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Primer aniversario de la "negligencia" mortal de Cerro Muriano que terminó con la vida de dos soldados

La familia de las víctimas denuncia que fueron muertes "evitables" y ponen el foco en los mandos y la falta de medios y presupuestos

  • Abogado y portavoz de la familia de Carlos León -

A punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba), las últimas valoraciones revelan que fue un suceso absurdo y evitable producto de una negligencia de los mandos militares, pero también, de la insuficiencia de recursos disponibles en un ejercicio extremo. 

El 21 de diciembre de 2023, dos hombres, el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez, murieron ahogados durante un ejercicio de cruce de un pantano a oscuras y con un frío extremo. Los soldados debían cruzar un pantano que llega a tener hasta 2,8 metros de profundidad, con agua a menos de 8 grados Celsius y cargados con un pesado equipo al que se le añadía un lastre adicional de hasta 3 kilos de castigo. 

El ejercicio carecía de cualquier planificación que pudiera haber ayudado a salvar la vida de los dos ahogados y del resto de militares que podrían haber corrido la misma suerte. De hecho, otros dos soldados sufrieron hipotermia grave, uno de ellos incluso requirió maniobras de reanimación.  

Con todo este panorama, la defensa de una de las víctimas, el soldado Carlos León, ha anunciado que pedirá la pena máxima de 12 años de cárcel para los responsables de lo que constituye delitos contra el deber del servicio con resultado de muerte, lo que en derecho civil equivale a un homicidio imprudente. La familia de León acusa la cadena de mando de graves negligencias que resultaron en las dos muertes que podrían haberse evitado "si se hubiera actuado diligentemente".   

"Nunca debieron haber participado en ese ejercicio” 

El proceso está en manos de la Justicia Militar contra seis mandos que en julio fueron señalados como responsables de un ejercicio de entrenamiento militar que “no tenía siquiera que haberse empezado” a realizar, denuncia el suboficial en la reserva del Ejército de Tierra y experto en natación y supervivencia, Luis Bejarano.  

Su testimonio es una rareza en un cuerpo poco acostumbrados a las críticas públicas, máxime en un proceso judicial. Bejarano califica el ejercicio que terminó con la vida de los dos soldados como "un despropósito". "Si no recibieron una instrucción previa, evaluable y continua, nunca debieron haber participado en ese ejercicio. No hay constancia siquiera de que se les preguntara si sabían nadar". 

El proceso se centra ahora en la cadena de mando implicada, el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, quien ordenó y supervisó el ejercicio. Fue este militar quien rebajó según testigos la gravedad de lo sucedido, tratando de normalizar las dos muertes con una frase lapidaria, “son cosas que pasan en la mili”. Juanto a Zúñiga está procesado el teniente Jaime Tato Garrido, que coordinó el ejercicio, el sargento Alejandro Moreno Ruiz de Castroviejo, presente en el desarrollo del ejercicio, aunque en este caso, sí expresó dudas sobre la viabilidad del plan. 

También están siendo procesados escalafones superiores del cuerpo militar como el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y comandante Luis Fernando Velasco Quero, señalados por una supervisión deficiente y el coronel Manuel Navarro González, Imputado por incumplimiento de los deberes inherentes al mando. 

El auto judicial del 29 de julio que señaló a la cadena de mando militar calificó de “planificación tan temeraria” y registra acusaciones graves como la insuficiente evaluación de riesgos y capacidades, la omisión de recursos mínimos de seguridad y la falta de una preparación adecuada para un ejercicio extremo. 

Llamada de atención al Ministerio de Defensa 

La familia de Carlos León, a través de portavoz y defensa han hecho público un llamamiento al Ministerio que dirige Margarita Robles para que un suceso como este no vuelva a suceder. Piden más medios para los cuarteles. 

Los familiares solicita, "dotar de los presupuestos necesarios" y que no aminoren las cuantías "como ha ido ocurriendo en los últimos años". Denuncian que el ejercicio carecía de medios que hubieran salvado la vida de los dos soldados como ambulancias, asistencia médica, zódiacs o material de rescate cualificado, ni helicópteros de evacuación”. 

Si algo de esto hubiera estado a disposición -como marcan los protocolos de seguridad- durante el ejercicio, posiblemente la familia de Carlos León no se vería obligada a pedir ahora justicia. El comunicado recuerda que el soldado era una persona que se caracterizaba por su responsabilidad absoluta, “él tenía los pies en la tierra y ese día no le dejaron tenerlos por cumplir con los egos de determinadas personas”.  

Además, los familiares denunciando que, los dos primeros mandos, Zúñiga y Garrido, permanecieron en sus puestos hasta abril. De hecho, denuncian que los acusados sigan en régimen de laborales, "con permiso de Defensa y sus jefes" sin haber sido retirados definitivamente de sus cargos. El proceso judicial militar deberá ser capaz de desprenderse de cualquier sombra de corporativismo y protección de los mandos uniformados. 

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