La tensa calma entre el Gobierno de España y los dueños de las televisiones comerciales nacionales ―consecuencia de la sentencia de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo que obliga a anular el último reparto de licencias TDT― ha derivado en un enfrentamiento abierto entre ambos cuatro meses después. El Consejo de Ministros ha anunciado que acatará el fallo judicial que declara nulo el acuerdo de julio de 2010 por el que se asignó un múltiplex completo ―con capacidad para emitir cuatro canales convencionales― a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta.
El Gobierno hace este anuncio tras meses eludiendo el asunto y lanzando mensajes ambiguos pese a que no cabe recurso alguno a la sentencia del alto tribunal. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha adelantado que impugnará la decisión del Consejo de Ministros de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el actual reparto de canales de la TDT y ha denunciado la "situación de inseguridad jurídica sin precedentes" en que dejaría al sector audiovisual en general. La organización explicó en un comunicado que "no se puede entender" que tres meses después de conocer la sentencia se haya acordado su ejecución "de forma sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos" a este organismo.
La labor del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, hijo del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, y su primo carnal Santiago Campos Calvo-Sotelo, director general del ‘lobby’ de las televisiones UTECA, está siendo examinada con lupa por parte del mercado audiovisual español, un mercado que tiene claro que las fallidas gestiones de ambos han sido clave en el estallido de la guerra. Varias fuentes del sector coinciden en señalar que la “inutilidad” en la secretaría de Estado y en la gestión de UTECA ha sido fundamental en el infructuoso proceso para arreglar el desaguisado en la TDT.
Chantaje para frenar las críticas al PP por el caso Bárcenas
Fuentes del sector explican, en este sentido, que la continuidad de Santiago Campos al frente de UTECA está en el aire y que varios de los asociados han sondeado la posibilidad de cesarle en sus funciones. Su gestión al frente del ‘lobby’ ha sido “mediocre”, apuntan fuentes del sector. Sobre la mesa han puesto el nombre de un profesional ligado al grupo Vocento que durante años ha desempeñado su labor en el sector. Por otro lado, otras fuentes ponen de manifiesto que la resolución del Gobierno es fruto de la tensión generada en el seno del Partido Popular ante la amplia cobertura que los medios están dando al caso Bárcenas y que pretenden que rebajen el nivel de crítica durante los meses que dure el proceso de negociación entre Gobierno y televisiones.
El Consejo de Ministros, en la mañana de este viernes, declaró la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010, hecho que comporta la pérdida efectiva de canales, pese a que la sentencia no recoge que esa pérdida de canales asignados a cada licenciataria sea consecuencia necesaria de la nulidad del acuerdo. El Ministerio de Industria tiene dos hojas de ruta a seguir: repetir la subasta o cambiar la Ley Audiovisual. Grupos como Vocento o Unidad editorial se quedarían fuera del reparto ya que en la actualidad no cumplen las condiciones, ya que en lugar de explotar las licencias las tienen cedidas para ser explotadas por terceros.
Eliminar canales para ahorrar los 800 M. del Dividendo Digital
El Ejecutivo nacional, en febrero de 2011, convocó una subasta-concursó por la frecuencias por las que el Estado recaudó 2.000 millones de euros (1.815M€ una primera roda y 185M€ en una segunda) de las operadoras de telecomunicaciones, tal y como recuerdan fuentes del sector. Del total, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que se dedicarían 800 millones a facilitar dicha migración de frecuencias con el objetivo que los ciudadanos no vieran repercutido el coste del mismo. Pero el actual Gobierno se encontró con que la caja estaba vacía y que debe llevar a cabo los procesos comprometidos en las licitaciones. El Dividendo Digital supondrá la liberación de frecuencias radioeléctricas ocupadas televisiones para que puedan ser utilizadas por las empresas de telecomunicaciones para prestar servicios avanzados de comunicaciones electrónicas como la banda 4G móvil.
El Gobierno ha dado vueltas durante meses a cómo llevar a cabo, sin gastar un euro, la reordenación del espacio radioeléctrico que permitirá la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas en España. La última hoja de ruta que diseña con la que trabaja Ministerio de Industria no contemplaba la eliminación de canales para ahorrar los 800 millones de euros que implicaría el proceso de migración de los mismos. Las televisiones privadas nacionales no están dispuestas a perder canales, pero sí a llevar a cabo una mayor compresión de los mismos con el objetivo de facilitar la operación.
En armas contra la vuelta de la publicidad en TVE
Las televisiones privadas llevan meses levantadas en armas contra el Gobierno. Las reuniones en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria son muy tensas a cuenta del retorno de la publicidad a la televisión pública. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva meses barajando la posibilidad de volver a emitir publicidad en TVE con el objetivo de amortiguar en parte la reducción presupuestaria del antiguo Ente. Tras la constitución del actual Gobierno a finales de diciembre de 2011, tanto el propio Mariano Rajoy, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Industria, José Manuel Soria, habían asegurado a los dueños de las televisiones que la supresión de la publicidad se mantendría. Pero el presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, hombre de confianza de Sáez de Santamaría, lleva meses suplicando por la venta de publicidad. Las televisiones se niegan y recuerdan que en ese caso tendrían que dejar de pagar el canon. Dicen que sería lo comido por lo servido y que o sería la solución a los problemas de la radiotelevisión pública.
