El Tribunal Constitucional acaba de confirmar que el Gobierno se valió de la urgencia generada por la peor pandemia de nuestra historia reciente para impulsar el proceso de colonización institucional, concretamente colocar a un vicepresidente segundo en una Comisión en la que se tratan los secretos más sensibles y críticos del Estado.
Las UCI se saturaban de enfermos por la covid-19, las morgues se llenaban de muertos que no iban a poder ser despedidos por sus familiares y los españoles asimilaban que debían permanecer encerrados en sus domicilios. Mientras esto sucedía, Sánchez y su Consejo de Ministros aprovechaban el real decreto en el que se adoptaban medidas sanitarias que cercenaban las libertades de millones de ciudadanos para colar de rondón en el CNI a uno de los suyos. Y no a uno cualquiera, no, sino a aquel que en el pasado presumía abiertamente de sus vínculos con el chavismo y con el régimen iraní: Pablo Iglesias. Sorteaban así al Congreso amparándose en una herramienta legal pensada para hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Cuán alejadas estaban nuestras urgencias como ciudadanos de las que realmente inquietaban a un Gobierno que alcanzó el poder prometiendo dignidad y progreso…
Los eslóganes de la Moncloa
Quienes denunciamos la cacicada jurídica y la falta de sensibilidad que demostraba esta medida en un momento de tanto dolor para los españoles, fuimos insultados y tildados de miserables y ruines. La consigna del rebaño era “aparta o aporta”. Había que remar todos a una y renunciar a la crítica en un proceso colectivo de ceguera autoimpuesta en el que la razón fue sustituida por eslóganes extraídos de la biblia de Mr. Wonderful telegrafiados desde Moncloa: a este virus lo paramos unidos, quédate en casa… Nosotros consumíamos su marketing mientras ellos se valían de la distracción para colocar su mercancía más radicalizada allá donde nunca debió estar.
Algo más de un año después, el Constitucional ha adelantado el contenido del fallo de la sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox (también planteó otro el Partido Popular) entre acusaciones de deslealtad y de poner palos en las ruedas al Gobierno en el peor momento posible. Lo que afirma el Tribunal es que el precepto de la norma pandémica que declara la integración de Pablo Iglesias en la Comisión encargada del control del Centro Nacional de Inteligencia es nula, no debió de haberse producido. Que no alcanzan a vislumbrar la conexión entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia y el cambio en la composición de la citada comisión para dar entrada a Iglesias. Que a los reales decretos leyes sólo puede recurrir el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 de la Constitución) y que ésta no concurría en el nombramiento del vicepresidente segundo.
Uno no puede evitar preguntarse si el hecho de que el fallo de esta sentencia se haya hecho público días después de que Iglesias anunciase que abandonaba la política es fruto de la casualidad. Es una cuestión que, me temo, quedará sin respuesta. Tampoco sabremos qué rentabilidad e información se ha llevado el vicepresidente de su paso por el CNI.
Pero que Iglesias ya no ocupe cargos institucionales no nos puede conducir a aceptar que no se diriman responsabilidades. Lo que concluye la sentencia es gravísimo: evidencia que nos gobierna gente sin líneas rojas ni escrúpulos. El daño que ha hecho -y sigue haciendo- el Ejecutivo sanchista a la democracia española, a la calidad y a la neutralidad de sus instituciones, así como al Estado de Derecho es enorme, no sé yo si hasta irreparable. Ahora ya no es una mera opinión, sino una realidad judicial. El Gobierno debe dimitir en bloque.
