El juez Ismael Moreno ha acordado suspender la declaración fijada para este martes de Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano, como testigos en el 'caso Koldo'. La decisión ha venido precedida de la petición de la Fiscalía Anticorrupción para salvaguardar su derecho de defensa, puesto que ambas aparecen como investigadas en la causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 en torno al fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.
La dirección letrada del Partido Popular que encabeza a las acusaciones populares también se ha adherido a la petición de aplazamiento, a la espera de lo que pueda suceder durante la declaración de ambas empresarias en el Tribunal Supremo. Carmen Pano y Leonor González Pano han sido citadas también en calidad de testigos para el próximo 25 de febrero en la causa que dirige el juez Leopoldo Puente en el alto tribunal, donde José Luis Ábalos y Koldo García permanecen como investigados.
La declaración de la empresaria vinculada con Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas será clave para aclarar algunas incógnitas sobre el presunto pago de comisiones al Partido Socialista. Carmen Pano aseguró en varios medios haber entregado 90.000 euros en efectivo por petición del expresidente del Zamora CF. Según su versión, esta operación se ejecutó en tres entregas en la segunda planta de la sede del PSOE, donde pudo entrar sin identificación. La única credencial que presuntamente presentó para poder acceder con el dinero fue decir que iba de parte del empresario investigado por la trama de mascarillas.
Las empresarias también tendrán que acudir a declarar como investigadas ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 por el caso hidrocarburos. La vinculación de ambas empresarias con esta causa parte de su vinculación a la empresa Have Got Time SL, sociedad que financió el chalet de La Alcaidesa en el que José Luis Ábalos pudo veranear con su familia en 2021.
Según los informes de la UCO obrantes en la causa, y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el fraude atribuido a esta empresa asciende más de 49 millones de euros. En la misma línea, los investigadores atribuyen a la empresaria que asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz un papel relevante en la supervisión y gestión de de actividades fraudulentas a través de la empresa investigada.
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