La nueva reforma que el Gobierno, a través del PSOE, quiere sacarse de la manga es el enésimo intento de intervención en nuestro sistema judicial para fabricar procesos penales a la medida del sanchismo. No harán falta demasiadas argumentaciones para la exposición de motivos de la ley cuando sea aprobada: ya que la justicia libre e independiente intenta poner coto a las ilegalidades detectadas en el núcleo duro del Gobierno o en el entorno familiar del propio presidente, una nueva ley tiene que impedirlo para ejercer un control total sobre la evolución de cualquier proceso hasta dejarlo en agua de borrajas.

Se trata de una iniciativa que no solo fulmina de facto a la figura de las acusaciones particulares o a la de la acción popular en los procesos de corrupción política, sino que además regula cuándo debe apartarse o recusarse a un juez incómodo a la medida de lo que requiera La Moncloa en cada momento. Por más revestida de palabrería que esté la proposición de ley del PSOE "frente a los abusos" que dejan indefensos a los políticos o a su entorno ante los jueces, lo que subyace es una ley restrictiva de derechos que han funcionado en España durante cuatro décadas. Vuelve a ser una medida de corte autocrático cuya conclusión es simple: si no puedes con la justicia, dificúltala. Y si se resiste, prohíbela.

De momento, el PSOE propone una reforma de la figura de las acusaciones populares, de modo que puedan querellarse en un primer momento y, en su caso, en un segundo momento, defender sus tesis durante la fase de juicio oral, que habitualmente tiene lugar varios años después de iniciarse la investigación. Durante la fase de instrucción, nada. Directamente se les aparta del proceso, lo cual es contradictorio porque una acusación podrá plantear una querella por los delitos que estime convenientes, pero se le negará el derecho a defenderla hasta que la investigación esté concluida. El contrasentido es evidente y conculca garantías esenciales reconocidas constitucionalmente.

 El truco está en que ya no será un juez quien decida a posteriori qué atenta contra el honor, sino el Gobierno de forma preventiva en función de su exclusivo criterio"

El PSOE añade que su objetivo es proteger derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la participación política o la tutela judicial efectiva. Como planteamiento resulta hasta idílico. Olvida sin embargo que esta coartada cae por su propio peso. Todos esos derechos no sólo ya están reconocidos por la norma, sino que además están protegidos. El truco está en que ya no será un juez quien decida a posteriori qué atenta contra el honor, sino el Gobierno de forma preventiva en función de su exclusivo criterio. Más aún: en virtud de lo que entienda el Gobierno, o del origen ideológico de quien represente a una acusación particular, se le atribuirá una intencionalidad u otra, y se podrá vetar su acceso al sistema judicial. 

Es llamativo también cómo el Gobierno pretende obligar a los jueces a inadmitir procesos penales basados en "recortes de Prensa". Más allá del desprecio que representa contra los medios de comunicación libres bajo la premisa de que lo que se publica es por sistema no verídico ni válido a efectos jurídicos posteriores, lo cierto es que el PSOE se arroga un cambio radical en la doctrina y la jurisprudencia vigentes en España desde hace décadas, que en efecto dan valor esencial a las publicaciones periodísticas como antesala de procesos penales. Ejemplos sobran en nuestra democracia, pese a que el PSOE se empecine en omitir esta verdad. Sentencias y autos judiciales que lo atestiguan hay de sobra.

El control del poder judicial es la obsesión de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa. Ahora sienta las bases para una sumisión total frente a la corrupción que le acecha"

De igual modo, forzarán la abstención y recusación de jueces que tengan en su haber declaraciones de contenido político. Más allá de que esta medida existe y no la acaba de descubrir el PSOE, la cuestión de fondo de la norma es elocuente: podrá apartarse cualquier magistrado con opiniones políticas propias… salvo que sea de la izquierda. En ese caso, se puede permitir, por ejemplo, que un presidente del TC dicte sentencias pese a su contaminación política evidente en el pasado; o que incluso, un ministro socialista o una directora general de Presidencia puedan ser magistrados del TC, sin que ello les contamine políticamente. Su criterio político queda a salvo bajo una imagen deconstruida de su imparcialidad, independencia y autonomía. La norma que impulsa el PSOE permite resetear el pasado político de los jueces afines, pero mantendrá ese pasado como un veto forzoso para los no afines. Es decir, otro paso más para la edificación de una justicia a medida en la que el Gobierno pueda decidir de antemano quién puede culpable o no, al margen del sistema judicial, apartando a conveniencia a los jueces que crea necesario.

Si esta norma se une a otra iniciativa presentada recientemente por el Gobierno, como es la pretensión de que los fiscales, y no los jueces, sean los instructores de los procesos penales, y todo ello sin garantizarles antes un estatus de independencia absoluta como sí tienen los magistrados, la involución de nuestro aparato de justicia es elocuente. Tan elocuente como preocupante. El control del poder judicial es la obsesión de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa. Ahora sienta las bases para una sumisión total frente a la corrupción que le acecha.
 

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