Cuando con rostro apesadumbrado el alcalde de Murcia, el popular José Ballesta, se adelantaba el domingo a aventurar pisando los rescoldos que el pavoroso incendio en las discotecas La Fonda Milagros y Teatre se aclarará “caiga quien caiga”… bien sabía ya de qué estaba hablando: un local dividido en dos por la cara, con orden de cierre sin cumplir durante año y medio -la policía local informaba fin de semana si, fin de semana también, de su funcionamiento a todo gas-, propiedad de un viejo conocido de la rapiña, Juan Inglés Rojo, que en 2013 estuvo en la cárcel por usurero. El cóctel perfecto para una tragedia.
“La Fonda no ha existido nunca administrativamente”, comenzaba por reconocer este lunes el teniente de alcalde y concejal de planificación urbanística desde junio de este año, Antonio Navarro, añadiendo que la única empresa reconocida a todos los efectos es Teatre, S.L., dueña de ambos locales porque realmente eran uno solo. Compareció acompañado del anterior edil responsable, Andrés Guerrero, y ninguno de los dos supo (quiso, más bien) explicar por qué, desde marzo de 2022, cuando Guerrero ordena el cierre de actividad hasta este sábado 30 de septiembre de 2023, se dejó al desaprensivo Inglés Rojo seguir ganando dinero con ambas discotecas como si nada.
No hace falta ser un lumbreras para intuir que Navarro y, sobre todo, Guerrero, se están protegiendo porque saben, de sobra, que lo que digan ahora a la opinión pública les incrimina judicialmente. Ya el domingo el alcalde Ballesta, presionado por una opinión pública que no se explica ni eso ni otras muchas cosas, les dejó suficientemente a los pies de los caballos con ese lapidario “caiga quien caiga”.
Fue el del alcalde de Murcia un reconocimiento en toda regla del dolo cometido en todo este turbio asunto. Porque al usurero metido a empresario de la noche le van a caer, probablemente, unos cuantos años de cárcel por homicidio imprudente de trece personas, pero a algunos de su actual equipo y del anterior la Justicia los va a perseguir por inacción con resultado de muerte.
Fue el del alcalde de Murcia un reconocimiento en toda regla del dolo cometido en todo este turbio asunto. Porque al usurero metido a empresario de la noche murciana le van a caer, probablemente, unos cuantos años de cárcel por homicidio imprudente de trece personas que había salido a disfrutar en sus discotecas, como le cayeron a otro empresario de la noche desaprensivo, Miguel Ángel Flores, por la tragedia del Madrid Arena hace once años.
Pero muchos del actual equipo municipal murciano y del anterior la Justicia les va a perseguir por esa inacción continuada con resultado de muerte, a pesar de los informes de la policía local, habituada a lidiar con peleas y follones en la zona del polígono donde estaban La Fonda Milagros y Teatre. No es creíble en este caso el desconocimiento al que, seguramente, se aferrarán muchos de los que van a ser imputados.
Esa suerte de indolencia homicida por parte de la autoridad municipal es tan grave o más que la del autor del terrible desaguisado, Inglés Rojo, porque son las administraciones las encargadas de velar por nuestra seguridad para que los usureros de toda laya y condición no nos amarguen la vida, ya sea con una intoxicación alimentaria o cuando salimos a celebrar un cumpleaños, tal que varios de los muertos en uno de los palcos de La Fonda Milagros convertidos el sábado en ratoneras sin salida por las que huir del fuego.
Quedan muchas preguntas sin respuesta; ahí van unas cuantas: ¿Quién o quienes desde el -ámbito político impidieron a la Policía municipal en marzo de 2022 y fechas sucesivas ejecutar el cierre de dos discotecas en franca ilegalidad desde entonces? ¿Es cierto que nunca hubo una orden de cierre, como tal, en año y medio a pesar de la irregularidad urbanística flagrante?
Quedan muchas preguntas sin respuesta; ahí van unas cuantas: ¿Quién o quienes desde el -ámbito político impidieron a la Policía municipal en marzo de 2022 y fechas sucesivas ejecutar el cierre de dos discotecas en franca ilegalidad desde entonces? ¿Es cierto que nunca hubo una orden de cierre, como tal durante año y medio a pesar de las irregularidades urbanísticas flagrantes? ¿Qué papel han jugado los inspectores de la concejalía en todo este asunto? ¿Es cierto que uno de ellos no pudo acceder al recinto meses atrás porque acudió cuando el local estaba “cerrado” (sic) y aquí paz y después gloria?
Si no fuera por lo dramático del momento, algunas de las afirmaciones que hemos escuchado a la autoridad política moverían a la risa. Y no hablo ya del abogado del empresario Juan Inglés Rojo, que en un intento desesperado por defender a su cliente ha dicho que la licencia “se quemó” en el incendio -como si en 2023 no hubiera soporte digital de toda decisión urbanística-, habló de la indolencia homicida de quien teniendo que actuar no actuó a tiempo.
