Algunos familiares de las víctimas de la riada en Valencia gritaron ¡asesinos! a las autoridades políticas que asistieron a la misa por los fallecidos, que se celebró hace unos días. ¿Era justo? ¿Se trató de un acto dictado por el dolor y la ira, sin basamento alguno de la realidad? ¿Exageraban? Bueno, tal vez no tanto. Homicidio imprudente es la figura judicial aplicable. Veamos lo que estipula la Ley:
“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.
“Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años”.
Y ahora se hace pertinente preguntar: ¿cabe alguna duda de que los muertos de la riada pueden atribuirse a la imprudencia profesional (los encargados de velar, ante todo, por el bien común y así prevenir el desastre, eran políticos y funcionarios profesionales) y a la consecuente negligencia por esta provocada? No me lo parece. Cierto que, como no han sido llevados (ni lo serán) ante un juez para dilucidar su responsabilidad en la mortandad provocada por la riada, hay que tratarlos de “presuntos asesinos”, aunque lo hagamos (yo mismo) más que nada como un ejercicio retórico, sin convicción. Sin embargo, por otra parte, en vista de la impunidad que disfruta la clase política española, me parece justo llamar asesinos, al menos por justicia poética (ya que de la otra no habrá), a los que se negaron o demoraron por politiquería o desidia, o ambas, las obras de necesarias infraestructuras que fueron descartadas o duermen hasta hoy en el limbo burocrático. Señalemos un caso destacado, el proyecto de drenaje del barranco del Poyo, que fue archivado en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera. Y que hubiera evitado muertes y ruina, con toda seguridad. ¿Hay que llevar a juicio a Teresa Rivera y, de ser encontrada culpable, meterla en la cárcel? Me parece que, al menos, por respeto a los familiares de las víctimas, y a las víctimas mismas, debería considerarse esa posibilidad.
Sé que los políticos españoles no se consideran empleados, pero es bueno recordarles que lo son: empleados de los ciudadanos, que les pagan. De hecho, es lo único que son
La desfachatez y la desvergüenza de los políticos españoles alcanza dimensiones estratosféricas. No sólo son responsables de lo sucedido, sino que se permiten adoptar poses de ofendidos ante la justa indignación de sus empleadores. Sánchez ni siquiera acude al funeral religioso por los muertos de la catástrofe. Supongo que San Lenin no se lo permitió, ya que tuvo lugar en una iglesia. Sé que los políticos españoles no se consideran empleados, pero es bueno recordarles que lo son: empleados de los ciudadanos, que les pagan. De hecho, es lo único que son. Empleados privilegiados, que disfrutan de considerables sueldos y toda suerte de prebendas que, de la manera más descarada se asignan y aprueban ellos mismos. Sería muy sano para la democracia y para la sociedad española, que se comenzara a pensar ¡y tratar! a los políticos como lo que son: empleados.
Y otra cosa, triste de apuntar, uno siempre desea que la democracia triunfe, pero que es necesario decir. Sobre todo ahora que el sanchismo ha anunciado una ristra de actos para celebrar la muerte del dictador Franco (en su cama, y gozando de un enorme respaldo social; miles de ciudadanos desfilaron durante todo el día ante el féretro para presentar sus respetos al difunto, aunque de eso no se hablará) es oportuno decir que la dictadura franquista salvó vidas en Valencia. Sin la prevención y eficacia, en su día, del gobierno franquista, la pérdida de vidas y los destrozos causados por esta riada hubieran sido mucho mayores. Las obras de desvío del río Tura, los evitaron. Ya sé que es duro para la progresía, comunistas e izquierdistas profesionales reconocerlo, pero el dictador asesino Franco salvó vidas en Valencia, mientras los políticos de la democracia las provocaron. Es así, qué le vamos a hacer. Sin el Plan Sur de la dictadura franquista la actual riada hubiera muchísimo peor de lo que ha sido. Qué pregunta incómoda, pero hay que hacerla. ¿La dictadura del dictador asesino Franco trabajó (al menos en este caso) por el bien común de los ciudadanos españoles con mayor eficiencia, compromiso y responsabilidad que los políticos que ha parido la democracia? Me parece evidente que sí.
Vagancia e irresponabilidad
Pero regresemos a lo que interesa, ¿debe acusarse a los políticos cuya negligencia retrasó las obras de ingeniería que hubiera disminuido la cantidad de muertos de la DANA? ¿Y qué decir de los parásitos (léase ecologistas) que evitaron durante años la limpieza de las riberas de ríos y los barrancos?
A ambas preguntas las respuestas deben ser positivas. Si la incuria, la vagancia o la irresponsabilidad de políticos o funcionarios públicos causa cientos de muertes y una horrísona marea de destrucción, ¿hay algún motivo para que los causantes de esas muertes no sean llevados ante la Ley?
No lo creo.