En esta forma de legislar a uña de caballo, irreflexiva, a que nos tiene acostumbrados el actual Gobierno de España, sin consultar al Consejo de Estado ni a ningún otro órgano, parecía que con la derogación del delito de sedición -y su sustitución por el insólito delito de “desórdenes públicos agravados”-, había concluido su cesión a ERC, que era de lo que se trataba.
Era incierto y estaba fuera de lugar tratar de vender esa modificación del Código Penal como una homologación a vecinos países europeos. No, nada de eso es así. Al punto de que, si bien se mira y ha de recordarse, por si acaso ningún miembro del Gobierno ha hecho mención a cómo están tipificados hechos similares -violentar el orden constitucional- en esos otros países de nuestro entorno.
Ya lo zanjó el informe de indulto de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 2021, sobre los presos sediciosos catalanes, al manifestar que el carácter delictivo de hechos que tienen por objeto atentar contra la integridad nacional es gravísimamente castigado en Alemania, o Francia, o Italia, o Bélgica, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión e incluso que pueden llegar a cadena perpetua. Es más, el propio presidente Sánchez manifestó en su día que, a su juicio, los hechos eran propios de un delito de rebelión, lo cual da la medida de lo grave que a él mismo le pareció el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre de 2017.
No, todo era infinitamente más sencillo: se trataba de acceder a una exigencia de ERC, derogando el delito de sedición a cambio de mantener su apoyo al desdichado Gobierno.
Es imposible conocer a un ciudadano español que hubiera estado inquieto por la legislación existente hasta ahora en cuanto al delito de sedición, ni en cuanto al delito de malversación
Pero tampoco bastaba con esto. El siguiente paso era modificar el delito de malversación de caudales públicos, nuevamente bajo la conminación de ERC. Y así ha sido también: se modifica ese delito a la carta, al gusto de los delincuentes interesados, en interés exclusivo de los responsables del golpe de 2017 en Cataluña.
Esta forma de legislar en materia tan decisiva como es el Código Penal es de todo punto inquietante y torcida, y tiene un factor de agresión sádica contra el conjunto de la sociedad española. Es imposible conocer a un ciudadano español que hubiera estado inquieto por la legislación existente hasta ahora en cuanto al delito de sedición, ni en cuanto al delito de malversación. No existía, salvo los responsables de la asonada de Cataluña en 2017 que lógicamente requerían las reformas legales para descargarles de sanciones en materia de inhabilitación, una vez ya indultadas sus condenas penales, de manera que pueden comparecer en próximos procesos electorales. Pedro Castillo, en Perú, no parece tener tanta suerte.
Decía el presidente del Gobierno de España hace unos días, en un acto en Barcelona, que sus decisiones son de alto riesgo. Y tanto que lo son: desarman la facultad del Estado de defenderse frente a golpistas, al tiempo que les da todo cuanto piden y más aún. Gratis total, pues no dan ni las gracias una vez que se ha atendido a sus exigencias. Es más, antes todavía de que se voten esas reformas penales, ya vienen con su próxima reclamación, la celebración de un referéndum de independencia –su vieja consigna, dicha por ellos mismos una y otra vez: “lo volveremos a hacer”.
Con alrededor de 1.500.000 de votos a favor (el 55% de los votantes), Cataluña podría ser independiente. Es un enfermizo y delirante planteamiento
Y esta vez incluso se permiten pormenorizar las características para la labranza de una independencia catalana: haría falta que en ese referéndum, votado única y exclusivamente por ciudadanos catalanes, y con exclusión del resto de los ciudadanos españoles, votara más del 50% del censo, con un voto afirmativo de más del 55% de las papeletas.
En números redondos, teniendo en cuenta un censo electoral en Cataluña de 5.500.000 personas, deberían votar al menos 2.750.000 personas (50% del censo electoral). De manera que con alrededor de 1.500.000 de votos a favor (el 55% de los votantes), Cataluña podría ser independiente. Es un enfermizo y delirante planteamiento, inaceptable en el conjunto de los países democráticos de Occidente.
Esa extravagancia, que rompería el artículo 2 de nuestra Constitución, fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, habría de ser suficiente para que el Gobierno dijera “¡hasta aquí!”, y lisa y llanamente rompiera esos trastornados acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC. No se puede seguir ni un paso adelante, ni al lateral, ni a ningún sitio con semejante turbamulta, empeñada en repetir golpes de Estado al tiempo que dejan a España malherida e indefensa.
Esas decisiones nos dejan a la intemperie a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y a nuestra Constitución y nos conducen a la ruina colectiva
Bastan las palabras de Junqueras: “El 1–0 no fue un delito y organizar un referéndum no está en el Código Penal”. Así las cosas, todo adquiere un carácter inquietante, en que cualquier desenlace funesto se presenta como posible. Porque no es solo que el presidente del Gobierno aluda a que sus decisiones que ha tomado resulten arriesgadas. Es mucho más grave: es que esas decisiones nos dejan a la intemperie a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y a nuestra Constitución y nos conducen a la ruina colectiva.
Émulo de Fernando VII el catastrófico
Yo no sé bajo qué concepto absurdo e imposible pretende pasar a la historia el presidente Sánchez, más allá del de exhumador de un cadáver, que se las trae. Pero puede ser también que acabe pasando a la historia como un émulo de Fernando VII el catastrófico, por su debilidad cerebral y sus efectos perversos de división entre los españoles.
O puede terminar con el título establecido por un brillante politólogo norteamericano, Mark Lilla, una de cuyas mejores obras se titula Pensadores temerarios. Explica cómo asistimos en las catástrofes del Siglo XX a una serie de sujetos -los más brillantes de su generación- que en su temeridad y desvarío sucumbieron, en distintos grados, a los magnetismos del poder totalitario llevándoles por las rutas más torcidas y abominables que aquel siglo pasado dio a la humanidad.
No, por favor, no sigamos por ese camino indeseable que nos tiene temblando a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y que no podemos aceptar.
