlamentarios y ser analizada por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
El borrador inicial de la ley –que decayó el pasado mayo- constaba de siete puntos, con uno primero que expresaba que “ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes”, algo que las organizaciones de periodistas han demandado en varias ocasiones ante las peticiones de información por parte de determinados jueces.
Una de estas situaciones se produjo hace unos años, cuando la Policía incautó los teléfonos móviles de un periodista que investigaban el conocido ‘caso Cursach’ de corrupción en Baleares. Con esa decisión, el instructor del caso pretendía averiguar la identidad de los informantes de los redactores, algo que protege la Constitución y que este texto legal ayudaría a reforzar. Pese a todo, el juez no lo tuvo en cuenta, lo cual provocó una airada reacción de las asociaciones de periodistas.
Las fuentes periodísticas
El citado proyecto de ley orgánica definía a las fuentes periodísticas como “cualquier persona física o jurídica que proporcione información veraz a un periodista o medio de comunicación con el ánimo de que toda o parte de ésta pueda ser difundida de manera pública”.
En su tercer punto, también expresaba que el secreto profesional “ampara y obliga a los periodistas a proteger la identidad de sus fuentes”.
“En los casos en que el director o persona equivalente del medio de comunicación conozca la identidad de la fuente, la misma gozará de la misma protección que el periodista en la custodia del secreto profesional”, añadía.
Este derecho garantizará -en el momento en que se apruebe la ley- que ningún periodista tenga que revelar su fuente, ni la comunicación a través de la cual se transmitió la información, ni el contenido de la misma. Tampoco "cualquier otro elemento accesorio que pudiera ser empleado para identificar a la fuente”.
Esto deberá respetarse –si el borrador final es igual que el que decayó en mayo- salvo cuando se constate que la fuente ha falseado la información o cuando la identidad del confidente sea el único medio para evitar “un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas”.
Fuentes de las asociaciones periodísticas que han hecho lobby durante este tiempo han expresado su confianza en que sea el partido que alcance el Gobierno el que resucite este proyecto legal; y que cuente con un amplio consenso parlamentario.
