Ignacio González pasa al ataque. El ex presidente de la Comunidad de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que dicte el sobreseimiento libre para él y su mujer, Lourdes Cavero, en el sumario que se instruye por la compra por parte del matrimonio de un ático de lujo en la localidad costera malagueña. Y lo hace con un escrito de 17 folios en el que carga duramente contra la prensa, la Policía, la propia magistrada y el polémico comisario José Villarejo, testigo de la causa y autor de una grabación que recoge una conversación del político con él incorporada a la causa como prueba. González les acusa a todos ellos de haberle causado "la destrucción profesional y política".
González acusa a varios medios y periodistas de alentar el 'caso Ático' por haberles retirado publicidad institucional de la Comunidad de Madrid
El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, arranca asegurando que todo la investigación sobre la adquisición de la vivienda fue fruto de "una reacción corporativista" del Sindicato Unificado de Policía (SUP) "ante la incoación de dos expedientes administrativos a uno de sus afiliados", el comisario Agapito Hermes de Dios, comisario de Marbella que inició en 2011 las primeras pesquisas sobre el ático y que posteriormente fueron archivadas por el Ministerio del Interior. El ex presidente de la Comunidad de Madrid inicia a partir de ese momento una auténtica diatriba contra el sumario y sus principales protagonistas, desde los agentes que han intervenido en las pesquisas, hasta las acusaciones personadas y las dos jueces que han dirigido la instrucción. Así, asegura que se ha producido "una manipulación de datos" y una "tergiversación de la verdad" que en su opinión le han causado a él y su mujer "un perjuicio irreparable como es de sobra conocido por todos".
En este sentido, asegura que "se aprovechó [...] una errata tipográfica" en el nombre de una de las empresas extranjeras investigadas (Walford por Walfort) para vincular la compra de la casa "con Panamá" y, de este modo, relacionarle a él y su esposa "con sociedades off shore para así tratar de implicarlo en no sabemos cuantas tramas". Y todo ello pese a que el alquiler, primero, y la posterior compra de la casa se hicieron mediante transferencias bancarias y pagando los impuestos. "Mayor transparencia es imposible; mayor diligencia, improbable", recalca el escrito. Pese a ello, asegura que sufrió un ataque injustificado de determinados medios de comunicación fruto de que "es público y notorio que las relaciones político-personales entre algunos diarios y el señor González no eran buenas". En este punto señala a 'El Mundo', 'El Español', "otros periódicos digitales y periodistas adscritos". Una supuesta animadversión que explica "con la supuesta rescisión de distintos contratos de publicidad y compra de ejemplares con la Comunidad de Madrid u organismo vinculado y otros de índole política".
"Al filo de la ilegalidad"
"Algunos periodistas -continúa el escrito en su ataque a la prensa- arrogándose un papel de juez y parte han promovido tanto a nivel mediático como a nivel judicial todo tipo de actuaciones, algunas al filo de la ilegalidad amparadas en su secreto profesional". Entre estas incluye las célebres grabaciones de la conversación mantenida por el político con dos mandos policiales, que él considera "información manipulada para ir cebando una causa general" contra él. "Desde el arranque todo ha sido una pura mentira bajo la antigua táctica de crear una sombra de duda que a modo de calumnia algo queda". De hecho, considera que esas informaciones que él tilda de "tendenciosas, falsas o especulativas" han mantenido una investigación que ha provocado a la postre su "destrucción profesional y política".
El político acusa a la Policía de actuar contra él como "reacción corporativista" a la sanción de Interior al comisario que inicio las pesquisas
La Policía también es atacada por Ignacio González y, sobre todo, el SUP, el sindicato que promovió con su denuncia la apertura del 'caso Ático'. Así, destaca que entre esta organización y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que inició las pesquisas y que ahora se ha vuelto a hacer cargo de las mismas, existen "vinculaciones corporativas" y que agentes de esta última unidad presentaron informes a la Fiscalía cuando la causa estaba aún sin judicializar. En este sentido destaca que el primer responsable policial de la investigación, el comisario Hermes de Dios, fue sancionado con 10 días de suspensión por falta muy grave por "la distracción de toda la documentación" relativa al caso y que, de hecho, perdió su destino cuando el PP llegó al poder y Jorge Fernández Díaz se hizo cargo del Ministerio del Interior. "El contenido completo de los informes fueron filtrados a la prensa interesada", denuncia.
González insiste que existe un "desmedido interés en mantener abierta" la instrucción del sumario y que para ello "se ha pretendido" vincularlo "con distintas operaciones judicializadas en otros Juzgados", en referencia al informe del comisario Villarejo que relacionaba la vivienda de Estepona con una supuesta 'mordida' del mayor pelotazo de la trama Gürtel. El ex presidente asegura que no lo han logrado, pero advierte a la juez que "no puede ni debe aceptar que se manipule una instrucción de un modo tan burdo" y "a golpe de titular". De hecho, el escrito también carga contra las dos magistradas que han llevado la causa, tanto Mariana Peregrina como la actual responsable, Isabel Conejo, a las que acusa de "confundir" datos. De hecho, les recrimina haber dado apoyo con sus decisiones a lo que considera la apertura de "una causa general inquisitorial" contra él y su mujer a la que sólo han puesto pegas las defensas y la Fiscalía.
El derecho a la intimidad
En este sentido, critica a la actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona por haber pedido a las entidades financieras toda la información bancaria de él y su esposa para conocer su verdadera capacidad económica, lo que en su opinión ha abierto "un nuevo estadio mediático basado en filtraciones" sobre sus inversiones, planes de inversión y cuentas. Todo ello, añade, está "afectando gravemente el derecho a la intimidad". "No nos extrañaría que en un futuro cercano a algún periódico digital, 'en interés de la instrucción' se le filtrasen datos concretos de compras, almuerzos, salidas o viajes" en lo que califican de "rastreo inhumano de sus actividades" tanto políticas como personales, económicas y profesionales.
González intenta desacreditar al comisario Villarejo con los datos de "su vasto capital inmobiliario y societario a todas luces excesivo para un funcionario"
El polémico comisario Villarejo, uno de los protagonista de la llamada 'guerra de comisarios', también tiene un hueco en el escrito del político. Éste pone en duda tanto "la credibilidad" como "los fines" de sus escritos y declaraciones judiciales, y recuerda que es propietario de un "vasto capital inmobiliario y societario que valoran en 16 millones de euros" que considera "a todas luces excesivo para un funcionario público". Junto a este patrimonio, que tilda de "injustificado y sospechoso", Ignacio González recuerda su vinculación con una de las acusaciones populares, la Asociación Transparencia y Justicia, y recalca que la grabación que consta en el sumario de la conversación que él mantuvo con este mando policial y un segundo comisario supuestamente "está manipulada, es parcial [y] no está reproducida en su integridad". Además, la considera "ilegal" e intrascendente al considerar que "su contenido tampoco aporta ninguna luz para la instrucción". Por todo ello, y por lo que considera una falta absoluta de indicios de delito, pide para él y Lourdes Cavero el "sobreseimiento libre".
